Real Estate

Ley de Alquileres: las inmobiliarias piden liberar precios y volver a contratos de dos años

En una carta dirigida a Sergio Massa, más de 30 entidades de todo el país expresaron qué modificaciones deberían hacerse a la Ley de Alquileres que empezará a debatirse este martes en la Cámara de Diputados

En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, los corredores inmobiliarios le pidieron que la nueva Ley de Alquileres libere los valores y las actualizaciones de los contratos a la voluntad de las partes. Además, solicitaron que se retorne a los dos años de plazo por convenio y rechazaron la aplicación de un impuesto a la vivienda ociosa.

El documento está firmado por cerca de 30 instituciones del sector, que le hicieron llegar su posición conjunta a Massa, en la cuenta regresiva al debate de una ley de alquileres que modifique la fallida norma vigente, cuya discusión comenzará este martes.

Según ese documento, tanto el impuesto propuesto como los precios máximos "profundizaría el retiro de una mayor cantidad de unidades del mercado y desincentivaría la inversión inmobiliaria".

"No podemos dejar de poner énfasis en el desacierto que podría implicar la sola mención de establecer un impuesto a la denominada 'vivienda ociosa' o 'un tope al valor del canon locativo', que en nada contribuirá a incrementar la cantidad de inmuebles ofrecidos en alquiler, sino por el contrario, en función de las marchas y contramarchas que este tema ha suscitado en la sociedad, sólo podría profundizar el retiro de la oferta de un mayor número de unidades", indicó el documento.

La Ley de Alquileres entró en vigencia a mediados de 2020 e introdujo una serie de cambios que lejos estuvieron de cumplir los objetivos buscados. Desde ese momento se produjo una merma considerable en la oferta de unidades en alquiler y en forma paralela hubo una fuerte suba de precios.

La obligación de extender a tres años el plazo de los contratos, una única actualización anual de los precios, y cierta redacción de la norma que trabaría un desalojo por falta de pago, incentivaron a los propietarios retirar del mercado los inmuebles.

El documento presentado contó con una amplia adhesión de diferentes entidades representativas del sector: Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (CoFeCI), además de una serie de cámaras y colegios de corredores inmobiliarios de distintas provincias.

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