La ambiciosa agenda legislativa de Alberto, ¿utopía o realidad?

El primer mandatario se refirió a más de 20 leyes que pondrá en consideración del Congreso, y eso no puede llevar más que a una pregunta: ¿No será demasiado?

Por segunda vez desde que es Presidente de los argentinos, Alberto Fernández inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Este lunes 1°, como hace un año, cruzó la explanada principal del Palacio legislativo con el cometido de cumplir con el mandato constitucional de "dar cuenta del estado de la Nación" y "recomendar a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes". En aquel entonces, no podía prever que menos de tres semanas después, estaría suspendiendo el dictado de las clases presenciales en las escuelas, limitando todo tipo de actividad económica y productiva no esencial y poniendo al país entero en cuarentena: tampoco sabe hoy a qué vicisitudes lo enfrentará el 2021. Pero hay algo que sí podría saber: que a veces, pide demasiado.

En el discurso que dio el último lunes ante la Asamblea Legislativa, en la que sólo estuvieron presentes 65 diputados y 25 senadores -mientras más de 240 legisladores lo siguieron conectados en forma virtual-, el Presidente no se privó de nada: repasó la gestión sanitaria de la pandemia, se refirió al escándalo por el vacunatorio VIP, confrontó con la oposición por el legado económico de la administración de Mauricio Macri, aseguró "no tener apuro" por acordar con el Fondo Monetario Internacional y acusó a la Justicia de ser un poder "en las márgenes del sistema republicano", para terminar con un llamado de unidad para construir un país "antisísmico". También se refirió a las diferencias dentro de su gobierno y -lo que más nos interesa a los fines de este análisis- anunció el envío, en el transcurso del año legislativo, de una veintena de proyectos de Ley.

Pero, ¿cuál es la agenda que Alberto le propuso el lunes a los legisladores? El primer mandatario prometió una Ley de Electromovilidad, que estimule una movilidad sustentable y, al mismo tiempo, el desarrollo local de la cadena de valor del litio; una Ley de promoción automotriz, con incentivos fiscales para la inversión con los que busca atraer más de u$s 5000 millones, y otra que autorice el cultivo de cannabis con fines medicinales y de cáñamo industrial: otro negocio que, según Fernández, triplicará su volumen en los próximos cinco años.

Dijo que enviará un proyecto para fortalecer las compras nacionales de medicamentos y elevar los márgenes de preferencia para empresas locales; un texto trabajado en conjunto con el Consejo Agroindustrial Argentino para agregar valor, aumentar la producción y las exportaciones del sector, y una propuesta de promoción de la industria hidrocarburífera "que genere las condiciones para el desarrollo de los recursos energéticos que tiene el país en beneficio de los argentinos y las argentinas".

Otro anuncio destacado fue que buscará declarar la emergencia de los servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos. También habló de una nueva Ley de Financiamiento Educativo; de retomar la convocatoria para debatir una nueva Ley de Educación Superior; de la renovación de la Ley 26.160, de emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país, y la consiguiente reparación histórica; y de un proyecto para la creación de un Sistema Integral de Cuidados y consolidación del Mapa Federal de cuidados; por no hacer mención a la creación de seis nuevos parques nacionales y el envío para revisión, por parte del Congreso, del programa que se acuerde con el Fondo Monetario Internacional.

También avisó que impulsará varias leyes en materia judicial. Una tiene que ver con el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a efectos de establecer la exacta competencia del máximo Tribunal en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias, y la delimitación del concepto de "arbitrariedad", otra vía que tiene la Corte para revisar causas. Y podría ir por más: dijo que consultará con los gobernadores respecto de la posibilidad de la creación de un Tribunal Federal de Garantías, con competencia en cuestiones de arbitrariedad, y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario: un nuevo camino que se cierra para la Corte. Y tomen nota: anticipó que enviaría al Congreso una nueva modificación de la Ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y otra que reglamente el Juicio por Jurados para casos de delitos graves que se cometan en el ámbito federal, algo que la Constitución tiene escrito desde 1853 pero que jamás nadie se animó a implementar.

Contando sólo las menciones expresas, el primer mandatario se refirió a más de 20 leyes que pondrá en consideración del Congreso, y eso no puede llevar más que a una pregunta: ¿No será demasiado?

