En los últimos años, los enfrentamientos entre países se han incrementado. Según el Uppsala Conflict Data Program (UCDP) de la Universidad de Uppsala en Suecia, en el último periodo de 5 años (2021/2026) el promedio de conflictos a anuales es de 61; mientras en el periodo de 5 años anterior (2016/2021) fue de 50; y en el anterior (2011/2016) fue de 41.
Ahora bien, mientras los conflictos convencionales (como los referidos más arriba) crecen en número, también se incrementan los casos de “guerras económicas”.
Las guerras económicas (bloqueos, sanciones, restricciones varias, imposiciones financieras, alteraciones en los marcos comerciales, embargos, etc.) son estrategias y medidas de presión aplicadas por estados o actores globales con el fin de debilitar, desestabilizar o controlar la economía de un país o una zona rival sin recurrir necesariamente a un enfrentamiento militar directo.
El Global Sanctions Dashboard del Atlantic Council es un estándar global para medir la acumulación de sanciones económicas entre países, y sus registros muestran un crecimiento exponencial: antes de 2022 el país más sancionado del mundo era Irán (con unas 3000 sanciones activas), pero tras la invasión a Ucrania el bloque occidental (EE.UU., Unión Europea, Reino Unido) aplicó una ofensiva económica sin precedentes y ya se han superado las 20.000 sanciones activas contra Rusia.
En verdad, el último lustro dio lugar a la campaña de asfixia financiera más masiva y coordinada de la historia moderna.
Como un modo (entre otros) de cuantificar el fenómeno (de difícil medición) puede computarse que, entre fines de 2023 y fines de 2024, el valor de los bienes globales bajo restricciones de exportación saltó de 121.000 millones de dólares a más de 230.000 millones de dólares (lo que demuestra que los estados usan cada vez más la intervención en el comercio de tecnología, minerales y energía como armas de coacción).
Puede decirse, entonces, que las sanciones económicas son cada vez más relevantes dentro de la diplomacia (aunque no reemplazan a la diplomacia tradicional) y se han convertido en una extensión central de ella. Las sanciones económicas ya son un instrumento crítico de la política exterior de numerosos países o bloques. No sustituyen a la diplomacia: son diplomacia coercitiva.
Pues ocurre que Argentina no está fuera del fenómeno y las recientes sanciones económicas contra actores que se desenvuelven en la zona de Malvinas anunciadas por el gobierno argentino representan una aplicación de lo que los analistas llaman “armamento económico” (economic weapon) de alcance secundario.
Así, la reciente escalada de medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, mediante el Decreto 868/2026 y el nuevo proyecto de ley de soberanía nacional enviado al Congreso, replica de forma similar las mismas estrategias geoeconómicas y legales que hoy aplican las grandes potencias en el mundo.
Ahora bien: las guerras económicas y las sanciones internacionales generan resultados dispares. En el ámbito de las relaciones internacionales, existe un amplio consenso basado en datos históricos: las medidas coercitivas económicas tienen una tasa de éxito político relativo y dependiente de cada caso.
Así, es interesante que mientras las “guerras económicas” crecen en número, el comercio internacional total en el planeta sigue en alza (alcanzó el récord de 35 billones de dólares en 2025) y la inversión extranjera directa en el mundo (IED) ha mostrado una resiliencia asombrosa (repuntó a $1.6 billones de dólares).
Entre otros motivos, ocurre que el comercio internacional sigue creciendo en el globo pero ahora apoyándose en el “alt-shoting” (el crecimiento del friend-shoring más la emergencia de los llamados “países conectores” que triangulan para que las cadenas de valor no se interrumpan).
Ello muestra que hay afecciones focalizadas pero que no afectan el sistema total. Sin embargo, por otro lado, las finanzas globales no han salido intactas y están experimentando lo que el Foro Económico Mundial (WEF) y el FMI describen como una “fragmentación tectónica por líneas geopolíticas”: el dinero se sigue moviendo y creciendo en volumen, pero sus rutas y la infraestructura sobre la que viaja han cambiado drásticamente.
Los informes de fragmentación geoeconómica del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de Pagos Internacionales (BIS) exponen cómo las vías del dinero internacional están mucho más obstruidas que los flujos de mercancías.
Así, el comercio mundial global sigue marcando pautas de crecimiento (simplemente se “reconfigura”); pero, en simultaneo y según los indicadores de restricciones de cuenta financiera del FMI, los flujos transfronterizos de carteras de inversión, bonos corporativos privados y créditos interbancarios dirigidos hacia economías fuera de bloques aliados se volvieron negativos en zonas de riesgo geopolítico.
El costo del cumplimiento (compliance) emerge como efecto. El BIS detalla que los costos regulatorios y las trabas legales para mover capital entre países no alineados se incrementaron significativamente creando una fuerte concentración financiera donde el dinero solo viaja a destinos donde hay 100% de seguridad jurídica y política.
Por ello, puede esperarse que es en esta brecha financiera donde la nueva estrategia de sanciones secundarias de Argentina encuentre su efectividad: la estrategia ya no opera bajo una lógica comercial (impedir que barcos británicos pesquen o que el petróleo fluya allí físicamente), sino bajo una lógica de asfixia al mercado de capitales e inversión.
La estrategia argentina puede funcionar porque se apoya en la tendencia global que muestra que el capital financiero es sumamente miedoso a las sanciones y la regulación política. Al forzar a las corporaciones a elegir entre Malvinas o Vaca Muerta, Argentina utiliza el mercado financiero como un mecanismo de veto.
