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México tiene una oportunidad histórica para atraer inversiones privadas hacia infraestructura, pero convertir las necesidades del país en proyectos atractivos para los inversionistas institucionales dependerá de la certeza jurídica, la estabilidad regulatoria y la capacidad de estructurar iniciativas que ofrezcan rendimientos ajustados al riesgo.
Durante el Encuentro Amafore 2026, especialistas financieros y representantes del sector público coincidieron en que el país cuenta con recursos institucionales, necesidades de inversión y nuevas herramientas regulatorias para impulsar proyectos de largo plazo. Sin embargo, advirtieron que todavía existe una brecha entre el potencial de inversión y los proyectos que efectivamente pueden recibir financiamiento.
Eddu Vera, jefe de la Oficina del Secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que el Plan de Infraestructura contempla inversiones por MXN $5.6 billones, un monto sin precedentes que representa tanto un desafío de ejecución como una oportunidad para movilizar capital privado.
El funcionario explicó que uno de los objetivos de los nuevos mecanismos institucionales es garantizar que los proyectos tengan viabilidad económica y social desde su planeación, además de contar con acompañamiento gubernamental durante su desarrollo.
La estrategia contempla la participación de la banca comercial, la banca de desarrollo, inversionistas institucionales y fondos internacionales, mediante vehículos que permitan financiar proyectos de manera escalable.
Para Vera, la planeación será determinante para reducir los riesgos de inversión y evitar que los proyectos enfrenten problemas durante su ejecución. Por ello, destacó la creación de un consejo que dará seguimiento a las iniciativas, coordinará a las dependencias involucradas y facilitará trámites como permisos ambientales y autorizaciones para el uso de terrenos.
Certeza jurídica, el principal desafío para atraer capital
Pese a las nuevas condiciones para impulsar la inversión, la certeza jurídica y la estabilidad regulatoria continúan entre las principales preocupaciones de los inversionistas.
Gerónimo Gutiérrez, socio director en Beel, señaló que la nueva legislación de infraestructura representa un marco de trabajo viable, aunque su implementación requerirá agilidad institucional, coordinación entre los distintos niveles de gobierno y contratos que resulten atractivos para el financiamiento.
El directivo destacó que será necesario establecer contratos estandarizados y mecanismos claros para resolver controversias, particularmente cuando existan diferencias entre inversionistas y autoridades.
“Un tema de atención, desde el término diplomático, de preocupación, es la certeza jurídica, sobre todo cuando haya la necesidad de disputar temas contractuales con el Estado”, advirtió.
También consideró que será importante delimitar los asuntos que podrán resolverse mediante mecanismos alternativos, como el arbitraje, y aquellos relacionados con actos de autoridad.
Gutiérrez agregó que las Afores han fortalecido sus equipos especializados en inversiones de infraestructura, pero todavía existe una oportunidad para compartir mejores prácticas y criterios de evaluación entre las administradoras.
La razón es que estos proyectos requieren inversiones de largo plazo y compromisos que deben mantenerse durante distintas administraciones gubernamentales.
Energía e infraestructura digital concentran oportunidades
Entre los sectores con mayor potencial de inversión destacó el energético, particularmente ante la creciente demanda de electricidad que podría generar la expansión de los centros de datos y las nuevas tecnologías.
Durante la conversación se señaló que México tiene una oportunidad para aprovechar su cercanía con Estados Unidos y atraer inversiones relacionadas con infraestructura tecnológica, inteligencia artificial y servicios digitales.
También se identificaron oportunidades en transporte y logística, considerando que alrededor de 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense.
En materia energética, Gutiérrez destacó que durante los últimos dos años se asignaron o licitaron proyectos por 10.5 gigawatts, un volumen equivalente a 1.5 veces la capacidad que resultó de los esquemas anteriores entre 2014 y 2017.
No obstante, advirtió que algunos desarrolladores todavía enfrentan dificultades para conseguir el capital necesario para ejecutar sus proyectos, por lo que planteó alternativas como el financiamiento mezzanine para complementar las aportaciones de capital y la deuda bancaria.
El agua también fue identificado como un sector prioritario, aunque con mayores desafíos para atraer inversión privada, debido a las condiciones regulatorias y a la incertidumbre sobre los mecanismos que permitirían recuperar los recursos invertidos.
Por su parte, los inversionistas internacionales señalaron que México compite con otros mercados por los recursos disponibles, por lo que necesita ofrecer condiciones que permitan reducir los riesgos de construcción, financiamiento y operación.
En ese sentido, la simplificación de permisos, la coordinación entre autoridades federales y estatales y el cumplimiento de los calendarios de construcción serán factores determinantes para atraer capital extranjero.
Afores buscan ampliar su participación
Cecilio Velasco, director ejecutivo en KKR, destacó que las Afores tienen distintas alternativas para participar en proyectos de infraestructura, desde inversiones directas hasta vehículos estructurados y fondos especializados.
Entre las opciones mencionó instrumentos como las Fibras E, que permiten canalizar recursos hacia activos de infraestructura y flujos de efectivo estabilizados, así como esquemas que facilitan la participación de los ahorradores en proyectos de largo plazo.
El directivo consideró que ampliar las alternativas de inversión permitiría diversificar los portafolios de las administradoras y, al mismo tiempo, contribuir al financiamiento de infraestructura necesaria para el desarrollo económico del país.
Otro de los retos será recuperar la inversión en infraestructura a nivel estatal. Durante el panel se advirtió que la concentración de proyectos en el Gobierno federal limita las oportunidades de financiamiento, por lo que será necesario fortalecer los marcos institucionales y de planeación de las entidades.
Los participantes coincidieron en que el capital disponible no será suficiente si no existe una estructura que permita identificar, desarrollar y ejecutar proyectos con condiciones adecuadas para los inversionistas.
En este escenario, México deberá fortalecer las capacidades de los administradores de fondos y desarrolladores, además de ampliar la participación de inversionistas nacionales e internacionales.
El reto, concluyeron, será transformar las necesidades de infraestructura del país en proyectos ejecutables, con reglas claras y condiciones financieras competitivas para movilizar el ahorro institucional hacia inversiones de largo plazo.
