E n plena crisis, la Ley 25.561 de emergencia económica estableció el plazo de seis meses para renegociar los contratos con las empresas de servicios públicos. Sin embargo, más de 40 meses después la situación parece no haber avanzado mucho. Hasta el momento sólo se firmaron actas de entendimiento con 14 concesionarias y aún falta solucionar la situación contractual de otras 33 privatizadas.

Los estudios que asesoran a empresas y accionistas involucrados se muestran pesimistas frente a la posibilidad de alcanzar los preciados acuerdos y se quejan de la poca disposición al diálogo por parte del Gobierno. “Hubo muy poca negociación con las empresas. En las audiencias no se discute el resultado de acuerdos previos, sino actas redactadas unilateralmente por el gobierno , asegura Francisco Gutiérrez, socio del estudio M & M Bomchil, resumiendo la postura de muchos letrados corporate.

Además, muchos abogados aseguran que la infinita prórroga de la ley no hace más que llevar el proceso de renegociación a foja cero y postergar el acuerdo tarifario, con consecuencias poco optimistas en rubros clave como gas y electricidad. “En una situación de crecimiento, la infraestructura sin inversiones en cierta medida tiende a colapsar , gráfica Morena del Río, abogada del estudio Allende & Brea.

Con una visión un poco más relajada, Juan Cambiaso, presidente de Marval, O’Farrel & Mayral, propone sacarle un poco de dramatismo a la situación. “Hay que sacarle la mecha a la bomba. Se habla como si ésta fuera la primera vez en la historia que se renegocian contratos , asegura. Y agrega que si bien los tiempos son importantes, las empresas están hoy en mejores condiciones para negociar que a fines de 2002, cuando supuestamente vencía el plazo para la renegociación de los contratos.

proceso con idas y vueltas Fue durante el gobierno de Eduardo Duhalde, y bajo la órbita del Ministerio de Economía, que comenzaron las negociaciones de los contratos. Más tarde, en un intento vano por dinamizar la situación, se creó la Unidad de Renegociación de Contratos (Uniren), organismo dependiente de los ministerios de Economía y de Planificación.

Y según indicaba la historia oficial, el proceso debía componerse de cuatro fases. La primera, denominada de lanzamiento, incluyó una convocatoria a las empresas para mantener conversaciones informales y la entrega de guías que contenían detalles del proceso. Como contrapartida, las privatizadas debían informar sobre la crisis que atravesaban y proponer opciones para superarla. Un total de 59 empresas participaron y completaron el procedimiento enviando la información solicitada. Hasta aquí, sin problemas, los estudios jurídicos sólo daban consejos a sus clientes en temas puntuales, ya que en general las compañías trabajaban con sus propios equipos de abogados.

En el transcurso de la segunda fase comenzaron los entredichos. El proceso allí comprendía el manejo de la información presentada por las empresas y su análisis. Luego comenzaría la negociación que guiara la búsqueda de acuerdos. “Allí es cuando crecen las solicitudes de dictámenes y se produce un acompañamiento más activo de nuestra parte , señala del Río, desde Allende & Brea. También allí se ubica el punto de inflexión donde los abogados, señalan que el Estado deja de negociar para pasar a imponer condiciones.

Así se llega a la tercera etapa, donde estaban previstas rondas de discusión mediante reuniones sucesivas, continuando el avance hacia los acuerdos. Con los proyectos de carta de entendimiento, que empezaron a llegar a los estudios a mediados del año pasado, aumentó el trabajo de asesoramiento. Pero los abogados aseveran que en ese mismo momento, lo que todavía parecía una discusión entre partes se transformó en un monólogo gubernamental. Y las reuniones se hicieron cada vez más esporádicas.

De esta manera, los acuerdos alcanzados en las audiencias públicas no llegaron al volumen previsto. De manera provisional, se llegó a entendimiento con 14 empresas privatizadas, entre las que se destacan Edelap, Autopistas del Sol, Ferroexpreso Pampeano y Transener.

Sin embargo, la cuarta fase que comprende la consolidación de los acuerdos, la elaboración de actas de cierre y su elevación al Ministerio de Economía, ha llegado en menos casos de los deseados.

El proceso de renegociación desembarcó en el 2005 con una gran asignatura pendiente: 33 empresas sin acuerdos, incluyendo sectores clave como gas y electricidad. Además existen dos grandes grupos de situaciones. Del Río los define así: “Aquellos en donde el acta acuerdo refleja un acuerdo de voluntades y aquellos donde el acta es una imposición unilateral, como si fuera un contrato de adhesión .

A partir de allí, en la audiencias públicas se plantean dos realidades totalmente distintas. Por un lado las audiencias donde se revisa un acuerdo y por el otro, en las que el Estado cita a las concesionarias o licenciatarias a pesar de no haber arribado a ningún arreglo. Casos testigo de esta última situación son los que se dan en las grandes empresas de energía eléctrica.

