Fuente: Shutterstock
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Hay que pensar en alguien que quiere abrir una farmacia, un restaurante o un pequeño comercio. Antes de levantar la persiana, comprar mercadería o contratar empleados, tiene que atravesar una primera prueba: conseguir que el municipio le dé luz verde. Y ese recorrido puede ser muy distinto según dónde decida instalarse. En algunas ciudades, buena parte de los trámites se puede iniciar por internet y los requisitos están a mano; en otras, averiguar qué papeles hacen falta y por dónde empezar ya puede convertirse en un obstáculo.
Esa desigualdad aparece en el Índice FÁCIL Productivo, elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El relevamiento evaluó las condiciones para abrir negocios en 30 jurisdicciones argentinas y encontró una brecha de casi 40 puntos entre la primera y la última del ranking. La comparación con tres ciudades latinoamericanas agrega otra referencia: Santiago de Chile, Montevideo y Bogotá obtuvieron puntajes superiores al de cualquier municipio argentino.
El ranking de los municipios donde es más fácil abrir un negocio
Tres de Febrero encabeza el Índice FÁCIL Productivo, con 60,90 puntos. Le siguen la ciudad de Córdoba, con 59,03; Santa Fe, con 53,97; Luján, con 53,86; y Río Cuarto, con 52,70. Son las únicas cinco jurisdicciones de la muestra que superan los 50 puntos.
En el otro extremo aparecen Pilar, con 20,93 puntos; Avellaneda, con 25,86; Quilmes, con 28,01; y Lanús, con 28,04. Según el informe, estos distritos muestran una mayor dependencia de la presencialidad, circuitos administrativos extensos y poca información pública sobre los pasos necesarios para habilitar una actividad.
El ranking no dibuja una división lineal entre los dos grandes espacios de la política nacional. Entre los cinco municipios mejor ubicados conviven La Libertad Avanza, el peronismo cordobés, una coalición provincial integrada por distintas fuerzas y Unión por la Patria. Aunque los cuatro distritos que cierran la tabla —Pilar, Avellaneda, Quilmes y Lanús—tienen todos gobiernos de Unión por la Patria.
Sin embargo el resultado, por sí solo, no permite atribuir las diferencias a una identidad partidaria: el índice compara los procedimientos y las herramientas administrativas que cada jurisdicción ofrece para habilitar negocios.
El universo del estudio comprendió 31 jurisdicciones seleccionadas por su relevancia económica y demográfica, aunque una de ellas, José C. Paz, no pudo incorporarse al ranking porque no había información pública suficiente para reconstruir el proceso de habilitación. En total, se relevaron 30 jurisdicciones, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires y ciudades del interior del país.
El análisis abarcó 12 tipos de negocio: desde kioscos, farmacias, restaurantes y supermercados hasta clínicas privadas, estaciones de servicio e industrias alimenticias y metalúrgicas.
Qué municipios argentinos quedan detrás de Santiago, Montevideo y Bogotá
La comparación internacional muestra una brecha todavía más amplia. En la aplicación del índice a tres ciudades de la región, Santiago de Chile alcanzó 84,4 puntos, Montevideo obtuvo 78,1 y Bogotá llegó a 77,6. Las tres quedaron por encima de Tres de Febrero, la jurisdicción argentina mejor ubicada, que sumó 60,90 puntos.
El informe atribuye esos resultados a procesos de habilitación más digitalizados y simples. En los casos analizados, las ciudades cuentan con procedimientos en línea y mecanismos digitales para completar gestiones y pagos. Santiago y Montevideo también disponen de encuestas y tableros estadísticos sobre los trámites, mientras que Bogotá aplica para el caso estudiado un esquema de comunicación de apertura y control posterior.
La comparación, sin embargo, tiene un alcance acotado: se aplicó el índice a tres ciudades latinoamericanas para contrastar sus resultados con los de la muestra argentina. No se trata de un ranking exhaustivo de todos los municipios o países de la región.
Qué mide el Índice FÁCIL Productivo
El indicador evalúa tres dimensiones del proceso de habilitación. La primera es el trámite en sí: cuántos requisitos, documentos y gestiones previas exige, si puede realizarse por internet y cómo se informa su resultado. La segunda contempla el marco de gestión y regulación, con aspectos como la existencia de normas, plazos y guías digitales. La tercera observa la experiencia del emprendedor, incluidos los canales de atención, las encuestas de satisfacción y la transparencia sobre los resultados.
El objetivo es determinar si una persona que quiere iniciar una actividad económica puede conocer de antemano qué debe presentar, cómo avanzar y qué pasos dependen de distintas áreas de la administración pública.
Uno de los problemas identificados por IDESA es que muchas jurisdicciones exigen documentación que el propio Estado ya posee o emite. En esos casos, el emprendedor termina actuando como intermediario entre organismos públicos para reunir información que podría circular dentro de la administración.
El estudio también advierte que la digitalización pierde efectividad si solo permite iniciar un expediente por internet, pero no ofrece información clara sobre los requisitos, los costos, los plazos o el seguimiento posterior. Un trámite puede tener una instancia digital y, aun así, obligar al interesado a concurrir personalmente para completar otras etapas.
Cómo evolucionó el Índice FÁCIL de IDESA
El Índice FÁCIL Productivo amplía una línea de trabajo que IDESA había iniciado con el análisis de trámites municipales desde la perspectiva del ciudadano. La primera edición, publicada en octubre de 2024, abarcó 16 ciudades argentinas y examinó gestiones como la habilitación de negocios, las licencias de conducir, la solicitud de actas y el nuevo DNI.
En agosto de 2025, el estudio se enfocó en la habilitación comercial de 19 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires. Luego, en enero de 2026, IDESA presentó una segunda edición más amplia del índice general: evaluó 37 municipios y cinco trámites centrales, entre ellos la habilitación de negocios, la primera licencia de conducir, su renovación, la solicitud de actas y el DNI.
