El 19 de agosto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ante una pregunta periodística sobre si los bajos salarios de las fuerzas de seguridad federales estaban deteriorando la salud mental de sus integrantes, respondió que durante 2025 los suicidios en las fuerzas habían aumentado alrededor de un 30% respecto del año anterior. Los problemas en las prestaciones de la obra social, los bajos salarios y el aumento de los suicidios constituyen un problema que crece silenciosamente.
Esta declaración de un miembro del gabinete nacional puso sobre la mesa un grave problema que afecta a la Argentina. Según datos publicados por el propio Ministerio de Seguridad, en 2025 se registraron 5.209 suicidios en todo el país, 22,6% más que en 2024, cuando fueron 4.249. La tasa pasó de 9,7 a 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes.
Esto hace que los suicidios sean la principal causa de muerte violenta en la Argentina, por encima de los homicidios intencionales y los siniestros viales. Se trata de la tasa nacional registrada más alta de la serie analizada. La tasa de suicidios es más de tres veces superior a la de homicidios dolosos, en un contexto de fuerte reducción del presupuesto destinado a salud mental.
Los suicidios vienen aumentando en la Argentina desde 2020. En una comparación entre siete países sudamericanos, la Argentina aparece en segundo lugar, con 11,8 casos cada 100.000 habitantes, por encima de Chile (10,7), Brasil (8,1), Paraguay (7,2), Bolivia (5,3) y Perú (2,2). Sólo Uruguay registra una tasa mayor, con 19,1 cada 100.000 habitantes.
Respecto de las causas, no hay una hipótesis explicativa dominante. Una de las cuestiones señaladas es el creciente endeudamiento del personal de las fuerzas de seguridad federales. Los bajos salarios han llevado a muchos integrantes a endeudarse con bancos y billeteras virtuales. Uno de cada cuatro miembros de las fuerzas relevadas tiene dificultades para pagar sus deudas. En el sector militar, la peor situación se da en el Ejército y, entre las fuerzas de seguridad, en el Servicio Penitenciario Federal.
Dentro de la Argentina, la situación es muy diferente por provincia. El máximo se da en Entre Ríos, con 20,8 suicidios por cada 100.000 habitantes. Le siguen San Luis, con 18,9; Salta, con 17,4; Santa Cruz, con 16; Catamarca, con 14,2; Tucumán, con 13,5; Santa Fe, con 13,2; y Mendoza, con 12,7. En el otro extremo está Río Negro, con 6,5. Estas diferencias no permiten establecer una hipótesis clara desde el punto de vista regional o socioeconómico.
En el caso del Ejército no se han difundido datos oficiales como en el caso de las fuerzas de seguridad federales. Pero en internet se encuentra un trabajo de 2025 de la Escuela Superior de Guerra del Ejército. El universo son los aproximadamente cincuenta mil efectivos que integran la fuerza. En este caso, de 2024 a 2025 los suicidios en el Ejército aumentaron un 38,5%.
El estudio señala que el factor salarios y endeudamiento influye en el tema, pero dado que representan una fracción mínima sobre el total de la Fuerza, no es fácil dimensionar la importancia de este problema. Señala también las limitaciones de asistencia psicológica que tiene el personal militar. El estudio no incluye datos relativos a la Armada y la Fuerza Aérea.
Se da así un fenómeno singular que debe ser analizado en profundidad. De 2024 a 2025 los suicidios en la Argentina aumentaron significativamente un 22,6% sobre el total de la población. Durante el mismo periodo, el aumento fue del 30% en las fuerzas federales sobre 110.000 efectivos y del 38,5% en el Ejército sobre 50.000. A nivel mundial, la tasa de suicidios cada 100.000 habitantes en 2025 se ubicó en torno al 9,2, 2,7 menos que en Argentina, que fue de 11,8.
El aumento de la tasa de suicidios en Argentina es un fenómeno singular en el contexto mundial y regional. Se trata de un fenómeno multicausal que debe ser atendido con prioridad.
Detectar los síntomas prematuros es fundamental para evitarlo. De acuerdo a un informe de la Universidad de Lanús, las consultas derivadas por problemas de salud mental aumentaron 23% en un año y las internaciones un 42% desde 2023. Se trata de un dato que sirve para diagnosticar y avanzar en una política de prevención.
El tema debe adquirir prioridad no sólo como cuestión sanitaria, sino como cuestión social.
