El Senado de la Nación tiene en agenda uno de los debates más esperados y controvertidos del año, después de la Reforma laboral y la Ley de Glaciares. Se trata de la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil, cuya pieza central es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y motorizada por la senadora Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 12 de febrero pasado con 149 votos afirmativos y 100 negativos. La votación en la Cámara Alta promete ser igualmente intensa. El gobierno de Javier Milei incluyó la reforma del Régimen Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias luego del asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente apuñalado por tres menores en Santa Fe. El caso conmocionó a la opinión pública y aceleró un debate que llevaba casi un año frenado en el Congreso. La norma vigente data de 1980, sancionada durante la última dictadura cívico-militar, y el oficialismo argumenta que resulta completamente desfasada respecto de la realidad actual. El núcleo de la reforma es la reducción de la edad mínima de punibilidad de 16 a 14 años. Bajo el esquema actual, un menor de 16 años que cometa cualquier delito no puede ser imputado penalmente. El nuevo régimen establece que los jóvenes de entre 14 y 18 años podrán ser penalmente responsables, aunque con escalas y condiciones específicas según su edad. Los menores de 14 años quedan expresamente excluidos del sistema penal y deberán ser derivados a los organismos de protección integral de la niñez. El proyecto no trata a todos los menores de la misma manera: introduce una escala de responsabilidad graduada. Para los adolescentes de 14 años, la pena prevista para el delito se reduce a la mitad, tanto en su mínimo como en su máximo. Para los de 15 años, la reducción es de un tercio. Sin embargo, a partir de los 16 y 17 años, no rige ninguna reducción de escala, aunque se mantiene el límite máximo establecido por el régimen especial, que prohíbe las condenas a perpetua. La reforma fija un tope de 15 años de prisión para adolescentes condenados por los delitos más graves. Por este motivo, la prisión efectiva solo podrá aplicarse en casos donde la escala penal del delito supere los 10 años. En tanto, para infracciones de menor gravedad, el proyecto contempla un abanico de sanciones alternativas: servicios comunitarios, prohibición de acercamiento a la víctima, medidas de reparación del daño, entre otras. El objetivo declarado es reservar la privación de libertad para los casos más serios. Uno de los puntos más enfatizados por los impulsores de la norma es que los menores no serán alojados junto a adultos. El proyecto establece la creación de institutos especializados y separados del sistema penitenciario común. Asimismo, prohíbe expresamente los castigos físicos y el aislamiento. Quizás el punto más relevante en términos de reinserción es que, al cumplir la mayoría de edad, los antecedentes penales generados durante la minoría quedarán eliminados, con el fin de no condicionar el futuro del joven una vez adulto. En la Cámara baja, la iniciativa fue respaldada por La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas, Innovación Federal, Encuentro Federal y varios bloques provinciales. El peronismo kirchnerista y la izquierda votaron en bloque en contra. El Frente Renovador, que históricamente había impulsado la baja de imputabilidad en 2015, terminó rechazando el proyecto por diferencias de procedimiento. En el Senado, el oficialismo apuesta a replicar esa mayoría, aunque los números son más ajustados en la Cámara alta. Las encuestas muestran un apoyo sostenido y creciente de la ciudadanía a la medida. Según un relevamiento de la consultora Pulso Research realizado en febrero de 2026, el 72,1% de los consultados se manifestó a favor de reducir la edad de imputabilidad, el punto más alto desde que se comenzó a medir la cuestión. Pese a ello, organismos de derechos de la niñez, juristas especializados y sectores de la oposición advierten que bajar la edad sin políticas paralelas de prevención, educación y reinserción puede resultar contraproducente. “El derecho penal llega tarde; es el castigo, no la prevención”, señaló en las comisiones del Senado el legislador radical Eduardo Vischi, quien aun así respaldó el texto. Por su parte, el diputado Juan Grabois fue aún más allá con una postura un tanto más tajante: “La edad la pueden bajar a los cero años. No es un problema de bajar o no bajar la edad”, y reclamó enfocarse en salud mental y consumos problemáticos. El debate en el Senado promete ser otro capítulo caliente del año legislativo. Si la Cámara Alta aprueba el texto sin modificaciones, el proyecto se convierte en ley. Si introduce cambios, deberá volver a Diputados para una nueva votación, tal como ocurrió con la Reforma Laboral.