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La Arquidiócesis de Nueva York, que representa al Vaticano en Estados Unidos, cerró un acuerdo judicial para pagar 800 millones de dólares a más de 1.300 víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero. La resolución busca resarcir económicamente a los afectados tras una serie de demandas presentadas en los tribunales locales.
Para reunir los recursos necesarios, la institución tuvo que vender distintos inmuebles de la Iglesia católica en la zona de Manhattan. Las negociaciones se extendieron durante meses entre los representantes legales de los sobrevivientes y los administradores eclesiásticos.
El acuerdo establece además un compromiso de transparencia institucional. La arquidiócesis quedó obligada a publicar, mantener y actualizar en su página una lista con los nombres de los clérigos acusados de forma creíble.
Un revés histórico para la Santa Sede
La medida adoptada por la sede neoyorquina involucra a la estructura general de la Iglesia católica y al Vaticano. Al ser una de las sedes de mayor alcance y peso administrativo en Estados Unidos, la resolución fija un criterio de actuación para las autoridades eclesiales de la Curia.
El entendimiento económico evita que la institución entre en proceso de quiebra formal. Con este desembolso se busca dar cierre a las demandas civiles impulsadas bajo la Ley de Víctimas Infantiles del estado de Nueva York, que abrió una ventana temporal para presentar reclamos por delitos prescritos.
Los fondos se distribuirán entre los demandantes según el tipo de daño y los criterios fijados por mediadores independientes. La venta de propiedades edilicias representó el principal mecanismo de financiamiento utilizado por las autoridades eclesiásticas.
El registro público de acusados
La creación del listado digital de religiosos acusados de forma creíble representa una de las cláusulas centrales del acuerdo. La nómina estará visible de forma permanente en la plataforma web de la arquidiócesis para la consulta pública.
El registro incluirá el nombre de cada clérigo, las parroquias e instituciones donde prestó servicios y los datos sobre su estatus eclesiástico actual. La medida abarca tanto a sacerdotes fallecidos como a aquellos que fueron apartados de sus funciones.
Esta base de datos busca impedir que la información sobre los casos quede restringida a archivos privados. Con la difusión pública de los antecedentes se intenta evitar el traslado discrecional de sacerdotes a otras jurisdicciones y se actualizará a medida que surjan nuevas denuncias.
El listado completo en este enlace.
