En México, una persona puede divorciarse incluso si su pareja no está de acuerdo. La legislación y los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señalan que nadie está obligado a permanecer en un matrimonio contra su voluntad, por lo que basta con que uno de los cónyuges solicite la separación para iniciar el procedimiento legal. Este mecanismo, conocido como “divorcio exprés”, eliminó la necesidad de comprobar motivos como infidelidad, abandono o violencia para terminar el vínculo matrimonial. Además, tampoco exige el consentimiento de ambas partes. La medida surgió luego de que la SCJN concluyera que exigir causas específicas o impedir el divorcio por la negativa de uno de los esposos vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Durante mucho tiempo, los códigos civiles de distintos estados obligaban a justificar el divorcio mediante causales concretas, como; Sin embargo, con la incorporación del divorcio incausado en diversas entidades, el proceso cambió. Actualmente, cualquiera de los cónyuges puede solicitar la disolución del matrimonio sin necesidad de explicar razones personales. La Suprema Corte también estableció mediante jurisprudencia que forzar a una persona a seguir casada en contra de su voluntad resulta inconstitucional. Esto implica que, aun cuando algún código civil estatal todavía contemple causales obligatorias, los jueces deben aplicar el criterio federal emitido por la Corte. La negativa de uno de los esposos no impide que el trámite avance. El proceso puede iniciarse con una demanda presentada por una sola de las partes ante un juez familiar. A partir de ese momento, el juzgado comienza el procedimiento y puede dictar medidas provisionales relacionadas con hijos, manutención y bienes. Posteriormente, el juez decreta legalmente el divorcio y ordena registrarlo ante el Registro Civil. Aunque la disolución del matrimonio puede resolverse por voluntad de una sola persona, otros temas deben analizarse durante el juicio, entre ellos: El divorcio no elimina las responsabilidades respecto a los hijos. El juez debe definir quién tendrá la custodia, cómo será la convivencia con ambos padres y de qué manera se cubrirán gastos relacionados con alimentación, educación y salud. En cuanto a los bienes, la división dependerá del régimen bajo el cual se celebró el matrimonio. No aplican las mismas reglas para un matrimonio por sociedad conyugal que para uno bajo separación de bienes. Si existe acuerdo entre ambas partes, muchos de estos temas pueden resolverse mediante un convenio. De no haber consenso, será el juez quien tome la decisión final.