Hasta el viernes pasado, había una porción de inversores y tenedores de deuda que no tenía expectativas positivas sobre el proceso de reestructuración de deuda que lanzó la Argentina. Consideraban que la oferta de Martín Guzmán no daba esperanzas de un arreglo razonable, y por esa razón no descartaban el default como una salida posible. La historia avala este razonamiento.

Del otro lado se ubicó una porción más importante de acreedores que advertía que el Gobierno no tenía intención de suicidarse. Los que podían tener diálogo con funcionarios de llegada a Alberto Fernández escuchaban un diagnóstico verosímil: no hay un proyecto político viable detrás del default. Posiblemente esa alternativa estuviese en la cabeza de algún sector del kirchnerismo, pero la mayoría de los gobernadores peronistas le dejaron claro al Presidente que estaba bien ser duros con los bonistas, pero no obstinados.

Todos los apoyos públicos que recolectó el Gobierno repetían los mismos términos: el país necesita un esquema sustentable para su deuda, pero que al mismo tiempo le permita honrar sus compromisos. El sendero de respaldos que se formó la semana pasada alentó a los inversores a pensar que había espacio para una segunda vuelta y por eso los bonos empezaron a mostrar una recuperación moderada pero firme.

El viernes cerró el plazo formal de adhesión y el porcentaje de bonistas que adhirió fue bajo y en su mayoría local. No sorprendió: era un gesto interno para evitarle un 0 al Gobierno. Los que se sumaron daban por hecho que la prórroga de la negociación era inevitable.

Y así sucedió. El Ministerio de Economía avisó ayer, a través de la SEC, que la discusión sigue hasta el 22 de mayo. El primer escalón del default fue evitado. ¿Y el segundo? Quienes se lo preguntan son los más escépticos de todos, los que advierten que la propuesta original que hizo el Gobierno fue bastante extrema y creen que por esa razón será improbable consensuar una adecuación que permita el acuerdo.

Los menos pesimistas, por llamarlos de alguna manera, entienden que una vez que el Gobierno aceptó pagar el costo de negociar, no tendría sentido hacerlo desde una postura intransigente. Guzmán acompañó la decisión de ayer con un mensaje que remarca la necesidad de tener un horizonte sustentable para la deuda, y que mientras haya buena fue, está dispuesto a discutir distintas combinaciones de tasas de interés, reducción de capital, período de gracia y extensión de vencimientos. El menú de la negociación está servido.

¿Tendrá margen Alberto Fernández para asumir una propuesta más onerosa que no le genere críticas? La respuesta es simple: solo necesita peronismo. Una vez conseguido el número (el que sea necesario), será el apoyo de gobernadores, legisladores y gremios lo que lo volverá viable para el interés nacional.