Tributos

Deducción de gastos para educación en el impuesto a las Ganancias: un beneficio para la minoría

Los autores analizan la medida por la que se podrá deducir de ganancias los gastos educativos por hasta casi 100.000 pesos en 2023. Sostienen que amplía la brecha de desigualdad educativa y hay menor justicia tributaria

En el Presupuesto Nacional 2023 se aprobó una nueva deducción en el Impuesto a las Ganancias. La propuesta del diputado nacional Emiliano Yacobitti implica más financiamiento a la educación privada y un nuevo beneficio para los sectores de ingresos medios y altos.

Dentro de las deducciones del gasto educativo se incluyen las matrículas y aranceles de las instituciones educativas privadas. Así, se podrá descontar un 40% de los gastos educativos con un tope anual, que para el año 2022, será de $101.026.

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La educación privada acumula varios beneficios: a) financiamiento directo de salarios docentes a través de subsidios que se asignan al 73% de las escuelas privadas; b) pago directo del Incentivo Docente al sector privado y c) financiamiento indirecto vía exenciones impositivas a escuelas privadas. Por ejemplo en el IVA esas ventajas para 2023 equivalen al doble del presupuesto de todas las universidades nacionales del Conurbano Bonaerense.

Esto es preocupante cuando se confronta con los resultados del operativo Aprender 2021: el porcentaje de estudiantes que asisten a escuelas primarias públicas con nivel de desempeño "por debajo del básico" en el área de Lengua, triplica el de los estudiantes de escuelas privadas. La brecha por nivel socio económico es aún mayor: 35 puntos porcentuales separan el nivel de desempeño de los estudiantes de NSE bajo respecto de los de NSE alto, que se concentran en el sector privado.

Esta medida fue simultánea a la reducción del presupuesto para el Ministerio de Educación en un 8,21% en valores reales, con impacto en partidas claves como la de fortalecimiento edilicio de jardines e infraestructura y equipamiento escolar.

Resulta muy difícil entender cuáles fueron las razones de los distintos bloques políticos (incluido el oficialismo), para prestar acuerdo a una propuesta que sólo causa una ampliación de la brecha de desigualdad educativa y una menor justicia tributaria.

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En los fundamentos de la propuesta, se plantea que para la efectivización del derecho humano a la educación, "es preciso que exista igualdad de oportunidades, acceso universal a la enseñanza y se eliminen los obstáculos para alcanzar una educación de calidad". Proponer una política regresiva que beneficia a los dos primeros deciles de ingresos sólo refuerza una tendencia a la mercantilización del acceso a derechos, dejando sujeta a la capacidad de pago de las familias la calidad educativa que merecen.

Además, esta decisión profundiza el desplazamiento desde la tradición de financiamiento de la oferta de la educación argentina hacia la demanda (gasto educativo que realice un contribuyente), bajo el argumento de que convertir las decisiones de gasto público en decisiones individuales, vuelve más eficaz la inversión social en educación.

Una política regresiva que beneficia a los dos primeros deciles de ingresos deja sujeta a la capacidad de pago de las familias la calidad educativa que merecen

¿Por qué la inversión sería más eficaz si la realizan las personas? No será por la eficacia para generar la igualdad de oportunidades que invocó la propuesta. Sí puede resultar eficaz para producir el efecto contrario, toda vez que, como se afirmó en la propuesta "aquellos con mejor educación tienen más posibilidades de progreso que los que no han podido acceder a ella", tanto más si, además, le otorgamos a una minoría beneficios impositivos a los que no puede acceder el resto.

regresividad impositiva

La medida profundiza la regresividad del sistema impositivo. En Argentina, el 20% de la población de menores ingresos aporta a la recaudación una proporción mayor que su participación en el ingreso nacional. Con esta decisión, se ahonda la desigualdad: sólo podrán beneficiarse el 20% de mayor ingreso de la población.

Se puede discutir la eficacia y eficiencia de la inversión en educación del Estado, pero eso no significa que si queda en manos de los contribuyentes vaya a resolverse el problema de la educación. Por el contrario, la tendencia a mercantilizar el acceso a derechos agranda las brechas de desigualdad. Lo que es evidente, es que esta decisión no aporta a la igualdad y equidad educativa ni a la justicia fiscal, sino todo lo opuesto.

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