A mediados de noviembre, estas compañías distribuidoras de electricidad recibieron la propuesta de acuerdo, por parte del gobierno nacional. Y asesoradas por el estudio Cárdenas, Cassagne & Asociados, tanto Edesur como Edenor rechazaron finalmente la propuesta oficial en la audiencia que inició el nuevo cronograma previsto para abril y mayo. Eduardo Romero, abogado del buffet, resume el por qué: “No se contempla un horizonte claro de todas las variables del contrato . “La salida de la convertibilidad trajo por un lado el desfasaje de ingresos respecto de deuda y por el otro el atraso de tarifas aun medidas en pesos. La situación hoy es complicada para las empresas agrega Romero, dejando trascender el mayor reclamo de las compañías: el aumento de tarifas.

Pero más allá de la discusión tarifaria, los abogados se quejan de la poca disposición al diálogo por parte del gobierno. Y además aseguran que aun cuando puedan ser aprobadas las cartas de entendimiento, se va a dar lugar a una situación de transición hasta el año 2006 en general y, en algunos casos, hasta el 2007. En tal ocasión va a haber una revisión tarifaria generalizada y a partir de allí se normalizaría la situación de servicios públicos. “La verdadera renegociación comienza después de que se aprueben las cartas de entendimiento, porque allí se discutirá el acuerdo definitivo , señala Héctor Huici del estudio M & M Bomchil.

No sólo las empresas concesionarias consultan a los estudios jurídicos. Como la impaciencia no es sólo vernácula, los accionistas también piden informes y dictámenes. Y por tratarse de cuestiones jurídicas altamente complejas, se los solicitan a más de una firma de abogados. En este punto es donde más se ha evidenciado un crecimiento de la demanda de trabajo de los estudios, por parte de clientes que los vienen acompañando desde la época de las privatizaciones.

Claro que los letrados no siempre coinciden sobre la percepción que tienen los accionistas de la renegociación de los contratos. Algunos se muestran más alarmistas y dicen escuchar un toque de retirada, más o menos generalizado. Otros, en cambio, aseguran que las inversiones realizadas necesariamente son a largo plazo, por lo que sus expectativas están puestas en un rápido acuerdo con el gobierno. “El hecho de que se produzca la consulta por parte de un accionista es un buen síntoma. Cuando hay crisis profunda, a nadie se le ocurre consultar , resume del Río. Pero unos y otros señalan que la previsibilidad y estabilidad jurídica son inevitablemente necesarias para que las compañías realicen las tan necesarias inversiones.

Proyectos que encienden la alarma Las quejas hacia el Poder Ejecutivo no terminan en el reclamo de mayor negociación. Para los estudios que representan a las concesionarias el panorama se complica con la sombra de dos proyectos de ley impulsados por la administración central. Uno apunta al marco regulatorio de los servicios públicos y el otro al retiro de los reclamos ante el Ciadi, como condición para discutir tarifas.

A pesar de haber dejado la tapas de los diarios, el proyecto del nuevo marco regulatorio de servicios públicos derivó en varias consultas de concesionarias y accionistas. Por ello, los abogados que trabajan en la materia no se olvidan de él. “Inquieta saber que por más que se llegue a un acuerdo transitorio o definitivo, mañana el Congreso puede sancionar una ley que cambie presupuestos fundamentales, en base a los que se llegó a ese acuerdo , analiza Huici. Este proyecto, a entender de los abogados, tiene como aspectos más preocupantes la prohibición del ajuste automático de las tarifas y el establecer el vago concepto de rentabilidad razonable.

“La renegociación no puede verse aisladamente del conflicto internacional en tribunales arbitrales , sentencia Gutiérrez. Ese es precisamente el otro frente de batalla al que están abocados los estudios que renegocian los contratos. Por un lado el Poder Ejecutivo exige el desistimiento de los reclamos ante el Ciadi antes de la revisión tarifaria integral. Y por otra parte, Horacio Rosatti, ministro de Justicia, presentó un proyecto de ley sobre control constitucional por parte de tribunales nacionales de los laudos del Ciadi. “En la historia del Ciadi no existe Estado alguno que haya desconocido un laudo. Acudir a algún artilugio para desconocer lo que resuelva un tribunal internacional sería agregarle un cuota más de desconfianza al inversor extranjero dice Huici desde Bomchil.

Con este panorama, cuesta encontrar quien vislumbre un horizonte positivo. Los abogados de muchas de la empresas privatizadas ven casi estancadas las negociaciones. Aseguran que es indispensable un aumento de tarifas para que haya inversiones. Y que estás son indispensables para que no colapsen muchos de los servicios públicos. Son más pesimistas aún, cuando analizan la coyuntura política, sobre todo teniendo en cuenta que éste es un año electoral. Por ello dicen que luego de octubre tal vez cambie un poco la perspectiva.

La otra mirada la aporta Cambiaso. Alude al laudo del Ciadi y dice que por tratarse de una decisión ejecutable en casi cualquier lugar del planeta, aún habiendo una instancia superior en la Argentina, los intereses de sus clientes podrán salvaguardarse de todas maneras. “Sólo se trata de un arma de negociación del Estado en un proceso que nadie pudo imaginar sencillo , finaliza optimista.