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El debate sobre la cláusula gatillo y la eventual revisión del acuerdo salarial

JULIÁN DE DIEGO

JULIÁN DE DIEGO Profesor de Derecho del Trabajo y Director del Posgrado UCA

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Lacunza, Villegas y Finocchiaro recibieron a un puñado de gremios. Suteba y FEB, entre otros, consideraron inválida la reunión y pegaron el faltazo

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La renegociación de los salarios tiene una pauta sugerida por el Poder Ejecutivo en el sentido de pactar un incremento del 15%, en el entendimiento de que la pauta oficial será igual a la inflación.

La incógnita no está en el objetivo aspiracional de articular ajustes inferiores a la inflación y por ende, los que trabajan en relación de dependencia pierdan poder adquisitivo y retrasen el poder de compra de su salario.

Es más, la CGT negociadora (hoy la mayoritaria) tiene dos alternativas. Una fue ya empleada en 2017 con cláusulas gatillo que se activaban cuando la inflación del IPC del Indec superara lo acordado. La otra alternativa era la de reanudar la negociación colectiva si se traspasaba la inflación para renegociar el saldo.

Dentro de la teoría de los juegos, cuando dos o tres jugadores cuentan con los mismos recursos para confrontar, todos ellos utilizarán la mejor alternativa para lograr el triunfo, que en este caso forma parte de una negociación colaborativa. En función de esta conclusión tenemos el llamado "equilibrio de Nash", la elección hará su convergencia sobre el mismo resultado a pesar de que todos defienden intereses distintos, por ser la mejor alternativa, (John Forbes Nash, Premio Nobel de Economía 1994, 1936-2015).

Por ende, es básico saber si la cláusula gatillo o la reapertura son equivalentes, o una de ellas es más beneficiosa que la otra. En su caso, habrá que evaluar cuál de ambas genera mayores riesgos para que se genere un resultado imprevisto, un cisne negro.

Para el Poder Ejecutivo la predeterminación de un objetivo inflacionario del 15% sin cláusula gatillo evita la desnaturalización de la meta y eventualmente con una posible revisión de última instancia. El porcentaje tiene por fin fijar un límite a las expectativas, generalmente creadas por los diagnósticos de consultoras y especialistas. Al crearlas en base a suposiciones, proyecciones y estimaciones, en rigor, apuestan a metas inciertas probabilísticas.

La CGT ha dejado librado a cada uno de los sindicatos o federaciones la opción a seguir, aun cuando prefieren la cláusula gatillo porque le brinda certeza anticipada a que los ajustes se puedan alinear con la inflación. La reapertura de la negociación si el IPC del Indec supera lo acordado genera un nuevo proceso de negociación, pero a la postre, puede lograr el mismo resultado. En otros términos, el desfasaje se puede reajustar recalibrando el ajuste al final del período.

El sector empresario en general experimenta un claro dualismo. Por una parte sabe que es altamente improbable que los ajustes se localicen por debajo de la inflación y por ende, deben ser realistas. La cláusula gatillo es automática, con lo cual resulta más atractiva que la reapertura de la negociación que puede contaminarse con otros eventuales reclamos, y conformar entonces un nuevo segmento del proceso con nuevos componentes conflictivos. Por otro, se trata de acompañar a las metas del gobierno en su campaña contra la inflación, de modo que fijar ajustes dentro del 15% sin ningún aditamento.

Acordar en el 15% o 16%, con cláusula gatillo o con cláusula de revisión tienen el mismo propósito, y es el de recalcular el ajuste alineándolo con la inflación. Esta premisa es en rigor coincidente entre las tres partes, porque seguimos impulsando la negociación colectiva con una sola motivación, la de mantener los salarios en su poder adquisitivo. En los salarios de los fuera de convenio ocurre un fenómeno similar. Los ajustes se realizan generalmente en dos tramos, uno en el primer cuatrimestre y otro de reacomodación en el segundo. Las encuestas revelan que las empresas respetarán la inflación para el pago de sus ejecutivos.

Los grupos disidentes liderados por Moyano y sus adherentes, la CTA y ATE, los gremios de la educación, y los grupos del FPV y de izquierda utilizarán el conflicto y la presión extorsiva para imponer su voluntad. En rigor, ninguna de las exteriorizaciones provenientes de estos grupos siguen el principio honeste vivere, alterum non laedere, cuique suum tribuere según el cual el ejercicio de un derecho implica actuar con honestidad, no debe dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo, dentro de la democracia y de los principios republicanos.

En síntesis, las proyecciones pueden contar con alguna ligera variante, pero apuntan a tres premisas, el porcentaje de la pauta, y dos alternativas de ajuste, y en su caso, todo buscará su nivelación hacia el fin del período anual de las negociaciones colectivas de salarios. En síntesis, se trata nuevamente de un "equilibrio de Nash".

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