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La Libertad Avanza modificó el proyecto de Soberanía Nacional para atender los reparos de Washington, y si bien hay dudas sobre las firmas que tienen para conseguir dictamen, habría encontrado los aliados. Los gobernadores de Tucumán, Catamarca y Misiones no acompañarían el texto por dudas claves y el oficialismo comenzó a llamar a Martín Llaryora de Córdoba y Maximiliano Pullaro de Santa Fe para completar el número.
El Gobierno hizo los cambios que reclamaba Estados Unidos sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, pero enfrentó un nuevo obstáculo para avanzar en la Cámara de Diputados: no consigue las firmas necesarias para emitir dictamen.
“Cerró con el radicalismo”, informó una voz de la oposición en diálogo con El Cronista.
La dificultad no está centrada en el capítulo específico sobre Malvinas, sino en la nueva arquitectura de seguridad que plantea el proyecto. Según pudo saber El Cronista, los gobernadores peronistas provinciales que habitualmente acompañan al oficialismo en el Congreso, entre ellos Osvaldo Jaldo, Hugo Passalacqua y Raúl Jalil, no estarían dispuestos a firmar el dictamen en las condiciones actuales.
En este sentido, el oficialismo intenta sumar a los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, incluso con la posibilidad de que acompañen con dictámenes en disidencia, una herramienta que igualmente permite al oficialismo alcanzar el objetivo de sacar el proyecto de comisión.
Aun así, Martín Menem ya sumó los votos radicales y se comprometió a retirar el artículo 111, que prometía prisión para los comunicadores que incurran en Fake News.
“Quieren dictaminar esta semana para mostrar que tienen muñeca política y que mandan ellos y no Estados Unidos, porque no están las firmas para el Presupuesto todavía”, indicaron voces parlamentarias a El Cronista.
Los cambios que pidió Estados Unidos
El Gobierno venía trabajando sobre el texto después de que Washington planteara reparos vinculados con el alcance de las sanciones y las penas que podían afectar a empresas estadounidenses con intereses en la región.
El nuevo borrador modifica de manera significativa el esquema original. Existe un documento comparativo entre el proyecto del Poder Ejecutivo y el texto elaborado por La Libertad Avanza que circula en el Congreso y al que tuvo acceso El Cronista.
El mismo registra 21 artículos adicionales, producto de nuevas regulaciones y del desdoblamiento de disposiciones.
Uno de los cambios más relevantes aparece en el régimen penal. La pena mínima para los proveedores de bienes o servicios vinculados con actividades prohibidas baja de cinco a dos años de prisión.
A su vez, la exploración de recursos naturales no renovables queda alcanzada por una escala de 8 a 12 años, mientras que la pena de 12 a 15 años queda reservada para los casos en los que se trate específicamente de hidrocarburos.
Además, se reformuló el régimen de sanciones a las personas jurídicas y se incorporaron nuevas reglas para graduar las penas. Entre ellas, una agravante de un tercio cuando exista daño ambiental grave y la posibilidad de elevar la multa hasta el doble del beneficio obtenido.
El cambio apunta a hacer más acotado el impacto del régimen sobre empresas que pueden quedar alcanzadas indirectamente por la norma, una de las principales objeciones que aparecieron durante la negociación.
El proyecto original establecía una prohibición amplia para quienes realizaran actividades vinculadas con recursos naturales en Malvinas y para quienes prestaran determinados bienes o servicios a quienes las desarrollaran.
El nuevo texto incorpora, entre otras modificaciones, una exigencia de conocimiento real o razonablemente exigible del destino de esos bienes o servicios y excepciones para determinadas participaciones minoritarias de hasta el 2%.
Un proyecto reducido
Según el texto que circula por estas horas en el Congreso, los cambios no se limitaron al capítulo de Malvinas.
El nuevo borrador incorpora una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, integrada por cuatro diputados y cuatro senadores, que deberá recibir información del Consejo de Seguridad Nacional sobre sanciones, medidas urgentes y determinadas decisiones de inversión.
El Consejo también deberá informar en un plazo de 48 horas cuando autorice determinadas medidas que impidan la continuación de un vuelo o impliquen el hundimiento de un buque. En caso de que la medida involucre aeronaves o buques militares extranjeros y pueda generar riesgo de guerra o represalias, el texto remite expresamente a las atribuciones del Congreso previstas en la Constitución.
Es justamente ese nuevo esquema de seguridad el que genera resistencia entre los gobernadores que el oficialismo necesita para avanzar.
Los reparos de los gobernadores no están vinculados con el capítulo de Malvinas ni con el pedido estadounidense, sino con el Consejo de Seguridad y el régimen de penas y sanciones.
En ese sector describen al nuevo texto como un proyecto “muy moligerado”, con modificaciones que van más allá de cuestiones de redacción. La incorporación de la Bicameral es, justamente, uno de los cambios que surgieron durante la negociación.
La dificultad para conseguir las firmas vuelve a poner en evidencia la dependencia del oficialismo de los gobernadores dialoguistas para avanzar con iniciativas que considera estratégicas.
