Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a poner bajo la lupa a las universidades públicas en México. El máximo tribunal del país ordenó revisar una decisión que, hasta ahora, había dejado sin respuesta a una persona indígena que denunció haber sido excluida de un proceso de admisión universitario. El fallo no significa todavía que la persona afectada haya ganado el caso, pero sí abre la puerta para que un juez estudie de fondo si hubo una vulneración de derechos. La determinación podría sentar un precedente importante para miles de aspirantes a instituciones públicas de educación superior. La decisión también reavivó el debate sobre los límites de la autonomía universitaria y sobre cuándo las acciones de una universidad pública pueden considerarse actos de autoridad. Este punto podría cambiar la manera en que estudiantes de todo el país impugnen decisiones académicas o administrativas. La SCJN resolvió que debe admitirse a trámite una demanda de amparo promovida por una persona indígena zapoteca en contra de actos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. De acuerdo con el expediente, la persona presentó el examen de admisión para ingresar a una licenciatura. Sin embargo, cuando se publicó la lista de personas preseleccionadas, advirtió que no aparecía entre los seleccionados. Ante esta situación, promovió un amparo indirecto para impugnar la determinación. No obstante, un juzgado de distrito desechó inicialmente la demanda al considerar que la universidad no actuó como autoridad, sino dentro de una relación de coordinación. Ese criterio fue rechazado por la Suprema Corte, que consideró incorrecto cerrar el caso sin analizarlo a profundidad. Al analizar el asunto, la Suprema Corte explicó que el concepto de “autoridad responsable” ha evolucionado con el tiempo. Esto significa que ya no solo se toma en cuenta si una institución es formalmente una autoridad, sino también la naturaleza material de sus actos, su función y los efectos que generan en los derechos de las personas. En el caso de las universidades públicas, la SCJN señaló que debe revisarse la naturaleza específica de cada institución, su marco normativo y el alcance de la autonomía universitaria. Por ello, algunas decisiones universitarias podrían equipararse al ejercicio de autoridad cuando impactan directamente en la esfera jurídica de los estudiantes o aspirantes. Como consecuencia, el Pleno de la SCJN revocó el acuerdo que desechó la demanda de amparo y ordenó al juzgado de distrito admitirla para su estudio. Esto no resuelve aún si la exclusión del aspirante fue legal o ilegal, pero sí obliga a revisar el caso bajo criterios constitucionales. Entre las posibles implicaciones de este fallo destacan: La resolución de la Suprema Corte podría influir en futuros litigios relacionados con universidades públicas en México y convertirse en un referente para proteger el derecho a la educación y el acceso en condiciones de igualdad.