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La histórica fabricante argentina de baterías Unionbat S.A entró en concurso preventivo de acreedores. La medida judicial llega después de haberse confirmado el cierre definitivo de su planta ubicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú, Entre Ríos, que dejó un saldo de 101 trabajadores despedidos.
La causa tramita formalmente ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 20, a cargo del juez Eduardo E. Malde (Secretaría N° 40), con la intervención del Estudio Botana Blaskoviz en la sindicatura.
Según los escritos y la documentación contable presentada en el expediente, la compañía acumula un pasivo total que supera los $ 40.962 millones de pesos, además de deudas por USD 3,92 millones y €21.427 euros.
Dentro de esa nómina de compromisos impagos se incluye una deuda laboral e indemnizatoria estimada en $6.271 millones.
Cierra una histórica fábrica en Entre Ríos y despidió a sus trabajadores
El cierre de la planta de Gualeguaychú dejó como saldo unos 101 trabajadores despedidos, que deberán verificar sus créditos impagos en el concurso de acreedores.
Según informaron en una primera instancia, en la planta de Entre Ríos solo permanecerá una guardia mínima dedicada a la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones, que cuentan con una superficie de 20.000 metros cuadrados. Desde la compañía aseguraron que las desvinculaciones se realizaron bajo el marco legal vigente.
La firma mantiene en actividad su sede central y planta operativa de General San Martín, en la provincia de Buenos Aires, donde continúan desempeñándose 212 operarios.
Unionbat entró en concurso de acreedores
Al justificar el colapso financiero ante los tribunales, la dirección de Unionbat detalló dentro de los motivos la caída generalizada del consumo en el mercado interno, el aumento acelerado de costos fijos y una fuerte presión competitiva ejercida por baterías importadas, principalmente procedentes de Brasil.
Las cifras del último balance corporativo, cerrado en febrero de 2026, reflejan esta caída: la compañía registró una contracción del 24% en sus ventas y anotó una pérdida neta de $ 21.929 millones (frente a las ganancias operativas registradas en el período previo).
Paralelamente, su patrimonio neto sufrió un derrumbe cercano al 90%, desplomándose desde los $ 24.286 millones hasta situarse en apenas $ 2.357 millones, al tiempo que sus operaciones llegaron a consumir más de $ 9.280 millones en efectivo.
Entre los acreedores de la firma figuran las principales entidades bancarias del país, como Banco Galicia, Banco Provincia, BBVA, Santander, Banco Nación, Comafi e Hipotecario, además de una red de proveedores comerciales.
Los acreedores tendrán plazo hasta el 3 de febrero de 2027 para verificar sus deudas, en tanto que el período de exclusividad para que la empresa logre un acuerdo preventivo que evite la quiebra se extenderá hasta el 15 de febrero de 2028.
