El Gobierno confirmó por primera vez en un documento oficial que existen denuncias vinculadas al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que el caso ya tiene derivación judicial, en medio de la creciente presión política sobre su situación. La admisión surge del Informe 145 presentado por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso, en respuesta a consultas formuladas por legisladores nacionales sobre la evolución patrimonial del funcionario. Allí se reconoce que la Oficina Anticorrupción (OA) recibió presentaciones recientes y avanzó en su análisis. En ese marco, el propio informe señala que “la Oficina Anticorrupción (...) informa que ha recibido denuncias entre el 11 y el 25 de marzo de 2026 y ha realizado los análisis correspondientes sobre las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales del Sr. Manuel Adorni”. El documento oficial detalla además que ese proceso se tramita bajo condiciones de confidencialidad, lo que limita el acceso público a la información más sensible del caso. Según se consigna en la respuesta enviada al Congreso, esos datos se encuentran “en expedientes de carácter reservado… puesto que involucra eventuales procedimientos de control patrimonial” . Uno de los puntos más relevantes es que el informe reconoce explícitamente que una parte sustancial del patrimonio vinculado al funcionario no es de acceso abierto, ya que corresponde a su entorno familiar. En ese sentido, la Jefatura de Gabinete precisó ante los diputados que “los bienes que componen el patrimonio de la cónyuge o del grupo familiar… se incluyen en el Anexo Reservado del Formulario 1246” . En paralelo, el Ejecutivo confirmó que esa información ya fue remitida a la Justicia en el marco de una investigación penal en curso. De acuerdo al informe elevado al Congreso, esto ocurrió “solo frente a un requerimiento judicial… así lo hizo ante la primera solicitud de la Fiscalía… en la causa nº 1003/2026 (‘Adorni, Manuel s/ enriquecimiento ilícito’)”. Pese a estos reconocimientos, el documento evita dar precisiones sobre la composición concreta del patrimonio, su evolución o el origen de los fondos, y deriva parte de esas respuestas a otros apartados del mismo informe. En uno de esos tramos, se indica que “la información relativa al patrimonio… ha sido evacuada en la Pregunta N° 1780”. De este modo, en respuesta a los requerimientos de los legisladores, el Gobierno reconoce formalmente la existencia de denuncias, el análisis administrativo y la intervención judicial, pero mantiene bajo reserva los datos clave sobre el patrimonio del funcionario y su grupo familiar. El tema suma presión sobre la Casa Rosada en la antesala de la presentación de Adorni ante el Congreso, donde deberá dar explicaciones en un contexto político cada vez más atravesado por el caso.