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A través del Decreto 436/2025, el Gobierno nacional eliminó la responsabilidad del Estado de garantizar determinadas jornadas y contenidos en las escuelas de todo el país, una medida que modifica el esquema vigente desde hace años y devuelve mayor autonomía a las provincias.
La decisión implica que temas que antes debían impulsarse desde la Nación ahora quedarán bajo la órbita de cada jurisdicción. En la práctica, esto significa que la implementación de ciertas actividades educativas dependerá de las decisiones que tomen los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El cambio fue oficializado mediante su publicación en el Boletín Oficial y forma parte de una serie de medidas orientadas, según el Poder Ejecutivo, a reducir superposiciones administrativas y reforzar el carácter federal del sistema educativo.
Fin de una obligación nacional: qué eliminó el Decreto 436/2025
El decreto derogó el artículo 3 de la Ley 27.234, que establecía la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional de garantizar al menos una vez por ciclo lectivo la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los establecimientos educativos del país.
Hasta ahora, la normativa exigía que el Estado nacional impulsara esa actividad en escuelas públicas y privadas de nivel primario, secundario y terciario. Con la derogación, desaparece esa obligación específica de la Nación.
Desde el Gobierno sostienen que la educación es una competencia transferida a las provincias desde hace décadas y que la continuidad o implementación de estas jornadas corresponde a cada jurisdicción educativa.
Qué cambia para las escuelas y quién decidirá los contenidos
La modificación no elimina automáticamente las actividades vinculadas a prevención de la violencia de género o convivencia escolar. Lo que cambia es quién tiene la responsabilidad de promoverlas y organizarlas.
A partir de ahora, cada provincia podrá definir sus propios criterios, calendarios y modalidades para abordar estos temas dentro de sus sistemas educativos. Esto abre la puerta a escenarios distintos según la jurisdicción: algunas podrían mantener iniciativas similares, mientras que otras podrían reemplazarlas por programas propios.
De esta manera, contenidos que antes tenían una aplicación uniforme en todo el territorio nacional podrían presentar diferencias significativas entre provincias.
El argumento oficial: menos estructura nacional y más autonomía provincial
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo señala que la medida busca evitar duplicaciones de funciones y reducir responsabilidades que considera ajenas a la administración nacional. También sostiene que existen organismos y estructuras provinciales con capacidad para abordar estas cuestiones educativas.
Además de la modificación vinculada a la Ley 27.234, el decreto eliminó artículos de la Ley de Promoción de la Educación Vial relacionados con un observatorio que, según el Gobierno, nunca llegó a funcionar y cuyos objetivos se superponían con otros organismos ya existentes.
Con esta decisión, la administración nacional profundiza su estrategia de descentralización educativa y refuerza el criterio de que las provincias tengan un papel más determinante en la definición e implementación de contenidos dentro de las escuelas argentinas.
