Brasil tiene la peor política antidrogas del mundo: qué puesto ocupa la Argentina
El Índice Global de Políticas de Drogas analizó cuatro criterios para definir las puntuaciones de 30 países; y Noruega es el que mejor califica. Filipinas es un caso aparte.
El Índice Global de Políticas de Drogas, una clasificación sin precedentes que evalúa cómo son las políticas de 30 países -de todas las regiones del mundo- respecto a las drogas, evaluó que Brasil es el país que peor clasifica en la materia, al hacer más énfasis en la represión que en la salud pública.
En el otro extremo, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, el Reino Unido y Australia tuvieron las políticas de drogas mejor evaluadas. Y en el puesto 19, figura Argentina.
La clasificación es un proyecto del Consorcio de Reducción de Daños, que incluye entidades de investigación sobre drogas y reducción de daños de todo el mundo, entre ellas el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC) - que, a su vez, reúne a más de 190 ONG y está financiado, entre otros, por Open Society y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
El análisis publicado ayer estableció una puntuación de 0 a 100 para cada país, según criterios como la existencia o no de la pena de muerte, la despenalización y la financiación de políticas de reducción de daños.
Este Índice Global de Políticas de Drogas documenta, mide y compara las políticas de drogas a nivel nacional, y está compuesto por 75 indicadores que abarcan 5 dimensiones de la política de drogas.
La conclusión de la clasificación es que "el predominio global de las políticas de drogas basadas en la represión y el castigo condujo a una baja puntuación global". Noruega, el país mejor clasificado, obtuvo 74 puntos; Argentina obtuvo 44 puntos y Brasil, 26. La media global fue de 48 puntos.
FILIPINAS, UN CASO APARTE
La "guerra contra las drogas" emprendida por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dejó al menos 870 asesinatos en ese país, de los cuales 71 eran mujeres y al menos 24 eran niños, informó días atrás la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CHR, por sus siglas en inglés).
La comisión denunció "obstáculos recurrentes para acceder a los registros policiales relacionados con los casos en cuestión", algo que afectó el alcance del análisis.
Mas allá de los asesinatos, la CHR obtuvo 90 informes completos de los cuales 77 contenían resultados de investigaciones internas en las que se recomendaba que los agentes policiales involucrados en dichos incidentes fueran premiados, recompensados o reconocidos. Algunos informes confirman la legitimidad de las operaciones, mientras que en pocos se recomendaba que los agentes participantes fueran absueltos de responsabilidad penal o administrativa.
El Tribunal Penal Internacional (TPI) autorizó la apertura de una investigación en relación a los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, en el marco de la llamada "guerra contra la droga".
Por su parte, la Policía de Filipinas cifró en casi 8000 los muertos en esta ofensiva emprendida por el mandatario.
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