Las medidas que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, para el sector más golpeado por el modelo económico en la 32 Conferencia Industrial recibieron aplausos en el auditorio, pero no alimentó la euforia del sector. La preocupación se centra en la demanda interna.
“Es un gesto de que se acercan a la industria”, dijo a El Cronista el representante de una de las grandes empresas argentinas. Sobre posibles efectos, una empresaria que lidera una empresa en expansión planteó que dependerá de la velocidad con la que se implementen algunas de las medidas anunciadas, en particular la suspensión de los embargos.
De las cinco medidas anunciadas, la suspensión de los embargos hasta mayo de 2027 se llevó todos los halagos. Este es uno de los principales problemas que tensionan, sobre todo, a las pymes del sector. Según datos del Observatorio Pyme, una de cada siete sufrió inhabilitación de todas sus cuentas y se vieron forzadas a descontar cheques con pérdidas de hasta el 20% para conseguir fondos.
Una de las principales dudas que generaba este evento era la celeridad de su aplicación. Esta mañana, ARCA oficializó la suspensión de los embargos hasta junio y ejecuciones fiscales a Pymes.
La extensión del plan de 18 cuotas de las deudas con ARCA que vencían el 30 de junio hasta al 31 de octubre también fue tomada como un guiño, aunque el pedido se centra en una mayor consideración del ente recaudador ante demoras, y a una mayor flexibilización del uso de saldos a favor (hoy el Gobierno autorizó el uso de saldos a favor por exportación o IVA de exportación para saldar deudas con Aduana). El sector esperaba una mayor celeridad para el uso de los saldos generales.
En tanto la línea del Banco Nación con tasa fija para autos sembró expectativas en el sector, que atraviesa siete meses seguidos de caída en las ventas, con un desplome marcado en las marcas de fabricación nacional.
“Tasa fija es la clave”, planteó una empresaria del conurbano bonaerense que ve en el costo del financiamiento el principal obstáculo para extender la supervivencia de la pyme asociada a la construcción, porque descarta una fase de crecimiento para su rubro. No sólo en financiamiento a las empresas, sino también para los créditos hipotecarios. Según consideró, la demanda también se frena ante el temor de una posible volatilidad cambiaria.
Incluso las grandes empresas del rubro omitieron las expectativas de una recuperación difundida, aún a pesar de las licitaciones viales. Es que el freno de la obra pública explica solo el 20% del total de la caída del sector, mientras que el resto se vincula a la parálisis de las obras privadas. Las medidas para los desarrollistas se tradujeron en un alivio que recortó un 5% la caída del sector respecto del 2023.
“No es suficiente para empujar la demanda”, agregó un empresario de la industria pesada. Un textil se sumó al planteo. Desde rubros distintos, compartieron la apreciación de que la definición viene por el lado del mercado interno, ya sea como causa de la reactivación o como efecto, pero que es el jugador determinante.
Para ello, plantean que el Gobierno debería sacrificar algo de inflación para incentivar el consumo y extender la supervivencia de muchas empresas que, aún a pesar de carecer de escala, avanzan en distintas reconversiones productivas. Muchas de ellas se volcaron a las Rondas RIGI en busca de una ventana de oportunidad para llegar a 2027 y entrar en una nueva fase de negocios. Algunas de ellas también plantearon que el descalce de los tiempos les genera inconvenientes, que con menores costos de financiamiento podrían sortear.
La otra dificultad la plantearon los sectores que son más intensivos en mano de obra. El alivio que dicen necesitar viene de la mano de una baja de las cargas patronales para los empleados existentes. Una especialista en el mundo del empleo desde las empresas planteó que la reforma laboral y el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) se aplicó principalmente en empresas con alta informalidad, o que tenían contrataciones 50/50 (mitad formal, mitad informal), mientras que para los que tenían los contratos en regla, el efecto fue acotado. Una medida que implique la baja de las cargas tributarias no tendría el rechazo de las centrales gremiales, pero si se traduciría en un golpe a la recaudación, que hoy tiene los aportes y contribuciones a la seguridad social como el tercer tributo que más aporta a las arcas estatales.
El presidente de la UIA, Martín Rappallini, explicó en el cierre de la Conferencia que no compiten solo las empresas, sino también “los sistemas económicos” y pidió “acercar las condiciones de producción de la Argentina a las de nuestros competidores regionales” con un mecanismo como el presentado por la cámara, conocido como RIGI Industrial.
