El gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto para cambiar la ley de financiamiento universitario que ya había generado un fuerte conflicto político. La iniciativa modifica cómo se actualizan los presupuestos y los salarios, reabre la disputa con docentes y pone otra vez en debate cuánto puede gastar el Estado sin comprometer el equilibrio fiscal.
El regulador del mercado de capitales reemplazar el sistema de aprobación previa por un modelo basado en la presentación de información. La nueva normativa contempla la tokenización de los activos y exige más rigurosidad a estudios jurídicos y contables