La Justicia presentó un informe que reúne criterios judiciales recientes sobre conflictos de custodia, créditos educativos, seguros, contratos bancarios y responsabilidad médica, con una perspectiva constitucional enfocada en derechos humanos y protección de grupos vulnerables. El documento recopila resoluciones que se emitieron en lo que va de 2026 en temas vinculados con justicia familiar, derechos de consumidores, responsabilidad civil y acceso a la justicia. Dicho reporte forma parte de una estrategia de “justicia abierta” y transparencia institucional. A diferencia de otros balances centrados únicamente en estadísticas administrativas, las autoridades pusieron el foco en sentencias y criterios jurisdiccionales considerados relevantes por su impacto en conflictos familiares, financieros y patrimoniales. Entre los casos destacados figura una controversia sobre convivencia familiar entre dos madres y una menor de edad. El tribunal revocó una suspensión absoluta de visitas y ordenó convivencias supervisadas para preservar el vínculo entre la niña y una de las partes. En otro expediente, se avaló la modificación de la guarda y custodia de una adolescente de 16 años después de escuchar su opinión dentro del proceso judicial. El tribunal consideró que la edad no puede ser motivo para excluir a los adolescentes de decisiones que impactan sus derechos. También se analizó el caso de un menor con trastorno del espectro autista cuyo padre incumplió con la pensión alimenticia. La resolución estableció que la responsabilidad subsidiaria de los abuelos debe evaluarse conforme a las necesidades particulares del niño. En otra decisión, el órgano judicial determinó que un padre no podía recuperar de manera inmediata un inmueble habitado por su expareja y su hijo sin garantizar previamente el derecho de vivienda del menor. Las sentencias incorporan conceptos como “adultocentrismo”, “autonomía progresiva” y “dependencia económica encubierta”, utilizados para examinar relaciones de desigualdad y dinámicas de poder en conflictos familiares. El informe reúne criterios relacionados con servicios bancarios y contratos financieros. En uno de los asuntos, el tribunal reconoció la validez de un pago total efectuado mediante una plataforma digital gubernamental, pese a que posteriormente continuaron realizándose descuentos sobre el crédito. Otra resolución dejó sin efectos una cláusula que obligaba a un usuario a litigar fuera de su lugar de residencia en una disputa derivada de un pagaré ligado a un contrato de adhesión. En materia de créditos educativos, el tribunal sostuvo que este tipo de financiamiento guarda relación directa con el derecho a la educación superior, por lo que universidades e instituciones financieras forman parte de una misma relación de consumo. Dentro de ese expediente, también se resolvió que el fallecimiento de un coacreditado activaba el seguro de vida destinado a cubrir la deuda pendiente, luego de que la financiera intentó exigir requisitos adicionales para reconocer la cobertura. Otro criterio rechazó invalidar transferencias bancarias cuestionadas por una empresa y señaló que la actividad simultánea del usuario dentro de la cuenta puede modificar la carga de la prueba respecto de operaciones desconocidas. En temas de salud, el informe incluyó criterios sobre responsabilidad hospitalaria derivados de la atención posterior a cirugías. Una de las resoluciones estableció que la obligación de vigilancia médica no termina con la operación y puede extenderse hasta 72 horas posteriores cuando existan síntomas o riesgos que requieran supervisión. El tribunal señaló que los hospitales privados pueden ser responsables por daños relacionados con altas médicas emitidas sin seguimiento adecuado o por fallas en el monitoreo de pacientes durante la recuperación. Además, indicó que las instituciones hospitalarias no pueden desligarse automáticamente de la actuación de médicos externos que utilizan sus instalaciones, especialmente cuando los pacientes depositan confianza en los servicios e infraestructura del hospital. El informe también incluyó criterios sobre seguros, arbitraje internacional, sucesiones y debido proceso, áreas en las que el tribunal adoptó interpretaciones dirigidas a reducir formalismos y ampliar la protección judicial.