Violencia narco: con críticas a Cristina, avanza el refuerzo de la Justicia en Santa Fe

Tras el ataque a la familia política de Lionel Messi en Rosario, Diputados tomó cartas en el asunto y dictaminó un proyecto de ley que busca apuntalar la Justicia federal en la provincia de Santa Fe. Pero tanto oficialismo como oposición reconocieron que los alcances de la iniciativa serán limitados y de largo aliento. La oposición apuntó directamente contra la titular del Senado, Cristina Kirchner, por paralizar la implementación del Código Procesal Penal, que aceleraría los procesos judiciales en un 50%.

"Esto es responsabilidad de la presidenta del Senado Cristina Fernández de Kirchner", planteó el diputado por Santa Fe, Enrique Estévez. El socialista acusó a la titular del Senado de bloquear la integración de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal, aquella que debe ponerle fecha y hora a la implementación de ese nuevo código, en las regiones de Santa Fe y Mendoza.

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Ese cuerpo de trabajo no se constituye desde que cambió la composición del Congreso, en diciembre de 2021, pese a que Diputados ya elevó sus nombres en junio del año pasado y, días más tarde, hicieron lo mismo los senadores de Juntos por el Cambio. No así el oficialismo. De allí las acusaciones contra la Vice.

Frente a esta parálisis, días atrás, el oficialista Roberto Mirabella, mano derecha del gobernador Omar Perotti y uno de los que más presionó para que el debate del proyecto de fortalecimiento de la Justicia federal en Santa Fe se ponga en marcha, acompañó un proyecto de ley de los radicales Fernando Carbajal y Juan Martín, que busca ponerle una fecha tope a la implementación del código.

En consonancia con las acusaciones del socialista se expresaron varios diputados, que apuntaron directamente contra la Vicepresidenta por paralizar la implementación del sistema acusatorio -para dejar atrás el sistema inquisitorio que rige actualmente. 

"Los juicios duran 60, 90 días", remarcó el diputado del PRO, Pablo Tonelli, al poner sobre la mesa las ventajas del código procesal que ya se puso en marcha en Salta y Jujuy. Únicas dos regiones en las que rige desde su sanción, en el año 2014.

De paso, el porteño recordó que hay 10 vacantes en la Justicia Federal de Santa Fe, de las cuales, solo tres están en el Consejo de la Magistratura. "Las otras siete están en el Poder Ejecutivo o en el Senado". Dos de ellas, se encuentran sobre el escritorio de Alberto Fernández y las cinco restantes, listas para ser votadas en el Senado, que no sesiona desde noviembre del año pasado.

Ahora bien, ¿por qué el oficialismo no integra la bicameral que sería la llave para agilizar los procesos judiciales en Santa Fe? La respuesta de un importante diputado del oficialismo fue contundente: "No confío en los fiscales".

Con la puesta en marcha del código, la investigación recaerá en manos de los fiscales, y no de los jueces. Esa misma fuente planteó que apurar la implementación del nuevo código es no entender lo que sucede actualmente en Rosario. La avanzada del narcotráfico, interpretó, responde a la "anuencia entre la ‘cana' y la justicia". Y planteó que "se necesitan controles cruzados y que nadie tenga más poder".

La Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal no se constituye desde el recambio legislativo de diciembre de 2021.  Es la que debe poner fecha al inicio de la nueva normativa en la provincia de Santa Fe

"Que Casal no les tape el bosque", dijo una fuente parlamentaria del propio oficialismo al ser consultada sobre esa postura. Se refería al procurador general interino, Eduardo Casal, enemigo declarado de la Vicepresidenta, Cristina Kichner, que sigue en su cargo mientras el pliego de Daniel Rafecas, enviado por el Presidente Alberto Fernández duerme en el Senado desde hace tres años. Juntos por el Cambio ya avisó que si el pliego se somete a votación, ellos lo acompañarán. 

"Sería muy importante tener una explicación, porque así corresponde, de por qué no se constituye la bicameral", fue el planteo que hizo Estévez, que al mismo tiempo planteó que "tiene que haber una explicación pública de por qué no se elige el Procurador General". 

Asimismo, el rosarino advirtió: "Nosotros no vamos a poder combatir el narcotráfico si nuestras instituciones no son transparentes, si no cumplimos con nuestras responsabilidades ni rendimos cuentas".

"En estos tres o cuatro días se hicieron más anuncios que en los últimos 10 años", cerró Estévez luego de los anuncios que hizo el primer mandatario para hacerle frente al narcotráfico en Santa Fe. Y señaló que eso responde a la balacera que sufrió el supermercado de la familia del futbolista Lionel Messi la semana pasada. "Si no, nosotros no teníamos ni noticia", remató.

El proyecto en cuestión fue presentado en mayo del año pasado y apenas se trató en una reunión informativa en noviembre pasado. Fue luego de conocerse la noticia que dio vueltas por los portales de todo el mundo que el titular de la comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade convocó al plenario de comisiones para dictaminar, finalmente, el proyecto que lleva la firma de todos los diputados de Santa Fe, excepto la de la integrante del bloque de la Coalición Cívica, Laura Castets.

Bajas expectativas

"El proyecto va en la perspectiva de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que data de 2014 y que, hasta ahora, solo rige en Salta y Jujuy", repasó el santafesino Mirabella al defender los principales lineamientos del texto y añadió: "Estamos ansiosos de que se ponga en marcha en mi provincia".

De todas maneras, el diputado del Frente de Todos reconoció que "con este proyecto no va a venir la solución mágica". Es que los nombramientos de los 50 cargos que crea el proyecto en cuestión pueden llevar años. Depende, como todo nombramiento, de voluntad política.

"Este es un tema de mediano y largo plazo", advirtió el radical Juan Martín, el mismo que logró poner contra las cuerdas al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y que mañana deberá responder preguntas ante la comisión de Seguridad Interior.

En consonancia con estos planteos, Estévez trató de ponerle una fecha límite al asunto. "Lo que corresponde a nuestra voluntad política es que nosotros, la semana que viene, convoquemos y participemos de la Comisión de Presupuesto".

Tras la firma del dictamen por parte de las comisiones de Justicia y Legislación Penal, deberá ser la de Presupuesto y Hacienda la que deberá firmarlo para que quede listo para ser llevado al recinto. 

De la mano con que lo que plantea el proyecto de Mirabella, Carbajal y Martín, el socialista pidió que se le ponga fecha límite a implemente del sistema acusatorio en su provincia.

Tras la firma del dictamen por parte de las dos comisiones, el texto quedó en manos de Presupuesto y Hacienda. Pero deberá esperar "unos 10 días", según estimaron desde el oficialismo, para poder debatir el texto en comisión y dejarlo listo para llevarlo al recinto. Es que antes se debe calcular los costos que tendrá la implementación del proyecto. 

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Qué dice el proyecto

La iniciativa fue dictaminada gracias al acompañamiento de los diputados de las diferentes fuerzas políticas que integran las comisiones de Justicia y Legislación Penal, luego de que se introdujeran una serie de cambios en el número de cargos que se crean.

Propone crear 27 fiscalías, 15 de ellas en Rosario; seis jueces de garantías, nueve cargos de defensores, seis jueces con funciones de garantías, seis jueces con funciones de revisión y dos jueces con funciones de juicio y ejecución.

La presentación de la iniciativa cerró "la grieta", entre otros motivos, porque la estructura de la Justicia Federal en Santa Fe permanece intacta desde hace 40 años. A las vacancias que siguen sin suplirse desde hace años, se le suma que en las últimas décadas no se crearon nuevos juzgados ni fiscalías.