Ribeiro consigue cinco meses más para llegar a un acuerdo con sus acreedores

La Justicia le dio a Ribeiro cinco meses más, hasta el 26 de octubre, para llegar a un acuerdo con los acreedores de su concurso preventivo, abierto en 2021 por un pasivo que supera los $ 5300 millones.

La empresa lo consiguió, pese a que ya había obtenido una extensión de 30 días para el vencimiento de su período de exclusividad, es decir, el plazo que tiene una empresa en convocatoria para resolver el repago de su deuda.

Este jueves, Fernando Pennaca, subrogante en el Juzgado Comercial 23, Secretaría 46, donde se tramita el concurso de Ribeiro, accedió a conceder una "nueva y excepcional prórroga" que pidió la empresa.

Así lo informó la propia Ribeiro, en notas enviadas a la Comisión Nacional de Valores (CNV) a última hora del viernes.

Fundada en 1910, en San Luis, cinco años atrás, por el impulso de sus "minicuotas", Ribeiro llegó a tener 87 sucursales a nivel nacional y una facturación de u$s 370 millones. La crisis argentina que empezó a gestarse en 2018 la hizo tambalear, hasta que en agosto de 2021 la empresa solicitó el paraguas judicial. Actualmente, tiene 16 locales y un centro de distribución en La Zal, San Luis. De 2000 empleados, pasó a más de 600. 

En febrero de este año, luego de fracasar en la búsqueda de inversores, la cadena les hizo una propuesta de pago a sus acreedores. Les ofertó el 100% de lo que obtuviera con la venta de su centro de distribución en el Polo Industrial de Ezeiza, cotizado en, al menos, u$s 10 millones por dos brokers inmobiliarios (L.J. Ramos y Adrián Mercado). Presentó este plan en tiempo de descuento al vencimiento del período de exclusividad, razón por la cual el juez ya había otorgado la prórroga de 30 días prevista en el artículo 43 de la Ley de Concursos y Quiebras. 

De hecho, este martes, debía realizarse una audiencia en la que la empresa debía informar sobre los resultados de la propuesta. Con la extensión a octubre, se suspendió y se fijó nueva fecha el 19 de ese mes.

El juez justificó su decisión en que, más allá de los 30 días previstos por la ley, él debe velar por la continuidad de la empresa, el mantenimiento de las fuentes de trabajo y la tutela del crédito. Además, agregó, del expediente se observa "el grado de avance en la obtención de las mayorías (...), lo cual demuestra un compromiso de la deudora en tratar de superar su cesación de pagos mediante esta vía concursal".

Por qué Ribeiro pidió una nueva extensión del plazo para el acuerdo con sus acreedores

"Venimos a solicitar la ampliación del período de exclusividad, con el fin de agotar las posibilidades de aprobación de la propuesta", planteó Ribeiro, en su nuevo pedido al juzgado. Uno de los motivos que argumentó fue una reciente mejora hecha en la propuesta de pago, que debe ser analizada por sus acreedores. 

También sostuvo su pedido de más tiempo en el contexto de la negociación: "Si bien el contexto negocial habitual en la República (Argentina) suele ser complicado, las circunstancias que enfrenta hoy la concursada son mucho más difíciles".

Señaló que el activo ofrecido -es decir, el centro logístico de Ezeiza, al que define como "valioso por su ubicación, condiciones de uso, escasísima antigüedad y avanzada tecnología"-, "atrae el interés de muchos postulantes y su venta constituye una posibilidad cierta".

"Sin embargo, en la estimación de muchos acreedores (que valorizan profesionalmente sus créditos), también son contempladas las circunstancias del mercado de la concursada y sus posibilidades de continuar participando en él e incrementando su porción", agregó.

"En todo ello, influye la situación económica general, francamente mala para las decisiones concursales que, en muchos casos -sobre todo, institucionales-, se adoptan en comités, analizando esa situación y el impacto de las acreencias en los resultados", continuó.

"Entre los ingredientes de ese escenario económico general que enrarecen la negociación, se halla el proceso inflacionario en curso y sus proyecciones, por la distorsión que provocan en los cálculos y las previsiones de los acreedores", apuntó.

