En lo que va de 2026, algunas de las principales empresas agroexportadoras del país ya anunciaron inversiones millonarias para montar nuevas plantas, ampliar su capacidad productiva y fortalecer su posición en el mercado. Los proyectos se suceden en un contexto de cambios para el agro, con algunas medidas ya concretadas y otras que todavía están pendientes, principalmente en lo que respecta al esquema de derechos de exportación.
De hecho, en junio, el Gobierno redujo las retenciones al trigo y la cebada (pasaron del 7,5% al 5,5%) y anunció un cronograma de bajas graduales para el resto de los principales cultivos a partir de enero de 2027, medidas que el sector espera que mejoren la competitividad exportadora.
Pero también responde a una mayor demanda internacional de producción de proteínas animales, así como de aceite para consumo doméstico y para la producción de biocombustibles, todos productos que se elaboran a partir de granos como la soja y el maíz.
Tal es el caso de la francesa Louis Dreyfus Company (LDC). La multinacional anunció, en junio, una inversión de u$s 400 millones para construir una nueva planta de procesamiento de soja y girasol en la Argentina.
Según señaló, la instalación será una de las mayores plantas de molienda de semillas de girasol del mundo y “representa una de las inversiones más importantes realizadas por el sector agroindustrial argentino en la última década”.
La nueva planta se construirá en el predio que LDC tiene en Bahía Blanca y se sumará a la infraestructura de almacenamiento y logística que la compañía opera en ese complejo, incluido su puerto. Según la empresa, el proyecto busca atender la creciente demanda global de aceites vegetales para la alimentación y los biocombustibles.
LDC es una de las principales empresas agroexportadora de la Argentina. Con este proyecto busca “fortalecer aún más” su “ya sólida presencia industrial en el país”, dijo. De hecho, en junio, la empresa se posicionó como la cuarta mayor exportadora de granos del país, detrás de la china Cofco (el primero y el segundo lugar se lo llevaron Bunge y Cargill, respectivamente).
Presente en la Argentina desde hace más de 120 años, LDC tiene tres complejos portuarios: dos en Rosario (General Lagos y Timbúes) y uno en Bahía Blanca. Además, cuenta con oficinas comerciales, acopios de cereales y oleaginosas y una desmontadora de algodón en 23 localidades de las principales zonas agrícolas del país.
También comercializa y exporta cereales, oleaginosas, aceite y harinas vegetales, biodiesel, glicerina, lecitina, algodón, fertilizantes, fitosanitarios y semillas y brinda soluciones financieras y logísticas a los productores argentinos.
A principios de año, la compañía comenzó a producir aceites para biocombustibles avanzados en su planta de Timbúes, tras una inversión de más de u$s 20 millones. En paralelo, el año pasado inauguró un nuevo centro logístico en Santa Elena, Entre Ríos, para montar un nuevo acopio y remodelar su terminal portuaria.
Molinos Agro, el brazo agroexportador de la familia Perez Companc, anunció junto a Asociación de Cooperativas Argentinas(ACA) un acuerdo para avanzar en la construcción y operación en conjunto de una nueva planta procesadora de soja en Timbúes que demandará una inversión superior a los u$s 500 millones.
El proyecto se desarrollará sobre un terreno propiedad de ACA y contempla la instalación de una línea de molienda de soja con una capacidad de procesamiento de 15.000 toneladas (tn) por día, además de infraestructura asociada para el almacenamiento de poroto, harina y aceite.
Molinos Agro ingresará al proyecto con una participación del 65%, mientras que ACA mantendrá el porcentaje restante. Esto implica que la empresa de los Perez Companc iniciará procesando alrededor de10.000 tn, lo que la llevará a incrementar en un 50% su capacidad de procesamiento de soja. Actualmente cuenta con una capacidad instalada de 20.000 tn diarias en San Lorenzo.
La compañía estima que la construcción demande tres años y represente la primera etapa de un “Master Plan”. Esto se debe a que, “si las condiciones económicas, financieras y agronómicas locales son favorables”, el terreno cuenta con una extensión suficiente para incorporar nuevas líneas de molienda, otro muelle sobre el río Paraná y mayor capacidad de almacenamiento.
Qué pasa con los biocombustibles
El mercado de los biocombustibles está creciendo, no solo en la Argentina, sino a nivel global. La Agencia Internacional de Energía (IEA por su siglas en inglés) estima que la demanda de biocombustibles crecerá 30% en Brasil y Europa, 50% en Indonesia y 80% en India hacia 2030.
El crecimiento está impulsado en buena medida para disminuir la dependencia de las importaciones de petróleo, especialmente en aquellos países que son importadores netos de combustibles para transporte.
