La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo unánime que cambia las reglas del sistema educativo mexicano. El máximo tribunal del país respaldó el Acuerdo 10/09/23 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en vigor desde septiembre de 2023. La Suprema Corte determinó que las disposiciones del Acuerdo son constitucionales y protegen el derecho a la educación de más de 23 millones de estudiantes. Gracias al fallo del Máximo Tribunal, ningún alumno de educación básica podrá ser reprobado de forma automática por faltar a clases o por adeudar materias. La resolución aplica tanto a escuelas públicas como a instituciones privadas incorporadas al sistema educativo nacional. El fallo surgió a raíz de un amparo interpuesto por el Colegio El Roble, plantel privado que argumentaba que el acuerdo de la SEP dañaba la calidad educativa, la disciplina y la autonomía de los centros escolares. Los ministros rechazaron ese planteamiento y concluyeron que la SEP tiene atribuciones constitucionales para establecer los criterios de evaluación y promoción académica en todo el sistema educativo del país. Entre las medidas que quedan avaladas destacan: La ministra Lenia Batres Guadarrama señaló durante el debate que la excelencia educativa no puede reducirse a calificaciones numéricas ni a listas de asistencia, y destacó que el modelo retoma experiencias de países como Dinamarca y Finlandia, donde la evaluación no depende exclusivamente de notas cuantitativas. El acuerdo validado por la Corte reorganiza los planes de estudio en fases y campos formativos, y modifica la forma en que se acredita el avance académico en cada nivel. En preescolar y primer grado de primaria, los estudiantes pasarán automáticamente al siguiente nivel con independencia de sus calificaciones o del porcentaje de asistencia registrado. En primaria y secundaria, la SEP establece esquemas de evaluación más flexibles que permiten regularizar materias pendientes sin que eso implique reprobar el año de manera automática. La normativa también permite que alumnos de secundaria avancen de grado con algunas asignaturas sin acreditar, siempre que no existan causas graves debidamente justificadas.