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Las prepagas dicen que la decisión del Gobierno las deja al borde de la quiebra

Las principales prepagas del país dicen que se les dictó una "sentencia de muerte" con la decisión del Gobierno de retrotraer las subas cercanas al 160% que tuvieron las cuotas este año. Aseguran que la medida las deja al borde de la quiebra.

La decisión del Gobierno, de que siete empresas de medicina prepaga retrotraigan los aumentos que aplicaron en las cuotas de este año a diciembre de 2023, es "una sentencia de muerte" para el sistema de salud privado y lo "deja al borde de la quiebra", asumieron los principales referentes del sector tras conocer la medida, en varias reuniones que mantuvieron durante el día. 

Las compañías sabían ya que se venía un golpe fuerte en este cruce con el Gobierno, que había escalado luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, habló de la "guerra" que las prepagas le declararon a la clase media. Aun así, el anuncio de hoy sorprendió a las compañías en cuanto a los detalles y esta figura de 'tutela anticipada', muy poco común.

Desde temprano, los abogados internos y asesores de las prepagas analizaban los pasos a seguir con el proyecto de resolución oficial en la mano, mientras escuchaban el discurso del vocero presidencial, Manuel Adorni, que advertía que "la apelación no suspende la medida. Es de aplicación inmediata". 

El funcionario dijo que "no se va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista", en referencia a aumentos aplicados en las cuotas de prepagas desde que el DNU del propio presidente Javier Milei desreguló el sector permitiendo subas de precios sin intervención oficial. 

En rigor, la medida tomada por el Gobierno, que indica que los aumentos ahora se regirán por el Índice de Precios al Consumidor informado mensualmente por el INDEC, da un paso atrás en la libertad de precios que se les había dado a las compañías. Aún así, Caputo celebró el cambio y destacó la labor de los funcionarios que participaron en la decisión. "Gran trabajo Juan Pazo y Pablo Lavigne en la Secretaria de Comercio, utilizando las herramientas institucionales como corresponde, y por supuesto un gran alivio para la clase media", señaló el ministro en su cuenta de "X".

Para las empresas, tal como el gobierno planteo la medida y el nuevo sistema de precios en el sector, el golpe será mucho mayor de lo que se puede calcular. "Es imposible pensar en un monto que se tenga que devolver y otra vez tendremos ajustes por debajo de lo que nos aumentan los costos, porque el resto de nuestros gastos suben sin intervención del Gobierno", dijo otro referente de una de las siete compañías afectadas en principio, que atienden a más de 75% de los afiliados totales.  

Las señaladas son OSDE, Swiss Medical, Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé y Omint, además de que se menciona a la confederación que agrupa a las prepagas, la Unión Argentina de Salud (UAS); y Claudio Fernando Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical S.A. y del entonces presidente de la UAS", quien ayer anunció su renuncia a la entidad.

De hecho, una de las preguntas que se hacían entre las compañías era sobre el criterio aplicado para armar la lista de empresas mencionadas porque, aseguran en las más importantes, que hay algunas empresas con muchos afiliados y aumentos importantes que no están mencionadas.

En la última semana, se barajaron varias alternativas entre las compañías y algunos representantes del gobierno para solucionar el impacto de los aumentos, que estaba trayendo además de muchas quejas, una judicialización importante. Una alternativa discutida fue frenar dos meses los aumentos, pero hacia fin de la semana pasada se cortó el diálogo y esa posibilidad quedó trunca.

Lo que explican las empresas es que una cosa es volver a asumir un retraso en el valor de las cuotas pero otra muy diferente es devolver dinero cobrado que además ya se utilizó para pagar salarios e insumos con aumentos de hasta 400% en los tres meses en que las prepagas subieron el valor de las cuotas alrededor de 160%

"Medicamentos tuvieron 400% de aumento, servicios públicos con subas que llegaron a 300%, combustible, salarios, todo con aumentos muy por encima de los incrementos que aplicamos. Y esto sin tener en cuenta el retraso que arrastramos del año pasado y con la obligatoriedad de cumplir con el PMO, que es nuestro precio de referencia", explicó otro presidente de una prepaga.

La explicación que incluye la referencia al PMO es un anticipo de la defensa que se tendrá sobre la acusación de cartelización. Las empresas dicen que como todos los planes deben cumplir con esa asistencia, su costo es común a todas las compañías y sobre él se calculan los aumentos generales para las cuotas.

El mayor golpe con el avance de esta medida, dicen entre las prepagas, se lo llevarán los prestadores a quienes ya se les pagó con aumentos, clínicas que no pueden devolver el dinero y a las que se les deberá ajustar, en todo caso, en los siguientes meses. Alrededor de 1500, aseguran en el mercado, no podrán continuar atendiendo. 

Un miembro de las organizaciones de salud decía hoy con decepción: "mas vale que el Gobierno se apure mucho en recomponer el sistema público porque dentro de pocos meses tendrá mucha gente que debió traspasarse del sistema privado quebrado. Y seguro que no está en condiciones de absorber ni el 10% de los afiliados de prepagas".

Las empresas calculaban que de los 33 millones de afiliados que tiene el sistema, son alrededor de 1 millón los que no pueden afrontar las subas. Son a los que el peso del pago de la cuota en los ingresos les subió considerablemente; en algunos casos de 20% al 70%. Jubilados, empleados que entraron al sistema cuando las paritarias eran superiores al aumento que se les permitía hacer a las prepagas, entre otros. "Era más fácil actuar sobre ese millón de personas y no empujar a 33 millones a un problema de imposible solución", comentaron.

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