Por rubro y zona

AFIP suma controles por trata de personas y explotación laboral: el mapeo y los casos detectados

El mapa productivo busca evitar la trata y explotación laboral. La cosecha de papas y la horticultura son las ramas donde se detectaron más situaciones con indicios de explotación laboral, con el 20%, seguidas por el rubro textil, con el 14%, según datos de AFIP.

 En los últimos dos años se registraron casi 1000 casos de explotación laboral según los datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), un trabajo a cargo de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social.

  La cosecha de papas y la horticultura, cada una con el 20% de los casos, son las ramas productivas en las que se detectaron más situaciones con indicios de explotación laboral, seguidas por el rubro textil, con el 14%.  

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"En el siglo XXI, no puede existir trata laboral en la Argentina", sostuvo el titular de AFIP Carlos Castagneto sobre los resultados del área de Coordinación contra el Trabajo Ilegal, sector que busca centralizar y coordinar acciones federales en la lucha contra la explotación laboral, la reducción a la servidumbre, la explotación infantil y la contratación de personas con situaciones migratorias irregulares

Se registraron 920 casos registrados, de los cuales el 85% de las víctimas son hombres, en tanto que el 57% de los empleadores o tratantes, también son hombres.  Hubo 56 operativos donde se inspeccionaron a 110 contribuyentes.

Por zona geográfica, la provincia de Buenos Aires registró el 47% de los casos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16% y Córdoba el 10%.  

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"Nosotros tenemos mapas de cosecha y de siembra este durante todo el año. El mapa productivo plantea en qué meses y en qué zonas están las cosechas, por ejemplo, de ciruelas, ajo, cebollas, papas, caña de azúcar. Hay infinidad de casos de trata y explotación laboral", detalló Castagneto a El Cronista

personas en condiciones infrahumanas

Cuando se detectan los casos, interviene el Comité de trata que está en Jefatura de gabinete y Seguridad Social. "Se hace un trabajo de investigación previa y de recorrido de los lugares donde hemos encontrado y no perdonamos que haya una persona trabajando en condiciones infrahumanas. Hemos encontrado gente que este no sabe dónde está. A veces están con la familia y hay chicos también", relató.

 "La experiencia nos dice que quienes incumplen las normas laborales son los mismos que no cumplen con las obligaciones impositivas o aduaneras. Además de los controles, buscamos preservar los derechos de las trabajadoras y trabajadores", aseguró por su parte Mara Ruiz Malec, ministra de Trabajo bonaerense. 

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  "Encontramos sectores donde pagan 20.000 pesos", reconoció el Administrador. Por eso el Gobierno establece ingresos mínimos de trabajadores. "Ya tenemos más de 90 IMT", detalló y aseguró que se busca dialogar con los empleadores pero si hay resistencia, se aplican los índices. "También la tecnología va cambiando la cantidad de recursos humanos", agregó Castagneto sobre los puntos a tener en cuenta.  

El 53% de las denuncias es por trata de personas. En el 24% de los casos hay reducción a la servidumbre y en un 13% explotación infantil. También se denunció la contratación de irregular de personas migrantes, que alcanza el 10% de los casos, detalla el análisis de AFIP.

"Cuando detecta una familia, por ejemplo, que está en condiciones de explotación, claro que entra Seguridad Social, se trabaja con Desarrollo Social, la provincia, Transporte y la CNRT, cada ministerio con su función para articular", explicó Castagneto sobre el procedimiento. 

"Antiguamente esto era considerado 'normal', pero a los trabajadores los llevan de un lado para otro para que no estén registrados", señaló el funcionario, que indicó que se detectaron micros y camiones con gente en situación irregular en las rutas.

Para denuncias de casos vinculados a trabajo ilegal y trata de personas: vía telefónica al 0800 999 3368 (opción 3) durante las 24 horas o por correo electrónico a tratalaboral@afip.gob.ar

Las investigaciones buscan identificar posibles casos de explotación pero "también modificar las condiciones de empleo a través de diversos relevamientos de personal en búsqueda de generar una mayor percepción de riesgo", sostuvo el organismo. 

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