Dado que esa esa cuestión es imposible de responder en términos objetivos, cambiémosla por las siguientes: ¿cómo le fue a Alberto Fernández con los paquetes de leyes anunciados en oportunidades anteriores?, ¿el Frente de Todos tiene número para avanzar con semejante agenda?, ¿logrará el oficialismo mantener al Congreso activo pese a las elecciones de medio término y la campaña política?. O expresado en otros términos: ¿Cuán probable es que las Cámaras puedan darle tratamiento a tal caudal de proyectos, si se concreta su envío? Es hora de recuperar entonces cuatro factores y un antecedente cercano que Alberto no tuvo en cuenta.

UN ANTECENTE DE PESO

En marzo de 2020, Alberto Fernández anunció ante ese mismo Congreso trece leyes, y al final del año, se alzó con ocho sanciones. Nada mal, hay que reconocerlo. Pero también quedaron al descubierto los matices.

La mayoría de los textos que a inicios del año pasado anunció y que meses después tendrían sanción definitiva, tienen que ver con agendas de pleno consenso político y social: la creación del Consejo Malvinas; la demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental; la reforma de la Ley de Pesca para sancionar más fuertemente la captura ilegal; la ratificación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la prevención y la erradicación de la violencia y el acoso en el trabajo; y la ley de capitales alternas para federalizar la gestión, por caso. Incluso podría estar en este listado la Ley de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocida también como el plan de los primeros 1000 días.

En tanto, en la apertura de sesiones de 2020, Fernández dijo que enviaría una Ley Nacional de Sitios de la Memoria -que nunca presentó-, la creación del Consejo Económico y Social -que resolvió por decreto-, la reforma de la Ley de Educación Superior -que volvió a poner en agenda esta semana- y una Ley para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero -que adivinó usted, volvió a anunciar este año, porque durante el pasado, no la envió-.

También había impulsado la reforma de la Ley de Economía del Conocimiento macrista -cuya aprobación solo se logró tras un tenso ida y vuelta entre Diputados y el Senado, en el que el texto del Ejecutivo fue ampliamente revisado por el ala más "dura" de la coalición gobernante, y la mentada reforma Judicial, que Fernández no cesa en el empeño de ver sancionada, pero que todavía no consiguió los votos para sortear la etapa de Diputados.

La sanción de la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito, no obstante, que fue la gran apuesta legislativa del Presidente para ese período legislativo, viene a llevarse puesta toda la matemática: esta fue, sin lugar a dudas, la batalla más propia y más pura ganada en el terreno del Congreso, y si bien se hizo esperar -la segunda votación se concretó el 29 de diciembre- no hace menos que darle un voto de confianza a la ambición de este Ejecutivo nacional.

Pero entre 2020 y 2021 pasaron cosas, y ese Congreso, que técnicamente es el mismo, políticamente ha cambiado. Prueba de ello es lo sucedido durante el último verano con el extenso listado de iniciativas que el Presidente pidió a los diputados y senadores tratar en el marco de sesiones extraordinarias: de los 35 proyectos de ley habilitados para votarse entre diciembre y febrero, el Congreso aprobó solo 11 (además de acuerdos para designar embajadores y magistrados); menos de un tercio del total.

TERRENO FARRAGOSO

Tal como promete, las cosas no serán fáciles. A no tomárselo personal: será un terreno farragoso para cualquiera, por cuatro factores.

Primero, por la mayor distancia -que por momentos roza la falta de diálogo- entre el oficialismo y el sector numéricamente más importante de la oposición, representado por Juntos por el Cambio. El período de gracia que cualquier espacio político que viene de ser gobierno le da a su sucesor está agotado; el trabajo codo a codo de las distintas fuerzas durante las primeras semanas de la pandemia dieron paso a las diferencias; la confianza, por momentos hábilmente construida en el quehacer cotidiano de la lógica parlamentaria se derrumbó, y las acusaciones cruzadas por el escándalo de los privilegios en el acceso a las vacunas y el endeudamiento externo con el FMI y posterior fuga de divisas, hicieron el resto.

