En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación marcó un precedente histórico con un reciente fallo que elimina un requisito clave para acceder a un cargo específico dentro del sector público. La decisión también podría impactar a mexicanos que viven en Estados Unidos, especialmente a quienes tienen doble nacionalidad o adquirieron la ciudadanía por naturalización, al ampliar sus posibilidades dentro del sistema público. A partir de ahora, ya no será excluyente ser ciudadano por nacimiento para encabezar la Auditoría Superior de Durango. El máximo tribunal de México declaró inconstitucional el requisito que exigía ser ciudadano por nacimiento para acceder a ciertos cargos públicos. La resolución se apoya en los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución, al considerar que esa condición excluía de manera injustificada a otros ciudadanos. En ese sentido, la Corte sostuvo que la forma en que se adquiere la nacionalidad no debe ser un criterio para limitar derechos políticos o laborales dentro del Estado. El fallo marca un precedente relevante porque revisa una práctica histórica en la administración pública y redefine quiénes pueden aspirar a funciones de alto nivel. A partir de esta decisión, podrán acceder al cargo tanto ciudadanos mexicanos por naturalización como aquellos que cuentan con doble nacionalidad. Esto implica una ampliación concreta del universo de postulantes, que hasta ahora estaba restringido únicamente a quienes nacieron con ciudadanía mexicana. El cambio también tiene impacto para la comunidad mexicana en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde residen millones de personas con vínculos legales con México. Aquellos que hayan adquirido la ciudadanía o mantengan doble nacionalidad ya no quedarán automáticamente excluidos de este tipo de posiciones públicas. La medida se aplica al cargo de titular de la Auditoría Superior de Durango, un organismo clave encargado de supervisar el uso de los recursos públicos en ese estado. Su función principal es auditar, controlar y evaluar cómo se administra el gasto gubernamental, con el objetivo de garantizar transparencia. Se trata de un rol estratégico dentro del sistema institucional, ya que permite detectar irregularidades, prevenir desvíos de fondos y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. Con este fallo, el acceso a esa responsabilidad deja de estar condicionado por el origen de la ciudadanía y pasa a centrarse en la capacidad profesional.