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La Ciudad de México da un giro en su modelo de fiscalización vial. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) publicó en la Gaceta Oficial una nueva disposición que autoriza a elementos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) a aplicar sanciones por infracciones al Reglamento de Tránsito.
Esto significa que los conductores ya no solo se enfrentarán a cámaras automáticas o agentes de tránsito tradicionales: ahora una mayor cantidad de uniformados tendrá facultades para detenerlos en vía pública y levantar multas en siete alcaldías de la capital.
¿Qué zonas y cuerpos policiales están involucrados?
La medida no aplica de forma indiscriminada en toda la ciudad. La autorización está focalizada en siete demarcaciones territoriales específicas: Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa e Iztacalco contarán con agrupamientos de la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial con facultades para infraccionar.
A estas se suman dos células especializadas que operarán en Xochimilco e Iztapalapa, identificadas con los indicativos operativos “Excalibur” y “Cobra”, respectivamente.
Ambos cuerpos policiales —la PA y la PBI— son agrupamientos que históricamente prestaron servicios de seguridad y vigilancia en instalaciones privadas, bancarias y empresariales.
¿Qué cambia para los conductores en la práctica?
Hasta ahora, la fiscalización del tránsito en la Ciudad de México recaía principalmente en los agentes de la Secretaría de Movilidad y en los sistemas de fotomultas.
Con esta nueva normativa, los conductores podrán ser interceptados directamente en calles, avenidas y vialidades de las siete alcaldías mencionadas por elementos de estos cuerpos, quienes tendrán la autoridad legal para emitir sanciones en el momento.
El debate ciudadano: entre la seguridad vial y el riesgo de corrupción
La medida no pasó desapercibida entre la ciudadanía. En redes sociales, la reacción dominante fue de escepticismo y preocupación. Numerosos usuarios señalan que ampliar las facultades de sanción a cuerpos policiales con menor especialización en tránsito podría abrir la puerta a prácticas de corrupción, como la solicitud de “mordidas” a cambio de no levantar infracciones formales.
Otro sector de la crítica apunta a que estas policías podrían descuidar sus funciones originales de custodia y seguridad si destinan tiempo y recursos a la fiscalización vial. También hay quienes cuestionan si los elementos de la PA y la PBI cuentan con la capacitación suficiente para aplicar el Reglamento de Tránsito de manera correcta y homogénea.
La SSC, por su parte, no emitió hasta el momento declaraciones adicionales que aclaren los protocolos de supervisión ni los mecanismos de control que eviten posibles abusos en la aplicación de esta nueva atribución.