Con el lavagnismo, las cosas no están mejor: ese vínculo fue particularmente afectado por la no inclusión en el temario de sesiones extraordinarias del proyecto de Ley que prorroga la vigencia del régimen de promoción de la industria de los biocombustibles -el que el presidente de Diputados, Sergio Massa, se había personalmente comprometido a tratar-. Los cordobeses, que tienen en paralelo otras discusiones, tampoco quedaron contentos: no es un buen escenario para negociaciones duras.

Para avanzar con cualquier iniciativa de ley, el oficialismo necesita construir consensos con los bloques de la oposición, con los cuales la relación es cada día más tensa y tirante. Esto es así porque por sí mismo el Frente de Todos no tiene mayoría propia -son 119 las bancas propias, con uno en licencia y otro, el presidente, que no vota- y tampoco la consigue con el apoyo de sus aliados de siempre: en Diputados, siempre necesita de algún voto más.

El segundo factor son las diferencias internas que suele tener el propio oficialismo y de las que no quiere dar cuentas en el recinto, y que son más fuertes en la Cámara baja, donde el quórum le es más esquivo. Para evitar fisuras internas, en muchas ocasiones, el bloque mayoritario decide postergar el tratamiento de los temas hasta tener a todos los propios alineados. Ejemplo de ello es lo que sucede por estos días con la demandada prórroga de la Ley de Biocombustibles, que enfrenta a los diputados de provincias petroleras con de los de provincias del litoral y NOA, y la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, que quedó frenada tras los planteos de los gobernadores y diputados de provincias azucareras. Siempre entre los propios, claro está.

En tercer lugar, y no menor, la pandemia. Mientras se extienda el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, las Cámaras están obligadas, para resguardar a su personal de riesgo, a funcionar bajo un formato, cuanto menos, semi-virtual, con sesiones que permitan que un cierto número de Diputados firmen dictámenes y voten leyes desde sus casas. En el Senado, Cristina Fernández la tiene fácil porque tiene una mayoría propia que le permite renovar el Protocolo de Funcionamiento Remoto con las características que el oficialismo elija y sin tener necesidad de entrar en negociaciones con la oposición. No es el caso de Sergio Massa en Diputados, donde los jefes de bloque todavía no suscribieron el acta de renovación del protocolo, que venció a mediados de febrero, y para el que todavía no hay acuerdo. ¿Qué significa esto? Que la Cámara está virtualmente parada -impedida de emitir dictámenes y votar leyes-hasta tanto se resuelva esa situación.

Finalmente, el dato que a nadie escapa: 2021 es año electoral. 130 diputados y 24 senadores deberán dejar la Cámara el 10 de diciembre, salvo que consigan la venia partidaria primero y la bendición ciudadana después para continuar en sus cargos. Es una carrera que sin lugar a dudas los mantendrá prioritariamente ocupados y distorsionará la dinámica parlamentaria.

Los años electorales no solo suelen tener menos cantidad de sesiones, sino también más riña que debate. Es que no es un año electoral cualquiera, sino elecciones de medio término, donde todas las miradas estarán puestas sobre el Congreso: tanto el oficialismo como la oposición saben que si quieren llegar bien posicionados al 2023, tienen que ganar y con un importante caudal de votos, las elecciones legislativas de octubre. Se espera que, para lograrlo ambas fuerzas políticas busquen polarizar con la otra, diferenciarse y levantar el perfil.

Así las cosas, la mira de Alberto parece haberse posicionado alta, muy alta. En su discurso de apertura de sesiones ordinarias dejó en claro que quiere liderar la agenda legislativa y se mostró decidido a dejarle al Congreso tarea demás. Pero la virtualidad, la falta de consensos, el año electoral y, en suma, las reglas de juego de la política parlamentaria podrían jugar en contra de su hoja de ruta.

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Comentarios

  • CA

    Claudia Analía

    06/03/21

    Esta gente vino al gobierno para hacerse millonaria y zafar de la justicia. NADA MÁS.

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  • CAA

    Carlos Angel Arce

    06/03/21

    Mucho bla, bla para describir lo obvio.... Este presidentito no es mas...... porque llegó al límite de lo inepto. Está TOTALMENTE COOPTADO POR LA KA-CHORRA

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