Con fuertes críticas de los gremios, la industria y la oposición, el oficialismo apura la ley de envases

El oficialismo apura el tratamiento de una ley que promueve la gestión ecológica de los envases para reducir su impacto sobre el medio ambiente. La iniciativa, que esta semana fue dictaminada y quedó lista para ser tratada en la Cámara de Diputados, es resistida por la oposición, los gremios y las empresas. Advierten que es un "impuestazo encubierto"que generará mayor inflación, desempleo y que busca generar una caja "enorme", para destinar fondos entre "municipios amigos que a su vez la reparten con las organizaciones amigas". El modelo que impulsa el oficialismo se aplicaría en apenas cuatro países; el de la oposición, en la Unión Europea y América latina. Los argumentos.

Apenas pasadas las elecciones de medio término, el oficialismo puso el pie en el acelerador y avanzó con la firma del dictamen -sin incluir a la Comisión de Industria en el debate- para dejar listo el proyecto que podría votarse esta semana en Diputados.  

A grandes rasgos, la iniciativa promueve la gestión de los envases para prevenir y reducir su impacto en el ambiente y en la salud de las personas, así como también, busca promover la responsabilidad de los productores en la gestión.

Uno de los ítems que incluye la iniciativa redactada por el Ejecutivo, y que mayores cuestionamientos recibe por parte de Juntos por el Cambio, es la creación de una tasa ambiental que deberán afrontar los productores responsables de los envases puestos en el mercado para la generación de un sistema propio de recolección y reutilización. Esa tasa sería de hasta el 3%.

Con lo recaudado se crearía un fideicomiso administrado por la banca pública "para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño".

Una alquimia

La iniciativa viene siendo fuertemente cuestionada por las empresas. Desde la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) emitieron un duro comunicado en el que definieron a la medida como "anacrónica", al tiempo que afirmaron que "genera una mayor carga tributaria al tejido productivo, sin una clara contraprestación por los fondos que generaría".

Asimismo, la AmCham planteó que "alarma que el proyecto no permita a los sujetos obligados optar con claridad por sistemas locales de gestión implementados y financiados por el sector privado, bajo el control y la supervisión de la autoridad de aplicación".

Otra crítica que hicieron sobre la iniciativa es que el cálculo de la tasa ambiental, que se basa en el precio de venta o en el peso del material, "sin tener en consideración el costo asociado al sistema de gestión propiamente dicho, y lo que es peor, cuya administración recae en un fidecomiso administrado por el Estado, sin pautas claras de asignación, en especial, en un modelo de tratamiento de los residuos de carácter federal".

Hecho este planteo, desde la cámara señalan que son "varios" los sectores que solicitan la conformación de un ente mixto público-privado con representación pública pero también de los productores y recuperadores, los fabricantes de envases y la sociedad civil.

En tanto, en el comunicado señalaron la "debilidad constitucional" del texto, porque vulnera derechos de las provincias, al crear una caja gestionada por un fideicomiso de administración 100% público. 

Para la AmCham se trata de "una alquimia que lamentablemente se ha hecho habitual en la práctica legislativa, y otorga a la Nación potestades discrecionales para distribuir dineros públicos a actores municipales y sociales, pasando por encima de las autoridades provinciales, y alejándose de los parámetros más elementales en materia de ética y transparencia".

¿Qué proponen? Que la norma establezca la responsabilidad extendida y compartida del productor, fije metas graduales de recupero a nivel nacional, diferenciales por tipo de material y que incentive a los sujetos obligados a organizarse para alcanzar las metas un tiempo razonable y progresivo de implementación. 

El Estado, en tanto, consideran que debería limitarse a autorizar y controlar los sistemas implementados y, en caso de que las metas no se lograsen o se incumpliesen aplicar multas y sanciones o bien, forzar su inclusión en el sistema público de gestión a "costo razonable y transparente".

La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol también hizo sus planteos durante el tratamiento en comisión. Florencia Canzonieri, directora Ejecutiva de esa cámara planteó: "No estamos de acuerdo en crear un nuevo tributo, ni nos parece que los fondos los maneje exclusivamente el Estado, sí con una administración mixta".

desempleo

La Federación Argentina de Trabajadores de Aguas, Gaseosas y Afines (Fataga) también salió a cuestionar la medida. "Los trabajadores de Fataga adhieren a los esquemas de reciclaje inclusivo, pero advierten que la tasa que se quiere aplicar para financiar esa actividad redundará en mayores costos de producción e inevitables incrementos de precios".

"El cálculo es sencillo porque aplicando una nueva tasa a nuestra actividad, crecerán los precios y proporcionalmente la inflación; caerán aún más las ventas y eso generará tensiones sobre la masa crítica de mano de obra. Es decir, si esto se aprueba, también habrá mayor desocupación", sentenció el secretario general de la federación, Raúl Álvarez. 

Impuestazo

Desde la oposición también hicieron fuertes críticas a la iniciativa que podría votarse esta semana en Diputados. El objetivo del oficialismo, dicen, es sancionarla en el Senado antes del 10 de diciembre, cuando el Frente de Todos deje de contar con mayoría propia.

