La Corte le puso límites a Misiones por sus regímenes de recaudación

Hay una escena que se repite todos los meses en las empresas que venden en varias provincias. El área de impuestos concilia, confirma que las retenciones y percepciones volvieron a superar el impuesto que la compañía debe tributar en esa jurisdicción, y anota un saldo a favor más grande que el del mes anterior. Y en algún momento, en una reunión de directorio o en una llamada con el auditor, aparece la pregunta que nadie contesta con comodidad: ¿cuándo se recupera ese dinero?

La respuesta incómoda es que muchas veces no se recupera. No porque la provincia desconozca el crédito —lo reconoce— sino porque la empresa no tiene con qué consumirlo. Si el impuesto que determina cada mes es menor que lo que le detraen, el saldo sólo puede crecer. A eso se suma que los pedidos de exclusión o de reducción de alícuota tardan meses, y que mientras tanto el crédito sigue subiendo. Es dinero de la compañía inmovilizado, sin plazo de devolución, sin interés y sin un destino cierto. Ese es el problema que llegó a la Corte Suprema.

Qué decidió el tribunal

El 27 de agosto la Corte resolvió dos causas contra la Provincia de Misiones, “Cannon Puntana” y “Establecimiento Las Marías”, y tomó dos decisiones. La primera: aceptó intervenir. La segunda: dejó en pie medidas por las cuales, mientras el juicio tramita, los regímenes cuestionados no se aplican sobre las operaciones desarrolladas fuera de la provincia.

Conviene ser preciso sobre el alcance, porque en estos temas el entusiasmo suele adelantarse a los hechos. No declaró inconstitucional ningún régimen. No ordenó devolver lo ya retenido. No dictó una decisión que valga para todas las empresas. Lo que hizo fue admitir que la discusión puede tener contenido federal —si una provincia detrae impuesto sobre riqueza generada fuera de su territorio, puede estar afectando la libre circulación de bienes y el comercio entre jurisdicciones— y suspender la detracción mientras eso se resuelve.

Puede parecer poco. No lo es. Durante casi una década, la mayoría de estos planteos terminaba remitida a la justicia provincial, donde la discusión se apagaba. Que exista un foro dispuesto a escuchar el planteo es la diferencia entre tener un reclamo y tener solamente una queja.

Lo que la Corte efectivamente miró

Este es el dato que más importa para quien lee esto pensando en su propia empresa, y es el que no aparece en los titulares. Lo que pesó no fue el tamaño del saldo. Fue su velocidad, y el contexto administrativo que lo rodeaba. En una de las causas, según los números que la propia empresa llevó al expediente, el saldo había crecido más de la mitad en seis meses, y consumirlo al ritmo del impuesto que la compañía determinaba habría demandado casi nueve años. Al mismo tiempo, y según surge del expediente, el pedido de exclusión estaba presentado desde enero y sin resolver, mientras la propia reglamentación provincial le concedía al organismo ciento ochenta días para expedirse.

Esa combinación —un saldo que se acelera y una vía administrativa que está abierta pero no avanza— es lo que sostuvo el caso. No la magnitud aislada de la cifra.

Hay un segundo punto, más fino, que conviene entender antes de armar cualquier reclamo. La Corte razonó por territorio: si la provincia detrae sobre actividad desarrollada fuera de sus límites. No razonó sobre padrones de alícuotas ni sobre la aplicación de los coeficientes del Convenio Multilateral. La distinción parece formal y no lo es. Un planteo construido como un error en la aplicación del Convenio vuelve a ser una cuestión técnica local, y la discusión regresa exactamente al lugar del que acaba de salir.

El temor a la represalia

Hay una objeción que aparece en casi todas estas conversaciones y que pocas veces se dice en voz alta: si la empresa reclama, ¿no lo va a pagar después? Fiscalizaciones, nuevos regímenes de recaudación, trabas al ingreso de mercadería, cada trámite un poco más lento.

Es una preocupación razonable y tiene dos respuestas. La primera es cómo se dicta la medida: las cautelares se resuelven sin intervención previa de la parte demandada. La provincia no es oída antes ni negocia nada; toma conocimiento cuando la orden ya está dictada y se le comunica. No hay una instancia intermedia en la que la empresa quede expuesta.

La segunda, y es la que hace la diferencia, es cómo se redacta el pedido. Una medida bien solicitada no se limita a suspender la retención: pide además que la provincia se abstenga de perseguir el cobro por cualquier otro medio, de aplicar multas o de trabar embargos sobre la sociedad y sus directores, y de condicionar constancias de cumplimiento fiscal, habilitaciones o el ingreso de mercadería. Son alcances que el tribunal concedió en casos anteriores, y son exactamente las vías por donde podría llegar una respuesta indirecta.

Vale saber que en el caso más reciente varios de esos alcances no figuran en la orden, que llegó sólo a los agentes de uno de los regímenes mientras la provincia mantiene otros en paralelo. No es un reproche a ese planteo, que obtuvo lo que buscaba. Es una advertencia para quien vaya detrás: copiar el escrito que ganó no es lo mismo que pedir lo que hace falta.

Conviene recordar, por último, que la medida no priva a la provincia de recaudar lo que le corresponde: el propio tribunal señaló al concederla que no le genera perjuicio fiscal. Lo que se discute es el exceso, no la potestad.

Antes de decidir

Ninguna de estas decisiones resuelve el fondo, y los procesos de este tipo son largos. Pero una medida que suspende la detracción y rige durante todos esos años es, en los hechos, el resultado que la empresa necesita. Para saber si conviene, hace falta tener medido algo que la mayoría de las compañías no tiene ordenado: qué parte del saldo se originó en operaciones efectivamente desarrolladas en esa provincia y qué parte no, operación por operación; cómo evolucionó el saldo mes a mes frente al impuesto determinado; cuánto tardaría en consumirse si las detracciones se detuvieran hoy; y qué ocurrió con cada pedido de exclusión de los últimos años, cuándo se presentó, cuánto tardó y qué contestaron.

Ese trabajo no es un trámite previo al reclamo. Es el reclamo: el caso que obtuvo la medida llegó con esa información ordenada y certificada por contador público independiente. El problema, además, rara vez se limita a una provincia: el perfil de operaciones que genera saldos en una jurisdicción suele generarlos en otras que aplican regímenes semejantes. Medir el conjunto antes de elegir dónde discutir evita empezar por la provincia equivocada.

La pregunta, entonces, ya no es si se puede discutir. Es si la empresa tiene hoy los números que necesitaría para hacerlo. Y en qué mes del año próximo ese saldo va a dejar de ser una cuestión financiera para convertirse en un problema patrimonial.