El Senado buscará avanzar con la firma de dictamen de un paquete de iniciativas vinculadas al régimen de armas de fuego, en el marco de un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales. El oficialismo apunta a llevar el tema al recinto en la primera semana de mayo, con el objetivo de convertir en ley un proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados. La propuesta impulsada por La Libertad Avanza combina dos ejes: por un lado, un régimen de regularización de la tenencia de armas de fuego y, por otro, la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y Municiones para su destrucción. El proyecto de regularización —enviado por el Poder Ejecutivo en 2024— establece un mecanismo para “blanquear” armas de uso civil o de uso civil condicional que no cuenten con la debida registración o que hayan quedado en situación irregular. Según el texto aprobado por Diputados, quienes posean este tipo de armamento deberán presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) dentro de un plazo de 360 días desde la entrada en vigencia de la ley, a fin de obtener la autorización correspondiente. La iniciativa contempla un procedimiento simplificado, que podrá realizarse de forma virtual, para declarar el arma y regularizar su situación. Además, si el usuario renueva su credencial de legítimo usuario dentro de los 90 días previos a su vencimiento, no deberá volver a acreditar idoneidad en el manejo. Una vez cumplidas las verificaciones técnicas y registrales, los datos del arma y de su poseedor serán incorporados al Banco Nacional Informatizado de Datos que administra el organismo de control . Otro punto central es que el proyecto establece una exención de sanción penal para quienes se presenten voluntariamente a regularizar armas que hasta ese momento se encontraban en situación ilegal, siempre que no exista imputación judicial previa. Este criterio también se extiende a las faltas administrativas vinculadas a la tenencia. En paralelo, el texto incluye la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, una política pública creada en 2006 con el objetivo de reducir la circulación de armamento en la sociedad civil. La propuesta fija un nuevo plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, retomando un esquema que permite la entrega anónima y voluntaria de armas y municiones a cambio de un incentivo económico. El programa, que no es permanente y requiere renovaciones legislativas periódicas, había quedado sin vigencia tras el vencimiento de su última prórroga a fines de 2023. De acuerdo con antecedentes parlamentarios, desde su creación permitió la inutilización de más de 200.000 armas y millones de municiones, contribuyendo a la reducción del circulante en manos civiles. El mecanismo prevé que, una vez entregada el arma, esta sea inutilizada en el acto y posteriormente destruida en instalaciones habilitadas, sin consecuencias legales para el tenedor. Además, el sistema permite detectar armas con pedido de secuestro, que quedan a disposición de la Justicia. Desde el oficialismo sostienen que la combinación de ambas herramientas —regularización y desarme voluntario— permitirá ordenar el universo de armas en circulación, mejorar los controles y, al mismo tiempo, ofrecer una vía legal tanto para quienes deseen registrar su situación como para aquellos que opten por desprenderse del armamento. La discusión en el Senado no está exenta de cuestionamientos. Sectores de la oposición han planteado reparos a la unificación de ambos temas en un solo proyecto, al considerar que la prórroga del plan de desarme podría avanzar por separado. Sin embargo, el oficialismo busca consolidar un esquema integral que abarque tanto la registración como la reducción del stock de armas en manos de particulares.