Para describir esta opinión pública que conformamos los argentinos, que es capaz de vaivenes tan pronunciados en tan corto plazo, recurro metafóricamente a la bipolaridad, la ciclotimia. La opinión pública es, normalmente y en todas partes, volátil". Esta frase de Manuel Mora y Araujo refleja como pocas la relación en la Argentina entre las empresas, el Estado y la opinión pública. La intención de este artículo es señalar a grandes trazos sus interrelaciones y los procesos de cambios que se dieron desde la década del 90 a hoy.
Un muy interesante trabajo comparativo de Ipsos-Mora y Araujo señala parte de estos cambios. En 1992 la gente se inclinaba mayoritariamente al proceso privatizador que encaró el entonces presidente Carlos Menem; ante la pregunta si a usted le parece bien que se haya privatizado la entonces Entel, a un 61% de los encuestados le parecía bien, un 60% aprobaba la privatización de los trenes y a un 51% le parecía bien que se haya privatizado YPF. Una encuesta similar, de la misma encuestadora, pero de 2014 señala un importante cambio a la hora de valorar la presencia del Estado en las empresas. Ante la pregunta sobre si para cada rubro las empresas deben ser estatales o privadas, la mayoría se inclina por una mayor presencia de lo público: telefónicas (57%), transporte público (71%) y petroleras (67%).
Uno podría preguntarse qué nos pasó a los argentinos que en 22 años cambiamos tanto de opinión. Como en casi todos los planos de la vida, no existe una explicación única sino que esto podría deberse a varias causas.
En primer lugar deberíamos ubicar este proceso de cambio en un espacio de lugar, ya que la opinión de la gente respecto a una mayor presencia del Estado en la economía se dio en gran parte de Latinoamérica. Nuestra región experimentó un proceso privatizador durante la década del noventa siguiendo los preceptos del Consenso de Washington, y este proceso comenzó a revertirse a partir de la década del 2000 (crisis económicas y sociales mediante), donde la opinión pública empezó a reclamar una mayor presencia del Estado en el sector privado.
Este proceso quedó bien reflejado en las diferentes encuestas de Latinobarómetro, encuesta que se hace en la mayoría de los países de la región, desde hace años. Ante la pregunta sobre si las privatizaciones de las empresas han sido beneficiosas para su país, sólo un 30% (promedio del total de los países encuestados) contestó que sí en el año 2013, contra un 48% que lo hizo en 1998. Como podemos ver aquí, la pérdida de confianza hacia las empresas privadas es una tendencia regional. Esto no quiere decir que las empresas en particular tengan mala imagen, como lo podemos ver en varias encuestas de reputación corporativa, pero el grupo empresas privadas ha sufrido un fuerte proceso de desconfianza a nivel regional.
Este avance del Estado sobre la economía y las empresas privadas y la pérdida de confianza en las mismas, también podría explicarse por la aparición de ciudadanos/consumidores más exigentes, por la demanda hacia las empresas de un mayor dialogo (tendencia web2.0), por un mayor profesionalismo de las ONGs y porque las empresas están más observadas, quizás como nunca antes, por sus consumidores.
Si bien la credibilidad hacia los gobiernos también tiende a la baja en términos de apoyos en la opinión pública, el avance del Estado sobre la economía es vista con buenos ojos por la gente, quienes confían que el Estado establecerá reglas de juego. En varios países de Latinoamérica las políticas públicas sociales generan un impacto positivo en la gente y esto legitima el avance del Estado sobre el sector privado.
Como hemos visto hasta aquí, la opinión pública es cambiante en cuanto a sus opiniones, pero siempre es posible encontrar elementos que nos ayuden a desarrollar mecanismos que nos permitan entender mejor las tendencias sociales que pueden afectar el desempeño de la empresa privada dentro de la sociedad. Este es el nuevo desafío para los empresarios de hoy.
