Alberto prioriza señales políticas por sobre las necesidades económicas

El último mes del año suele ser estresante para cualquier gobierno, porque comprime situaciones económicas que se vuelven clave para el corto plazo. El gasto público tiene un salto estacional que tensiona a todos los secretarios de Hacienda y de Finanzas.

Pero lo mismo sucede en el Banco Central, ya que el pago de los aguinaldos (tanto del sector público como del privado) pone una masa de pesos en la calle que siempre son una tentación para la inflación. Los precios se reacomodan para tratar de dar un golpe de rentabilidad a las empresas antes de iniciar el verano, y la política apura decisiones antes de que el receso judicial y legislativo fuerce una pausa en la gestión.

Todo esto pasa en un fin de año normal. Pero el 2020 fue mucho más duro, y con la crisis de expectativas que se aceleró desde septiembre, los componentes que agregaron inestabilidad a diciembre fueron muchos más. El principal está ligado al mercado cambiario, ya que la caída de reservas que enfrenta el Banco Central todavía no muestra señales de reversión.

En noviembre se observó menos demanda de dólares para atesoramiento por efecto de todos los cerrojos que aplicó el regulador. Pero en paralelo, lo que no hay es entrada de dólares. El superávit comercial se achicó en los últimos dos meses, pero mucho más lo hizo la caja que viene con ese saldo. Los importadores aceleraron pagos y los exportadores demoraron liquidaciones, con lo cual el mercado se sigue preguntando si cabe esperar una corrección del tipo de cambio que modifique esta tendencia.

Esa es la salida que perciben muchos analistas, pero no el Gobierno. Martín Guzmán dijo el fin de semana al diario Financial Times que el FMI es consciente del daño que puede provocar una devaluación. También subrayó que no pretenden apurar un acuerdo con el organismo, ni buscan obtener fondos extras a cualquier precio. El titular de Economía ratificó que no prevén ejecutar el swap con China. Eso significa que seguirá tratando de calmar las expectativas con palancas más ortodoxas: menos gasto y menos pesos del BCRA.

El Gobierno quiere que en diciembre el Congreso adquiera un ritmo de actividad mucho mayor al que mostró (por obvias razones), en un año marcado por una pandemia. No solo extendió las sesiones ordinarias diez días, sino que sumó 25 proyectos a las Extraordinarias.

Muchos de ellos tienen impacto económico, como el impuesto a la riqueza y el cambio en la fórmula de ajuste de las jubilaciones. También incluyó la prórroga del Consenso Fiscal y la norma que exige aval legislativo para el aumento de la deuda en dólares. Alberto sumó iniciativas de interés para Cristina Kirchner, como la reforma judicial y la que modifica la elección del Procurador. La principal señal que recibirán los inversores con este paquete es que puede representar una tregua entre el Presidente y su vice. No mucho más.

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