La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión que cambiar para siempre las reglas de miles de familias en México. El fallo del Máximo Tribunal apunta directamente contra una norma que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que, durante años, dejó fuera de cobertura a niñas, niños y adolescentes con discapacidad que necesitaban dispositivos médicos esenciales. El caso que detonó la resolución involucra a un niño derechohabiente del IMSS con discapacidad auditiva. Sus padres pelearon en la justicia para que el Instituto le otorgara un implante coclear, el único tratamiento disponible para la hipoacusia bilateral profunda que padecía. El IMSS lo negó amparándose en su propio reglamento. Lo que siguió fue un proceso judicial que terminó con una declaratoria general de inconstitucionalidad y un nuevo precedente que sienta jurisprudencia de cara a futuros casos. El artículo en cuestión era el 42, fracción II, del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS. Esa norma excluía expresamente del Seguro de Enfermedad y Maternidad la dotación de: La SCJN determinó que esa exclusión era incompatible con la Constitución mexicana y con la Convención sobre los Derechos del Niño. Ninguna norma reglamentaria, sostuvo el tribunal, puede bloquear de forma generalizada el acceso a insumos médicos esenciales para tratar una discapacidad. La entonces Segunda Sala del Máximo Tribunal había otorgado previamente un amparo para proteger al niño del caso original y había emitido jurisprudencia clara: la exclusión reglamentaria violaba los derechos a la salud, a la seguridad social y al interés superior de la niñez reconocidos en el artículo 4° constitucional. El IMSS tuvo 90 días para modificar o eliminar la norma. No lo hizo. Ante esa inacción, el Pleno de la SCJN inició el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad y llegó a la conclusión de que la invalidez debía extenderse más allá del caso concreto. La declaratoria general de inconstitucionalidad tiene efectos concretos e inmediatos para miles de familias mexicanas. A partir de este fallo: La decisión de la Suprema Corte refuerza que el derecho a la salud y a la seguridad social de los niños con discapacidad no puede quedar supeditado a restricciones reglamentarias. El fallo es definitivo y no tiene vuelta atrás.