“El diablo está en los detalles”, reza un famoso dicho popular que, en su sencillez sintáctica, atesora un marco analítico de altísima utilidad para las más variadas realidades. En el día a día solemos quedar atrapados por los “flashes” de la política nacional, rasgo acentuado por el diseño de nuestro sistema de medios y más aún, por la incidencia insoslayable de las redes sociales. Así, se pierde de vista la importancia que tiene, en un sistema federal descentralizado como el argentino, el nivel subnacional y local de gobierno, que nos remite al poder de las provincias, de sus gobernadores y de las administraciones municipales. En tiempos de consumo deprimido y gasto público limitado, el Gobierno busca seguir exhibiéndose como el gran garante de una agenda de inversiones que ya ha puesto en valor y seguirá desarrollando el potencial de la Argentina “árida”. En este sentido, a falta de impulso de mayores reformas estructurales, el oficialismo libertario levanta el estandarte del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), dominado por proyectos orientados a la energía y la minería. Los niveles de apertura, el peso del Estado, el entorno institucional y la calidad regulatoria son ejes sobre los cuales el gobierno central detenta márgenes de maniobra considerables e inciden sobre el clima de negocios. Sin embargo, agotar nuestro análisis allí nos imposibilita acercarnos a las dinámicas realmente existentes a lo largo y a lo ancho del país. En efecto, muchos proyectos de inversión de gran escala en sectores altamente intensivos en capital se topan con dificultades significativas al intentar operar en determinadas provincias o municipios. Estas limitaciones no se reducen únicamente a cuestiones impositivas, sino que se extienden a complejos entramados de regulaciones que, en muchos casos, rozan lo antojadizo. Históricamente, en el periodo que abarca desde la generación del 80 hasta el primer tercio del siglo XX (1930). De igual forma, los estados provinciales habían cedido gran parte de sus atribuciones a la Nación y, en la medida que funcionaba el ferrocarril, la producción no guardaba demasiados secretos. Por otra parte, la élite política de aquel entonces estaba integrada por productores que comprendían la naturaleza del negocio sobre el que se asentó el dinamismo económico del país y se cristalizaron las aspiraciones de toda una nación. Con el avance de la democratización y la posterior consolidación de la política de masas, la composición de la clase dirigente fue mutando y se hizo más heterogénea. En nuestros días, nos encontramos con situaciones de desconexión entre funcionarios estatales subnacionales e inversores, como consecuencia de que ciertos líderes políticos no están familiarizados con los ciclos de inversión y la lógica de proyección empresarial. En tal sentido, proliferan “aduanas interiores” de facto, regímenes especiales de “compre provincial” para insumos relevantes o exigencias de contratación de personal local que distorsionan la eficiencia operativa, pero que también atentan contra la conformación de ciclos virtuosos de atracción de capital que posibiliten un desarrollo social armónico. La única vía genuina para que las provincias superen la dependencia de los recursos fiscales federales emerge de la potenciación de las fuerzas productivas propias, aspecto para lo cual el clima de negocios debe ser propicio. Así como debe hacerse un esfuerzo por desistir de la voracidad fiscal, en parte generada por urgencias fiscales de corto plazo, es necesario que se homologuen determinados criterios regulatorios comunes a nivel horizontal (entre provincias) y a nivel vertical (entre los distintos niveles de gobierno). Buena parte de estos esfuerzos se pueden concretar en tanto exista coordinación y un set de intereses convergentes para impulsar aquellos sectores más destacados de las matrices productivas provinciales. Incorporar la cuestión de la calidad institucional y de la certidumbre regulatoria subnacional es esencial para fortalecer la competitividad a nivel provincial. Solo trabajando en marcos regulatorios claros y estímulos reales a la inversión se podrá pensar una agenda de desarrollo inclusivo que inspire un nuevo sueño colectivo.