En el Ministerio de Seguridad había un proyecto que estaba ejecutado en más del 90% y quedaba un saldo por pagar del orden de los u$s 5 millones para completarlo. De golpe, los proveedores que debían cobrar advirtieron que no estaban recibiendo el dinero correspondiente y avisaron a los funcionarios del área. En la Dirección General Administrativa chequearon y la sorpresa fue total: los fondos habían “desaparecido” de la cuenta en la que el Ministerio de Economía les transfiere las partidas. “Nos aspiraron, sin avisarnos, por orden de Caputo, fondos que ya estaban con la asignación concreta”, se quejó un técnico de alto rango que responde por el programa. “Pero nos dijeron que se trata de una orden generalizada a todos las dependencias del Estado”, explicaron fuentes al tanto de la operatoria de las contrataciones de la cartera que encabeza Alejandra Monteoliva. La novedad surcó todo el Poder Ejecutivo el viernes pasado, pero finalmente tuvo su explicación hoy, cuando se conoció la decisión administrativa 20/2026, a partir de la cual se decidió recortar unos $ 2,5 billones mediante la reasignación de partidas, en una decisión por el equivalente al 1,6% del presupuesto nacional. El propio Luis Caputo firmó la medida junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que en medio de la crisis política desatada por su nivel de gastos versus sus ingresos, rubricó una decisión polémica ya que concentra los ajustes en las áreas ligadas a la educación y la cultura en vísperas de una nueva marcha en reclamo de fondos para las universidades, además de otras áreas sensibles ligadas a la salud. El objetivo de la medida es ajustar en un 2% los gastos discrecionales para sostener las metas de superávit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional, del orden de los $ 3,2 billones. Con el freno de la actividad económica de los últimos tres trimestres, la recaudación viene sufriendo caídas en términos reales hace casi 10 meses, también en línea con la decisión oficial de bajar impuestos. De esta forma, si no mejoran los ingresos, la Casa Rosada aplica reducciones de forma tal de sostener el resultado positivo en las cuentas públicas, que es el corazón de la gestión de Javier Milei y su respuesta a todo. “No hubo notificación, ayer tenían la plata y hoy no la tenían, entonces se llamó a Economía y les dijeron que sí, que era parte central del plan antiinflacionario mantener el superávit y por eso se habían quitado los fondos”, se lamentaba un funcionario de Seguridad. Tuvo que explicar en su cartera por qué se había tenido que frenar pagos ya comprometidos. Y por ende, congelar actividades. El Ministerio de Seguridad tuvo un recorte de $ 34.000 millones pero no fue de los más significativos. El ajuste más importante fue el ligado a la partida “Otras asistencias financieras”, que profundiza la baja de subsidios económicos y supone una merma de unos $1,47 billones. También el programa de Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía sufrió un recorte de unos $ 359.497 millones. La decisión de achicar el gasto no tuvo contemplaciones de ningún tipo. En el Ministerio de Salud, se recortaron $ 63.000 millones del programa de Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer. También cortaron $500 millones del Programa de Prevención de Enfermedades Transmisibles. En Capital Humano, el área de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía tuvo una merma de $55.000 millones. El Gobierno decidió activar los nuevos recortes presupuestarios que incluyen el área de educación en las vísperas de una nueva Marcha Federal Universitaria que justamente reclama por el cumplimiento de una ley de financiamiento. El Congreso la había aprobado para paliar la caída de los salarios del personal docente y la falta de actualización en los gastos de funcionamiento. En rigor, por orden del Presidente se suprimió casi $ 79.000 millones en programas de la Secretaría de Educación. Según figura en los anexos, el principal impacto lo tuvo el “Plan Nacional de Alfabetización”, la política pública anunciada por el titular del área, Carlos Torrendell. Le aspiraron unos $ 35.200 millones. Es posible que los gobernadores levanten la voz porque se afectaron concretamente las transferencias ligadas a este programa. El Poder Ejecutivo también cortó el “Fondo de Compensación Salarial Docente” por casi $ 9.000 millones. Se trata de un programa que buscaba equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales. Y además, se frenaron transferencias para obras en universidades nacionales por $ 5000 millones. A todo esto, Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, la dependencia de donde cuelga Educación, publicó una foto con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. “Trabajando por todas las universidades del país”, reza el tuit oficial. De acuerdo con un reporte de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en total se reduce el gasto para 211 programas por un total de $ 2,8 billones mientras que se incrementan las erogaciones para 15 programas por $ 372.000 millones. La novedad llega en momentos donde el Gobierno está exultante por la baja de riesgo país a menos de 500 puntos básicos luego de una mejora en la calificación de la agencia Fitch Ratings, que lo acerca a una eventual vuelta a los mercados de deuda. Las advertencias, sin embargo, de diversos economistas es hasta qué punto puede ser socialmente sostenible la reducción permanente del gasto público para sostener el superávit si la recaudación no repunta.