OPINIÓN

Nicaragua: el Presidente teme que después se cuestione a la Argentina

Una de las grandes incógnitas del presente de la política exterior es cuál es la razón por la que la administración de Alberto Fernández decidió inmolarse detrás de Daniel Ortega, un dictadorzuelo al que ni sus viejos compañeros de ruta en la Revolución Sandinista reconocen ninguna virtud.

En la misma Cancillería argentina tienen dificultades en explicar el posicionamiento. Consultados por El Cronista llevaron a no hacer caso a "los títulos de los grandes diarios, que hablan de una votación que no se hizo". Y pidieron detenerse en el discurso brindado por Federico Villegas Beltrán en la 47º sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones, donde expresó su preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, la persistencia de la restricciones "al espacio cívico y la represión de la disidencia" y el pedido a las autoridades nicaragüenses a que reconsideren las detenciones de figuras políticas de la oposición.

"Esto no implica sumarse a cualquier documento que ande dando vueltas; hubo un informe que hizo Michele Bachelet, pero no se votó nada y Argentina expresó su posición con fundamentos similares, pero no puso su firma en ningún texto", agregaron en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Cuando se pidió más aclaraciones sobre la postura, por las dificultades que conlleva comprender por qué Argentina no acompañó el texto de 59 países, entre los que están Estados Unidos, Francia y España, por nombrar algunos, la fuente dio una precisión: "por qué hacer seguidismo acrítico de los Estados Unidos como hacía (Mauricio) Macri". Al transmitírsele que en la última dictadura argentina, Estados Unidos ayudó a quienes eran perseguidos por sus ideas políticas y su respaldo era agradecido por quienes luchaban por los derechos humanos, ya no hubo respuesta.

Aliados del Frente de Todos recordaron estos días que presos políticos de organizaciones guerrilleras peronistas, por "desconfianza ideológica", se negaron a declarar ante la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó en 1979 la Argentina para conocer in situ la represión ilegal. La consideraban parte de una estrategia de la CIA. Y en conversaciones con este diario hasta se animaron a confesar reparos similares sobre Michele Bachelet, la actual Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, pidieron que sus nombres no aparecieran en esta nota.

"Normalmente, la Alta Comisionada presenta una resolución en relación al informe oral que realiza y los países acompañan con un texto el asunto que más interesa destacar, así que no me parece adecuado decir que el texto que firmaron 59 países se trató de 'cualquier documento que daba vueltas por allí", dijo un experto en esas sesiones.

Pero buscando desentrañar el posicionamiento argentino sobre el caso, sorprendió una nueva argumentación, acaso más inexplicable que las conocidas hasta ahora.

Alberto Fernández habría sido el encargado de avalar personalmente al embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, (quien mantiene una persistente defensa a los países más cuestionados en derechos humanos de la región, como Cuba y Venezuela), de evitar cualquier condena sobre Nicaragua.

Según esta versión, el Presidente se convenció de que cuestionar la reforma electoral nicaragüense del pasado 4 de mayo, rechazada por la mayoría de los países de la OEA y la mayoría de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque habilita las detenciones a los opositores, podría abrir paso a que se cuestione el proceso electoral en la Argentina.

Puede ser otra excusa, un nuevo intento de explicar lo inexplicable, o una peligrosa anticipación de algunas reformas que puede estar pensando el Gobierno argentino en este año electoral.

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