Subrayó que eso "agrava la erosión" de los valores fijados cuando se presentó la propuesta, hace tres meses. "A ello se añaden las circunstancias cambiarias, la disparada de las cotizaciones y de la brecha entre el dólar oficial y los restantes ofrecidos", amplió y precisó que eso influye en las deudas en dólares y en el valor del predio a vender, cuya base está tasada también en esa divisa.

"Otro factor exógeno, no menor, es la situación política y el próximo acto electoral. Los cambios que puedan resultar de ese proceso influyen en mayor medida en acreedores bancarios (sobre todo, en los oficiales) y en algunas empresas multinacionales", agregó.

Refirió que las negociaciones las lleva adelante Manuel Ribeiro, nieto del fundador y presidente de la empresa, en forma personal, lo que -por la cantidad de acreedores y su diferente idiosincracia- agrega complejidad.  "Él no sólo es la representación de la historia de la compañía, sino también el protagonista principal de su crisis, asumiendo los problemas, intentando propuestas y obteniendo el stand & still, y enfrentando los avatares de los hechos posteriores (pandemia, emergencia)". 

"Este modo de negociación personal y directa, desde el comienzo, se ha revelado como inexorable para evitar que el curso de las tratativas no asumiera derivaciones marginales, imposibles de asumir", justificó. "A pesar de la demanda personal que significa, ha evitado situaciones de esa naturaleza", destacó.

Las tensiones con los bancos

Ribeiro le describió otras adversidades al juez. Tituló a la primera "Dificultades con algunos acreedores". "Muchos interlocutores deciden por sí, en tanto otros tienen instancias organizacionales que complican la decisión", refirió.  

Mencionó a los bancos, a los que definió como "acreedores muy relevantes", sobre todo, porque antes de caer en concurso la empresa ya había negociado una refinanciación para evitar (frustradamente) la convocatoria. 

Apuntó, en particular, contra el Banco Patagonia, al que su "condición de entidad multinacional" (pertenece al Banco do Brasil) "ha complicado el vínculo", lo que motivó, según Ribeiro, "que nos viéramos obligados a solicitar su autoexcusión voluntaria".

En otros casos, señaló, la "colectivización de decisiones" entre distintas áreas demoran las definiciones. "En la banca oficial, los factores políticos contribuyen a la estrictez de las respuesta, la excesiva formalizacióin de las tratativas y la rigidez de las decisiones, que involucran muchas instancias, las más altas, muy sensibles al factor político por el origen de los cargos", alegó. "Todo lo cual, dilata en grado sumo las definiciones".

Ribeiro también indicó que, en la negociación con otros bancos internacionales, las decisiones se retardan, "en muchos casos, por exigencias en el nivel de aprobación o, en otros, por el impacto d elas provisiones locales en los estados contables" de sus casas matrices. Situación similar, admitió, vive con acreedores de servicios.

Párrafo aparte hizo con sus tenedores de obligaciones negociables. "Jurídicamente, son acreedores comunes, provistos de un título valor transable en el mercado de capitales. Pero, personalmente, son individuos que, o fueron parte de la historia de Ribeiro, o se incorporaron en su transcurso y, siempre, depositaron su confianza personal en la empresa y su evolución", los distinguió. 

Destacó que, originalmente, estaban ubicados en dos ámbitos: Villa Mercedes (San Luis) y Buenos Aires. "Muchos de ellos hoy están subrogados por sucesores, también individuales. No se trata en ningún caso de inversores institucionales ni profesionales y, en la mayoría, su única experiencia en el referido mercado, ha sido con y por Ribeiro S.A", describió.

"Las reacciones y los temores se contagian", advirtió, sobre la situación de la empresa y la influencia que puede tener en ellos. "Además, todo debe explicarse precisamente por su condición de acreedores que no son inversores profesionales y que, en algunos casos, están asesorados por abogados con poca experiencia concursal y ninguna obligacional", enfatizó.

Señaló que necesita más tiempo, debido a la cantidad de negociaciones previas que exige una asamblea, a la que, según la deudora, "se debe llegar con un cierto consenso alcanzado".

Para ellos, la mejora de la propuesta "exige un esfuerzo negociador individual, voto a voto" y "la esperanza de que no concurran nuevos factores exógenos distorsivos".

Por la complejidad, dispersión geográfica y personalización de esas negociaciones, es que Ribeiro pidó 90 días adicionales. Tendrá 150.