El gobierno de Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva contra el Cártel de Sinaloa que no apunta solo a sus líderes ni a sus operadores directos, sino a quienes los rodean: familiares, socios y personas de confianza que, sin empuñar un arma ni traficar droga, mantienen viva la estructura que sostiene a una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la suspensión de más de 75 visas a personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa. La medida se enmarca dentro de la Orden Ejecutiva 14059, un instrumento jurídico orientado a combatir a organizaciones criminales transnacionales relacionadas con el narcotráfico. “El gobierno continuará protegiendo a los estadounidenses de narco-terroristas peligrosos y drogas mortales”, escribió Marco Rubio después de anunciar la medida. La acción busca no solo impedir el ingreso de estas personas a territorio norteamericano, sino también debilitar las redes de apoyo que permiten operar al cártel desde las sombras. El elemento más llamativo de esta acción es que los afectados no son necesariamente capos ni sicarios. Se trata de familiares y asociados cercanos de integrantes del cártel: personas que, en muchos casos, llevan vidas aparentemente alejadas del crimen organizado, pero cuyas relaciones con figuras clave del cártel los convierten en objetivos de las autoridades estadounidenses. Esta estrategia refleja un cambio de enfoque: ya no basta con perseguir a los operadores directos, sino cortar los lazos sociales y económicos que dan soporte a toda la organización. Detrás de esta medida está la presión que ejerce el fentanilo sobre la política exterior de Washington. Las autoridades estadounidenses señalaron al Cártel de Sinaloa como uno de los principales responsables del tráfico de esta sustancia hacia Estados Unidos, droga que en los últimos años se convirtió en la principal causa de sobredosis y muertes por narcóticos en ese país. Bajo ese argumento, la administración justifica endurecer las restricciones incluso contra personas que no tienen cargos penales formales, pero cuya red de relaciones facilita el funcionamiento del cártel.