La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) rechazó la decisión del Gobierno de eliminar los aportes obligatorios que financiaban su funcionamiento y cuestionó la medida. “Improcedente, inconsulta e inoportuna”, fueron algunas de las palabras que utilizó la entidad, que además advirtió que el cambio impacta en aspectos centrales de su operatoria y en la actividad vitivinícola. La reacción llegó después de que el Gobierno dispusiera, a través de una resolución de la Secretaría de Agricultura publicada en el Boletín Oficial, el fin de las contribuciones obligatorias que durante más de dos décadas sostuvieron a la entidad y el cierre del modelo vigente, con un plazo de tres meses para su liquidación. En ese período, Coviar deberá presentar un informe final con el detalle de lo actuado, el uso de los fondos, el grado de cumplimiento de los objetivos y el estado de los recursos disponibles. Además, los fondos serán transferidos al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), lo que implica que la corporación dejará de percibir la caja que financiaba su operación. Los aportes alcanzaban distintos tramos de la actividad. Incluían la elaboración, el fraccionamiento y la comercialización de vino y mosto, además del ingreso de uva a los establecimientos. Aunque el impacto por unidad era bajo -menos de $ 1 por litro- el alcance era generalizado y obligatorio para todos los actores de la cadena. En una caja de vino de $ 2500, el cargo rondaba los $ 0,49 por litro, mientras que en una botella de $ 5957 llegaba a cerca de $ 0,87. La incidencia era menor en términos individuales, pero extendida a toda la actividad. Desde Coviar advirtieron que la decisión se aparta de los principios de previsibilidad e institucionalidad que deben regir la relación entre el Estado y los sectores productivos. También cuestionaron el alcance de la resolución y sostuvieron que excede las atribuciones de la autoridad administrativa al modificar un régimen establecido por ley. Ese punto aparece como uno de los ejes del conflicto, ya que el financiamiento de Coviar está definido en la Ley 25.849. Además, alertaron sobre el impacto que podría tener la medida en el actual contexto económico y remarcaron que el sistema de aportes estaba vinculado a una planificación estratégica de largo plazo para el sector. Frente a este escenario, la entidad anticipó que convocará a una reuniónde Directorio para definir los pasos a seguir y evaluar posibles acciones para intentar revertir la medida. El Gobierno, por su parte, justificó la decisión en que los aportes estaban directamente vinculados al Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI), que fue creado con un objetivo y un plazo concreto. Ese programa establecía como fecha de cierre el año 2020, con metas de producción, exportaciones y posicionamiento internacional del vino argentino. Según el criterio oficial, una vez cumplido ese plazo, el sistema de financiamiento que lo sostenía también debía darse por terminado. En ese marco, el Ejecutivo considera que no correspondía seguir cobrando aportes asociados a un programa que ya había finalizado. En paralelo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuestionó el mecanismo y lo definió como un sistema en el que “el Estado recaudaba para privados”, al señalar que durante años se transfirieron recursos a una entidad del sector sin pasar por el gasto público. También puso en duda los resultados y sostuvo que, pese a los fondos acumulados, no se alcanzaron los objetivos de exportación ni de participación en el mercado internacional. La medida también dejó en evidencia diferencias dentro del propio sector. Bodegas de Argentina, la cámara que nuclea a las principales bodegas del país, respaldó la decisión del Gobierno y destacó que el fin de las contribuciones obligatorias implica un alivio financiero directo para las empresas. Desde la entidad señalaron que se trata de una carga que había quedado sin sustento en metas vigentes y remarcaron que el cese de la recaudación permitirá que los recursos queden en los establecimientos y se destinen a inversión y mejora de la competitividad. El sistema ya venía bajo cuestionamiento. En 2025, el tema llegó al Congreso con un proyecto para derogar la Ley 25.849, que dio origen a Coviar. La iniciativa apuntaba directamente al carácter obligatorio del aporte que debían pagar todos los establecimientos vitivinícolas, incluso aquellos que no participaban de la entidad. El planteo se centraba en el esquema de financiamiento y en la obligatoriedad de las contribuciones, que alcanzaban a toda la cadena. A partir de ahora, cualquier continuidad de las actividades de la entidad quedará sujeta a aportes voluntarios. El cambio redefine la forma en que se financiaban las acciones de promoción y coordinación de la vitivinicultura y abre una nueva etapa dentro del sector.