Luego de la divulgación de cargos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la cúpula del poder en el estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura que combina apertura condicionada y defensa de la soberanía. En un comunicado leído durante su conferencia de prensa de este jueves 30 de abril, Sheinbaum señaló que, en caso de que existan “pruebas contundentes e irrefutables” conforme a la legislación mexicana, su gobierno actuará en consecuencia. Sin embargo, advirtió que, en ausencia de evidencia clara, las imputaciones podrían tener un trasfondo político. De acuerdo con Sheinbaum, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió la noche del 28 de abril diez solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Un día después, el 29 de abril, la dependencia turnó la documentación a la Fiscalía General de la República (FGR), conforme al marco legal vigente, para evaluar la procedencia de dichas solicitudes. Ese mismo día, al mediodía, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, hizo pública una acusación contra los diez ciudadanos mexicanos. Entre los señalados figuran Rocha Moya, el senador por Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega: exsecretario de Administración y Finanzas del estado Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, subfiscal general; y el alcalde de la capital Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, dijo Sheinbaum, al tiempo que subrayó que México no permitirá “intromisión o injerencia de un gobierno extranjero” en decisiones que corresponden exclusivamente a sus instituciones. La acusación estadounidense que vincula a Rocha Moya con presuntos nexos con el narcotráfico marcó un hecho inédito por involucrar a un gobernador en funciones. Al difundirse la acusación por parte del Departamento de Justicia de EE.UU., Rocha Moya y el senador Inzunza Cázarez se deslindaron de las imputaciones en el mismo tono que la administración federal: de “golpeteo político al proyecto de la Cuarta Transformación. La propia SRE insistió en la falta de pruebas en las solicitudes de extradición a pesar de que el gobierno estadounidense difundió un documento de 34 páginas con los argumentos, incluyendo puntos en los que acusa a los imputados de colaborar con el Cártel de Sinaloa y de aceptar su ayuda en procesos electorales desde hace años. En el análisis público, el caso ha sido interpretado como un punto de inflexión en la relación bilateral. El periodista Raymundo Riva Palacio advirtió que el episodio representa una ruptura con dinámicas previas de cooperación: “La bomba explotó en Sinaloa”, escribió, al referirse al impacto político de las acusaciones y a sus posibles efectos en la estabilidad regional. Por otro lado, el abogado León Barrena Rodríguez sostuvo que la exigencia presidencial de pruebas “no es una defensa del estado de derecho o la soberanía mexicana, sino una súplica desesperada por tiempo que no tiene”, en un contexto que, según su análisis, combina presión externa de Estados Unidos con tensiones internas dentro de la clase política.