En diálogo con El Cronista, el diputado Gustavo Menna, autor del dictamen de minoría que se despachó en comisión, y que fue acompañado por la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño, cuestionó con dureza la medida. "Quieren generar una caja enorme. Con eso le dan a los municipios amigos que a su vez la reparten con las organizaciones amigas", planteó el radical.

El radical señaló que el proyecto redactado por el Ejecutivo "no hay un criterio para determinar la tasa siquiera. Lo único que hay es un tope del 3%". Y señaló que esto viola el principio de legalidad porque "termina determinando la tasa ni siquiera el Poder Ejecutivo, sino la autoridad de aplicación, algo subalterno al Poder Ejecutivo". 

En tanto, el diputado recalcó que "tampoco está claro cómo se distribuye" el dinero recaudado a partir de esa tasa. "En teoría, va a los municipios", pero recalcó que se desconoce "en función de qué y qué va a pasar con los municipios que no tengan recuperadores". Y remató: "Es una cosa totalmente etérea".

Al mismo tiempo, consideró que es una norma "para nada federal". Es que, señaló que la mayoría de las ciudades del país no tienen recicladores o recuperadores urbanos. 

"Ese es un fenómeno muy AMBA, a lo sumo, de las ciudades grandes como Rosario, Córdoba o Mendoza". Y puso como ejemplo Comodoro Rivadavia. "Es una ciudad de más de 300 mil habitantes y no tenemos cooperativas de esto", planteó el chubutense, para luego preguntarse quién podría hacer bajo este régimen el trabajo.

Sobre el capítulo destinado a mejorar las condiciones laborales de los recicladores urbanos, Menna planteó que "tampoco les resuelve nada, porque dice retóricamente el proyecto que tienen derechos, pero no les dan ni una ART".

Menna propone el paradigma de la Responsabilidad Extendida del Productor que rige en toda América latina y en Europa, salvo Hungría que ahora también deberá ir por esta vía. En pocas palabras, establece que aquel que genera los envases debe contar con un plan de gestión del reciclado, que debe ser aprobado por una autoridad ambiental, que luego fiscaliza su cumplimiento. Es decir, lo mismo que propone la AmCham. 

El diputado contrapuso esta propuesta con la del FdT que, básicamente, es que el productor pague la tasa y que el Estado le pase lo recaudado a los municipios para que gestionen los envases. "Lo que va a terminar es usándose en cualquier cosa, dándole a los municipios amigos, bancando organizaciones sociales, y el ambiente, bien gracias".

En tanto, diputado Luciano Laspina (PRO), durante el tratamiento en comisión, advirtió que "este momento es sumamente desacertado para establecer esta tasa de hasta el 3%", al tiempo que subrayó que se trata de "un impuestazo encubierto".

"Subir el precio de bebidas o alimentos en una Argentina pauperizada, con inflación galopante, me parece de una desproporción peligrosa", advirtió el diputado ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, al tiempo que insistió: "Es un impuesto y no una tasa de asignación específica de supuesto reciclado que va a concentrar el Estado nacional, casi sin participación de las provincias. Muy pocos países del mundo aplican una tasa como este proyecto, los demás países tienen un sistema de gestión público-privada".

De acuerdo al diputado, apenas cuatro países siguen el modelo que impulsa el Gobierno: Hungría, Sudáfrica, Rusia y Ecuador. El primero, como señaló Menna, se adecuaría al resto de los países de Europa. El resto de los países, en cambio, tienen esquemas asociativos público - privado. 

Según los cálculos que cita Laspina, se podrían recaudar unos $ 120.000 millones por cada punto que aplique esta tasa.

La tasa no es impuesto

Ante los planteos de JxC y el sector empresarial, desde el Frente de Todos salieron a aclarar a través de un comunicado que "una tasa no es un impuesto, es el pago que se realiza por un servicio. Si estamos de acuerdo que el servicio de reciclado de envases es una necesidad, y es difícil pensar que alguien pueda poner en duda lo imprescindible que es promover la reutilización de los envases e ir hacia una economía circular, eso tiene un costo que debe ser financiado".

Asimismo, aclararon que "todas las proyecciones y modelos indican que el impacto de la implementación de la tasa se mantendrá por debajo del 0,8% de la Canasta Básica".

A propósito de la "discrecionalidad" sobre la que alertan desde la oposición, el oficialismo recalcó que el dinero del fideicomiso "será destinado a los gobiernos municipales, no se entregará de forma directa a las cooperativas de cartoneros y cartoneras".

Al mismo tiempo, recalcaron que los municipios podrán recibir esos fondos "solo si presentan un detallado plan de abordaje integral de gestión de residuos y rinden cuentas de cómo administrarán esos fondos".

Por último, dejaron en claro que las empresas tienen una alternativa a pagar la Tasa Ambiental: generar envases retornables y ocuparse del depósito, devolución y retorno. 

El ministro de medioambiente Juan Cabandié salió a defender la medida y, al referirse a la tasa de hasta el 3% aseguró: "Se trata de un principio que aplican las naciones más desarrolladas".

El presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, Leonardo Grosso, aseguró que la ley será aprobada "en la próxima sesión, aunque algunos sigan más preocupados por los intereses de las industrias que por los intereses de los argentinos y argentinas".