Lunes  24 de Agosto de 2020

En medio de la crisis, la batalla de las reformas

En medio de la crisis, la batalla de las reformas

Alguien sacó la cuenta como quien no quiere la cosa: "Faltan 300 días para el cierre de listas". Y eso, que parece una eternidad ocurre en la vertiginosa y pendular Argentina de hoy, que además está atravesada por las urgencias del Covid-19. El oxígeno, aunque con barbijo, que significó el cierre del acuerdo con los bonistas, el rebote que mostraron los indicadores de mayo y junio en algunos sectores, duró tan poco como suele ocurrir en tiempos de crisis económica.

Pero esta vez, se sumaron las batallas por las reformas: la judicial que muy pocos quieren y las estructurales que reclaman en el sector privado pero que quedarán, en el mejor de los casos, cajoneadas hasta fines 2021. 

Cuando aún faltan definiciones sobre la pospandemia, la contienda electoral política se echó a andar, fuertemente y nada la frena. Ni siquiera que el hecho de que este año sería el peor en materia de PBI desde 1890 si es que el derrumbe sólo orilla el 12,5% en diciembre próximo (como pronosticó el estudio Ferreres) y que arrastrará a seis de cada diez chicos de hasta 24 años a la pobreza para fines de este año como ya pronosticó Unicef Argentina (una advertencia que ocurrió hace casi un mes pero de la que duele olvidarse).

La pelea de trastienda se visibiliza en la reforma judicial y sus recientes cláusulas incorporadas, pero hay mucho más y todo repercute en el mundo de los negocios, que ya viene acarreando un clima muy hostil para las inversiones desde antes de la pandemia.

La reforma tiene dificultades en la Cámara de Diputados para imponerse y pasaría a ser tratada luego del Presupuesto que, seguramente, saldrá rápidamente. Un Presupuesto que ya tiene borradores escritos para contemplar, por ejemplo, los recursos de los u$s 2000 millones que hay que pagar el año próximo y que será el primero con letra propia exclusiva del gobierno de Alberto Fernández.

El mismo primer mandatario acaba de suspender las subas en telefónicas, TV e Internet a pesar de que se habían empezado a discutir aumentos del 11%. Si eso ocurrió, ¿qué podría esperarse de las subas en las tarifas de los servicios públicos que ni siquiera se empezaron a debatir entre funcionarios y prestadoras?

Recientemente había ocurrido el primer contacto entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el CEO de Edenor, Ricardo Torres. Fue a partir de unas declaraciones periodísticas del empresario, quien había advertido que sólo el año pasado los clientes de esta distribuidora recibieron subsidios por u$s 500 millones.

En aquel encuentro virtual se habló de la manera de reducir subsidios y mejorar tarifas e incluso las eléctricas enviaron sus propias proyecciones. Un único contacto en ochos meses de Gobierno para un sector y tema clave. Pero ahora ni siquiera eso valdrá porque cambió el titular de Energía (se concretó un secreto a voces) y además el área pasó a la órbita del ministro de Hacienda, Martín Guzmán. 

En el Palacio de Hacienda están compenetrados en las proyecciones 2021, un año en que el consumo tendrá rol protagónico con el delicado desafío de hacer convivir anabólicos al consumo con corsé inflacionario y en un año electoral, también el que será el primer test de medio término para el presidente Fernández. De las denominadas reformas pendientes, en ese borrador no hay nada. Tampoco, dicen, hay mucho apuro en cerrar con el Fondo Monetario Internacional.

Claramente una cosa viene atada a la otra. El equipo del FMI pedirá corsé al gasto público, que terminaría este año muy cercano al 7% del PBI de la mano de la emisión. Es una receta que utilizan muchos países para ganarle a la crisis de la pandemia pero que en la Argentina nunca se recurre de modo excepcional. Las reformas, claramente quedarán para luego de las próximas elecciones, por ejemplo la tributaria y la laboral.

Hay otros ejemplos de tensiones que preocupan al sector privado. Por ejemplo, la ley de la industria del conocimiento que todo el arco político asegura en el sector empresarial que sale pero que aún no tiene ni venia para un tratamiento e labor parlamentaria. De acuerdo con los datos de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) que preside Sergio Candelo con esta ley se podría generar una potencialidad de exportaciones y empleo privado.

Por ejemplo, según esa entidad, "un puesto de trabajo en una autopartista, cementera o en la industria del aluminio arranca de un piso de u$s 40.000, según los cargos pero en la industria del conocimiento ronda los u$s 5000".

En el acto quedó un sabor amargo luego de la sanción de la ley de teletrabajo que todos los sectores cuestionaron y que aún apuestan a que se modifique en la reglamentación. Sorpresas en las reglamentaciones, por ejemplo, en la instrumentación de la resolución que establece cupos femeninos en los directorios de asociaciones, ONG y economía mixtas, ya que se introdujo la obligación para atrás, algo que no estaba contemplado y que descolocó al Ministerio de las Mujeres. 

En los gremios también apresuran los tiempos; por eso se cerraron casi la totalidad de las 25 paritarias que se discuten en cuarentena. Lo que preocupa es que el DNU que establece la prohibición de despedir aún en situaciones de fuerza mayor (como muchas empresas sostienen que es la pandemia) finalizará a fines de mes.

En la CGT hay una enorme preocupación por la informalidad laboral que crece al compás de la pandemia y que dejaría hacia fines de este a más de la mitad de la población económica activa entre sus garras; es decir solo la mitad que quedaría en el sistema formal deberá sostener con sus impuestos las cargas sociales y asistenciales post pandemia. Una ecuación que asoma irremontable, al menos en el corto plazo en cualquier presupuesto, tanto en la Ley de Leyes como en los balances de las corporaciones. 

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