Gran parte de la demanda provendría del fortalecimiento de las políticas para el transporte terrestre, incluyendo mezclas con mayor contenido de etanol en los Estados Unidos y Brasil, Indonesia e India. Al mismo tiempo, aparecen nuevos mercados: la demanda de biodiésel para transporte marítimo se duplicaría hasta 1600 millones de litros en 2030.
En el país, actualmente existen tres proyectos en discusión para reemplazar la actual Ley de Biocombustibles: el del oficialismo, impulsado por La Libertad Avanza (LLA) y firmado por Patricia Bullrich; otro presentado por la senadora salteña Flavia Royón (Primero Los Salteños); y un tercero de la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas).
La iniciativa presentada por LLA es la que concentra el mayor consenso político y la que miran las empresas productoras para acelerar inversiones. Entre otras cuestiones, la iniciativa propone elevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, además de desregular el sistema de cupos y de formación de precios que rige para el abastecimiento del mercado interno.
Es el caso de la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA) que a fines de mayo se reunió en Casa Rosada con el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Allí, presentó el proyecto para la construcción de una planta de bioetanol de maíz de 400 metros cúbicos de capacidad. La iniciativa contempla una inversión superior a los u$s 150 millones.
Sin embargo, la empresa está a la espera de que salga la nueva ley de biocombustibles para avanzar con el proyecto.
El año pasado, AFA se asoció con Adnoc Global Trading (AGT), una compañía perteneciente a un grupo energético que es propiedad de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos. El objetivo de la alianza, aún incipiente en términos de negocios concretos, es buscar oportunidades en la comercialización de biocombustibles y productos derivados.
En paralelo, Bio4, una de las mayores productoras de bioetanol de la Argentina, junto con ACA y Promaíz (el joint venture entre Aceitera General Deheza y Bunge), anunció a fines de julio un plan de inversiones por u$s 70 millones para los próximos tres años con el objetivo de aumentar su capacidad productiva de bioetanol de maíz.
La compañía buscará superar los 900 metros cúbicos diarios, frente a los 500 metros cúbicos actuales, y reforzar su posición en el mercado. Con ese nivel de actividad, la planta ubicada en Río Cuarto, Córdoba, demandará cerca de 800.000 toneladas de maíz por año.
Bio4, que inauguró la planta en 2012, produce bioetanol a partir de maíz y comercializa también subproductos destinados a alimentación animal, aceite de maíz, biofertilizantes y generación de energía.
Párrafo aparte para los fertilizantes
En abril, Fertil Pampa, la subsidiaria de Pampa Energía, solicitó ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con una inversión de u$s 2700 millones destinada a la producción de urea granulada. Aunque aún no hubo algún anuncio oficial en ese sentido, la compañía decidió avanzar.
La iniciativa contempla la construcción y operación de una planta de urea en el polo petroquímico de Bahía Blanca, con una capacidad estimada de 2,1 millones de toneladas anuales, con el objetivo de transformar el gas de Vaca Muerta en insumos de mayor valor agregado. Así, Pampa Energía dará su primer paso en el sector del agro.
Se trata de un fertilizante que se utiliza para brindar nutrientes a los principales cultivos de la Argentina y para mejorar los rindes de cultivos como trigo y maíz. Su principal insumo es el gas -además de agua y aire-, sector donde Pampa Energía es un jugador clave. Actualmente, la firma que encabeza Marcelo Mindlin es la tercera productora de gas de Vaca Muerta.
“Es la decisión de inversión más importante en la historia de Pampa y la más grande que emprendemos en años. La Argentina depende de fertilizantes que llegan desde miles de kilómetros de distancia, desde regiones con alta inestabilidad geopolítica. Con esta planta, el país tendrá su propio abastecimiento de urea, más previsible y competitivo, y podrá exportar a la región y al mundo”, señaló en aquel entonces Mindlin.
El proyecto apunta a generar divisas por hasta u$s 890 millones anuales hacia 2030, a la vez que prevé exportar cerca del 60% de la producción -con foco en el mercado brasileño- y sustituir las importaciones actuales de urea.
Según estimaciones de la empresa, la obra generará 3500 empleos durante la etapa de construcción y 300 puestos fijos para la operación de la planta que demandará entre tres a cuatro años.
De tal modo, la compañía pasará a competirle directamente a Profertil, hasta el momento, la única productora de urea granulada del país. Desde el año pasado en manos de Adecoagro, la compañía cuenta con una planta productiva en Bahía Blanca, con una capacidad anual de 1,3 millones de toneladas de urea granulada y 790.000 de amoníaco, con las que provee al 60% del mercado local.
Según datos del INDEC, en 2025 el país importó 4,1 millones de toneladas de fertilizantes, un aumento del 28% frente a 2024 y el segundo nivel más alto del siglo. Los fertilizantes nitrogenados, entre los que se destaca la urea, fueron los más importados, con 2,10 millones de toneladas, equivalentes al 52% del total.
