

La posibilidad de obtener la Green Card en Estados Unidos cambió para miles de inmigrantes que solicitan la residencia permanente. El Gobierno de Donald Trump modificó los criterios que utilizan las autoridades migratorias para evaluar si una persona podría convertirse en una carga pública para el país.
La nueva medida amplía los factores que puede considerar el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), incluidos determinados beneficios públicos recibidos por los solicitantes. El cambio forma parte de una modificación normativa que dejó sin efecto la regulación migratoria de 2022.
La disposición comenzó a aplicarse el 18 de septiembre de 2026 y establece nuevas pautas para analizar las solicitudes de residencia.
Qué cambió USCIS por orden de Trump para evaluar las solicitudes de Green Card
El Gobierno de Donald Trump modificó los criterios que utiliza Estados Unidos para determinar si un inmigrante puede obtener la residencia permanente. La medida consiste en eliminar la regulación de 2022 sobre los factores y beneficios públicos que podían considerar los funcionarios migratorios al evaluar determinadas solicitudes.
Según la regla definitiva publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Federal Register el 20 de julio de 2026, la eliminación de esa normativa devuelve a los oficiales de inmigración una mayor discrecionalidad para analizar las circunstancias de cada solicitante. El cambio entró en vigor el 18 de septiembre de 2026 y alcanza, entre otros casos, a las solicitudes de ajuste de estatus presentadas en esa fecha o después mediante el formulario I-485.

Qué beneficios públicos puede considerar USCIS al evaluar la Green Card
USCIS puede tener en cuenta si una persona recibió o solicitó determinados beneficios públicos sujetos a una evaluación de sus recursos económicos (mean-tested public benefits). En su orientación sobre la nueva política, la agencia menciona distintas formas de asistencia que pueden formar parte del análisis:
- Cupones de alimentos: como el programa SNAP.
- Ayuda para vivienda: determinados programas de asistencia habitacional.
- Asistencia económica para estudios universitarios.
- Ayuda en efectivo: destinada al mantenimiento de ingresos.
- Beneficios de salud sujetos a evaluación de recursos: como Medicaid y CHIP.
- Otros programas similares financiados por el Gobierno y sujetos a la comprobación de recursos económicos.
La fecha en que se recibieron esos beneficios también es importante ya que la regla establece que las ayudas recibidas antes del 18 de septiembre de 2026 se evalúan con los criterios de la regulación de 2022; en cambio, las recibidas o solicitadas a partir de esa fecha pueden ser consideradas bajo el nuevo marco. Esto no significa que recibir una ayuda pública provoque automáticamente el rechazo de la Green Card, USCIS debe analizar su relevancia junto con las demás circunstancias del solicitante.
A qué inmigrantes alcanza la nueva regla y qué factores analiza USCIS
La modificación alcanza a determinados inmigrantes que solicitan convertirse en residentes permanentes desde Estados Unidos mediante el formulario I-485. USCIS explica que el motivo de carga pública se aplica a las categorías de solicitantes que no están exentas por ley. Entre quienes pueden quedar sujetos se encuentran ciertos familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, trabajadores extranjeros, inversores y solicitantes de visas de diversidad. En cambio, existen categorías protegidas, como refugiados y asilados, que están exentas en esta causal de inadmisibilidad.
Para decidir cada caso, los funcionarios deben considerar al menos cinco factores establecidos por la ley:
- Edad.
- Estado de salud.
- Situación familiar.
- Bienes y recursos económicos.
- Educación.
- Habilidades laborales.
Asimismo, pueden evaluar la declaración jurada de patrocinio económico (Affidavit of Support, formulario I-864) y otros elementos relevantes. La decisión debe basarse en el conjunto de las circunstancias de cada persona, por lo que la recepción de beneficios públicos es un elemento del análisis y no determina por sí sola el resultado de la solicitud.












