ANÁLISIS

¿Cuánto capital político podrá conservar Alberto?

Como consecuencia de la mala gestión de la pandemia, la profundización de la crisis económica y la oscilación política constante (sin conformar a propios ni a extraños), Alberto Fernández se disponía de antemano a encarar este proceso electoral cargando un fuerte desgaste. Por eso, para el mandatario la situación ya era compleja cuando el Olivosgate estalló, asestándole un duro golpe a su maltrecha credibilidad. Si el Frente de Todos no logra un buen resultado en los comicios, es probable que el Presidente sea señalado como el abanderado de la derrota y el desgaste se profundice. Frente a este escenario, surge un interrogante que resulta crítico para el futuro de mediano plazo de la Argentina: ¿Cuánto capital político podrá conservar Alberto Fernández luego de los comicios?

Para después de las elecciones, al Gobierno le depara una agenda repleta de obstáculos, sobre todo en materia económica, y contará con poco margen de acción por las propias restricciones que impone la realidad. La Argentina terminará este año con un déficit fiscal en el rango del 3,5 al 4% del PBI: desde este punto de partida el FMI requerirá una progresiva corrección. El organismo exigirá un sendero creíble y compatible con sus principios y los criterios de sus socios más importantes, que deberán aprobar el nuevo acuerdo, sin generar un precedente que complique futuras negociaciones con otros países. ¿Podrá un gobierno con poder acotado y fuertes divisiones internas implementar un programa en esta dirección? Esta vez la historia no nos brinda muchas referencias para proyectar eventuales desenlaces.

Desde 1983, los grandes desequilibrios macro los tuvo que corregir (con mejores o peores resultados) siempre un gobierno no peronista: Alfonsín los heredados de la última dictadura, De la Rúa los de Menem y Macri los del kirchnerismo. El peronismo siempre logró endosarles a sus sucesores las distorsiones macroeconómicas, evitando las correcciones durante su mandato. Está dinámica histórica tuvo una sola excepción, más remota y en un contexto doméstico e internacional absolutamente diferente: el Rodrigazo. El gobierno justicialista de entonces contaba con un poder muy disminuido luego de la muerte de Perón y no pudo evitar que los desequilibrios acumulados en los años anteriores terminaran explotando en el ajuste que demasiado tarde y de forma caótica intentó implementar Celestino Rodrigo.

Sin embargo, el contexto de 1975 tampoco sirve como punto de comparación. Las correcciones que deberá implementar el gobierno de Fernández tendrán lugar en el marco de un acuerdo con el FMI, con lo bueno y con lo malo que esto puede representar. Además, a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos peronistas previos, el FdT debe convivir con una oposición fornida, que podría consolidar su posición si logra realizar una buena elección en noviembre, tal como lo pronostican los sondeos.

Uno de los pocos logros que indudablemente puede exhibir la política argentina de los últimos 38 años es el afianzamiento del sistema democrático; por eso, la tercera diferencia con el contexto histórico de aquel momento es que hoy nadie concibe la ejecución de un golpe militar como una salida posible frente a la crisis (tal como terminó ocurriendo en 1976). Por suerte, la alternativa no democrática dejo hace mucho tiempo de ser viable.

Estamos entrando entonces en terreno desconocido. Si descartamos opciones extremas, como un default con el FMI y un reforzamiento del cepo a las importaciones (que comprometería el funcionamiento de una industria nacional que requiere de insumos), ocurriría algo que nunca hemos visto antes: un gobierno peronista ajustándose a sí mismo. Sin embargo, no son pocos los que le temen a una salida que se quede a mitad de camino: ¿Es posible que el Gobierno continúe postergando los cambios estructurales a la vez que alcance un acuerdo con el FMI? Quizás sea posible si, tal como afirman algunos, se trata este de un Fondo más permisivo. Curiosamente, dicha estrategia política tendría consecuencias económicas y electorales negativas para el propio oficialismo: al postergar las correcciones, el principal perjudicado será el Gobierno. Parece anti-intuitivo, pero se trata de un escenario que no debe descartarse.

Un acuerdo percibido como subóptimo por el mercado, servirá para evitar el default, pero no para recuperar la confianza (al igual que ocurrió con la renegociación con los bonistas). Sin un plan consistente, la Argentina seguiría atrapada en un espiral descendente de decadencia: en un régimen de alta inflación, sin atraer inversión, sin generar empleo y con apenas una recuperación mediocre tras la profunda caída. Por eso, si la ideología y los prejuicios predominantes por sobre el pragmatismo, las posibilidades que tiene el oficialismo de permanecer triunfar en 2023 se reducirían considerablemente.

Sin embargo, para recomponer la confianza se requerirá de algo más: el apoyo de la oposición a las medidas de ajuste representa un elemento necesario, aunque no suficiente. Si el resultado en estos comicios es parejo, y más aún si el oficialismo sale derrotado, los actores económicos le otorgarán mayor probabilidad a una alternancia en el poder en 2023. En consecuencia, un acuerdo que no cuente con el consenso de la oposición carecería de credibilidad. Por lo tanto, Juntos por el Cambio se enfrenta a una disyuntiva: ¿cooperará con el oficialismo avalando el nuevo acuerdo con el FMI? Si dicho entendimiento sirve para comenzar a corregir el desorden macroeconómico y logran un triunfo en 2023, entonces podrían recibir una situación más ordenada. Sin embargo, lo que en Argentina suele predominar es una visión de cortísimo plazo, donde lo electoral prevalece frente a las políticas de Estado. Tampoco hay muchos antecedentes históricos de cooperación entre oficialismo y oposición en este sentido.

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