Cuando la energía se encarece de golpe, el enojo rara vez se queda en el surtidor, y tampoco se va cuando el precio empieza a bajar. El Brent, la referencia internacional del petróleo, cayó de unos 113 dólares a fines de octubre a cerca de 90 esta semana, entre negociaciones por el estrecho de Ormuz y previsiones de sobreoferta, pero los conflictos que desató en casi nueve meses de guerra contra Irán siguen abiertos.

Francia pasó de la jornada del 17 de octubre a dos huelgas generales en noviembre, la primera con unas 600.000 personas en la calle según el Ministerio del Interior, mientras el gobierno resiste medidas amplias contra el costo de vida para no agrandar el déficit. En Albania el movimiento que nació en mayo contra un megaproyecto turístico sumó el costo de vida a sus reclamos y sigue pidiendo la renuncia del primer ministro. En India, donde las petroleras estatales subieron las naftas en mayo por primera vez en cuatro años, el gobierno descartó bajarlas de inmediato aunque el crudo ceda, porque esas empresas todavía arrastran pérdidas.

La energía no lo explica todo, pero funciona como detonante, porque el combustible es uno de los precios más visibles y se traslada al transporte, a la logística y de ahí a casi todo lo demás. En sociedades polarizadas, además, cada aumento abre respuestas opuestas, y en Francia, de cara a la presidencial de abril, Marine Le Pen propone bajar el IVA a la energía mientras Jean-Luc Mélenchon promete congelar el litro en 1,70 euros.

América Latina llegó a este shock con menos defensas, porque Bolivia y Ecuador habían eliminado subsidios para contener el déficit y Colombia avisó que no podía sostener los de la gasolina. Chile ofrece la lección más reciente. En marzo el gobierno de José Antonio Kast trasladó completo el aumento internacional, el mayor desde el regreso de la democracia, y el 12 de noviembre, tras tres días de paro nacional de camioneros, acordó bajar el diésel 142 pesos por litro y congelar los combustibles hasta marzo, con un costo fiscal que el propio gobierno calcula en unos 820 millones de dólares entre este año y el próximo. Todo gobierno enfrenta el mismo dilema, porque si traslada el precio arriesga conflicto, si subsidia arriesga las cuentas y si baja impuestos resigna recaudación.

La Argentina vive las dos caras a la vez. Vista desde arriba, es un año de abundancia, ya que entre enero y septiembre la energía dejó un superávit comercial de 9.427 millones de dólares, el 44% del total, y en octubre sus exportaciones casi se duplicaron frente a un año antes. El crudo ya desplazó a la harina de soja como principal producto de exportación, y son dólares que la economía necesita y que durante años faltaron.

Vista desde abajo, en cambio, es un año de ajuste. En el segundo trimestre el consumo privado cayó 2,4% frente al anterior, y en los doce meses a septiembre los salarios registrados subieron 31,2% contra una inflación de 33,4%. En octubre el rubro de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el que más aumentó, 4,2%, y la venta de combustibles al público venía de caer 3,3% interanual en septiembre según la Universidad de Palermo. La consultora Economía y Energía calcula que en lo que va del año la canasta energética sin subsidios absorbió en promedio 4,8% del salario registrado, contra 3,7% de promedio desde 2017.

Dos mecanismos ayudan a entender esa brecha. El primero es el precio interno, porque la producción récord no aísla al surtidor y el shock llegó igual. A mediados de año el Instituto Argentina Grande calculó que la nafta súper había subido 24,3% en dólares desde el inicio de la guerra, la mayor suba entre los exportadores de crudo de la región. Ahora que el petróleo baja, YPF anticipó que no trasladará la caída de inmediato, porque antes debe recuperar lo que absorbió cuando amortiguó las subas. La explicación es razonable desde la empresa, pero el resultado para el hogar es que el aumento llegó rápido y el alivio llega tarde. Es lo que puede llamarse una soberanía de la escasez, en la que el Estado sigue decidiendo pero, urgido por conseguir dólares y sostener las cuentas, ve achicarse su margen para proteger a los consumidores.

El segundo mecanismo es quién se queda con la renta. Según el INDEC, en el segundo trimestre las utilidades y dividendos de las empresas de capital extranjero sumaron 3.654 millones de dólares, más del doble que un año antes, y el déficit total por rentas con el exterior, que incluye también intereses de deuda, equivalió a casi dos tercios del superávit de bienes. En ese mismo marco, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ofrece a los grandes proyectos reglas estables por treinta años y acceso creciente a los dólares que generan.

Todo esto ocurre en una sociedad partida en dos. El monitor de octubre de D’Alessio IROL y Berensztein para este diario dio al Gobierno 39% de aprobación y registró que un 58% espera una economía peor dentro de un año, con imágenes casi idénticas para Javier Milei y Axel Kicillof. El Gobierno defiende el ajuste como condición para bajar la inflación y ordenar las cuentas, mientras sus críticos cuestionan su costo sobre ingresos y consumo, y en ese clima los récords de Vaca Muerta pueden ser bandera para unos y acusación para otros.

La baja del petróleo pone a prueba ese esquema. Si los precios suben con el mundo y bajan a su propio ritmo, los hogares pagan el shock dos veces, primero en el surtidor y después en la espera. Francia, Chile e India muestran que la energía cara no provoca un estallido por sí sola, pero encuentra rápido el malestar que ya existe, y si la abundancia no llega a los ingresos el récord exportador deja de ser solo un logro económico para volverse un problema político.

El autor es Doctor en Ciencias Sociales y maestrando en Energía (UBA), investigador del IEALC-UBA. Estudia la economía política de los hidrocarburos y el litio en América Latina.