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El galeón San José se hundió el 8 de junio de 1708 durante un enfrentamiento con corsarios ingleses, cuando navegaba hacia Cartagena de Indias, en la actual Colombia. Fue localizado a unos 600 metros de profundidad y su hallazgo se anunció oficialmente el 5 de diciembre de 2015, durante el gobierno del entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos.
La embarcación transportaba una carga de oro y plata recolectada en la feria de Portobelo, Panamá, y desapareció en el fondo del mar con sus riquezas, y se estima que había 600 personas a bordo, de acuerdo al portal dedicado el caso de Galón San José Patrimonio Cultura e Histórico Colombiano. Desde su hallazgo, la propiedad de los restos y de su contenido ha generado una disputa internacional entre dos naciones.
¿Por qué se hundió el galeón San José?
El barco pertenecía a la Armada española y formaba parte de las rutas marítimas que conectaban los territorios americanos con España durante la época colonial. En uno de sus viajes, fue interceptado por una escuadra corsaria británica al mando de Charles Wager, en un enfrentamiento conocido como la batalla de Barú, en el contexto de la Guerra de Sucesión española.
El hundimiento convirtió al San José en uno de los naufragios más conocidos de la región por la importancia histórica y económica de su cargamento. Sin embargo, el descubrimiento de los restos no resolvió la pregunta central: quién tiene derecho a reclamar el tesoro.
El portal especializado, detalla que según las crónicas de la época que los galeones llevaban 22 millones de monedas de oro y plata de diferentes nominaciones.
¿Por qué dos naciones reclaman el tesoro del San José?
La controversia enfrenta principalmente las posiciones de Colombia y España. Cada país sostiene argumentos distintos sobre la titularidad del galeón y los bienes que permanecen bajo el agua:
- Colombia defiende sus derechos sobre el hallazgo, localizado en sus aguas y realizado con medios de investigación colombianos.
- España reclama el pecio porque el San José pertenecía a su Armada y lo considera un barco de Estado.
La disputa también involucra a la empresa Sea Search Armada, que afirma haber localizado el galeón durante una exploración previa en 1981 y reclama una compensación, así como a la nación indígena boliviana Qhara Qhara, que exige la devolución de riquezas que considera arrebatadas a los pueblos originarios.
