La deuda soberana argentina en dólares muestra en este momento una distorsión de precios entre los bonos en ley local y los emitidos bajo legislación extranjera. Si bien esa brecha aparece menos asociada a un deterioro de los fundamentos y más vinculada a factores técnicos y de corto plazo, abre una oportunidad de valor relativo dentro de la curva que no es nada despreciable.
Actualmente, el spread por legislación se ubica en torno al 4,5% en el tramo corto y cerca del 3% en el tramo largo, cuando su promedio histórico ronda el 2,5 por ciento. En términos prácticos, los bonos ley local operan con un castigo que no encuentra una justificación clara en el escenario macro reciente.
Desde el Grupo Invertir en Bolsa (IEB) observan que, hacia adelante, el foco del mercado pasa por definiciones clave en el frente legislativo, en particular, las reformas laboral e impositiva.
“De avanzar, estas medidas aportarían una compresión adicional en los títulos soberanos, con potencial para llevar el riesgo país hacia la zona de 450–500 puntos básicos, en un contexto ya favorecido por la aprobación del Presupuesto 2026 y el nuevo esquema de acumulación de reservas”, dice un documento del broker.
Los top picks del mercado
En ese marco, analizó IEB, “ratificamos la recomendación de compra de deuda soberana argentina, con énfasis en el tramo largo de la curva. En particular, se destacan AL35 y GD41, que presentan mayor potencial de ganancia por su duración, con un upside estimado de entre 7% y 8 por ciento”.
Y advierte: “Dentro de la curva, los bonos bajo ley local aparecen como los principales beneficiarios del escenario de compresión. Actualmente mantienen spreads de entre 3% y 5%, por encima de su media histórica de 2,5%, una brecha que debería normalizarse si se concreta la baja del riesgo país esperada”.
Al respecto, Milo Farro, Research de Rava Bursátil, en diálogo con El Cronista, explicó que el diferencial de precio entre bonos de ley extranjera y bonos ley local (“spread”) se encuentra en el 4,5% para el tramo corto de la curva y en la zona de 3% en el tramo largo.
Asimismo, señaló que la brecha entre el dólar Contado con Liqui (CCL) y el dólar MEP se mantiene en la zona de 2,5% desde diciembre, impulsada por la demanda de CCL por las emisiones corporativas en el exterior.
“Consideramos que ese diferencial por legislación está más vinculado al nivel de brecha CCL - MEP que, a la búsqueda de seguridad jurídica, al tener en cuenta que el gobierno ostenta un compromiso con los vencimientos de deuda soberana. Por ese motivo, de corto plazo preferimos la legislación local para aquellos inversores que busquen posicionarse de cara a una normalización”, deslizó Farro.
El estratega agregó que la capacidad del gobierno de impulsar las reformas que pretende llevar adelante y la velocidad de acumulación de reservas por parte del BCRA (entre el 5/1 y el 12/1 compró u$s 273 millones) constituyen los dos factores clave para la compresión del riesgo país hacia la zona de los 450 puntos. En ese escenario, los bonos que muestran un mayor atractivo son los que vencen en 2035 y 2041, concluyó Farro.
Por su parte, Matías Waitzel, socio en AT Inversiones, señaló en diálogo con este medio que, en el actual contexto, en AT prefieren “bonos bajo ley argentina, en particular AE38 y AL35”.
Waitezel explicó que el racional es que los títulos ley local son los que mejor capturan una eventual compresión adicional del riesgo país, “ya que todavía operan con spreads más elevados respecto de su media histórica frente a los ley Nueva York”.
El estratega explicó que estos bonos mantienen un diferencial de entre 3% y 5%, cuando su promedio de largo plazo ronda el 2,5%, lo que deja margen para una normalización si se consolida el escenario macro. “En ese contexto, el tramo largo de la curva soberana es el que ofrece mayor upside por duration”, comentó.
Riesgo país a 450 puntos: qué debe suceder
Waitezel comentó que para que el riesgo país converja a la zona de 450 puntos, “el mercado necesita señales concretas en dos frentes clave”. Por un lado, considera esencial “una acumulación sostenida de reservas, que refuerce la solvencia externa y reduzca el riesgo de estrés financiero”.
Y, por otro, avances legislativos, en particular la aprobación de las reformas impositiva y laboral en el Congreso, que mejorarían las perspectivas de crecimiento, competitividad.
“La combinación de reservas, reformas estructurales y marco institucional más sólido es el catalizador central para una nueva compresión del riesgo soberano”, advirtió Waitezel.
Reservas, superávit y gobernabilidad: el manual del mercado
Por su parte, la economista y MBA en Finanzas, Piedad Ortiz, agregó que el oficialismo apuesta a una estrategia basada en austeridad fiscal, acumulación de reservas y reapertura del acceso a los mercados internacionales, con el objetivo de llevar el riesgo país hacia niveles cercanos a los 400 puntos básicos.
“A ese esquema se suma la búsqueda de financiamiento complementario, no solo a través de entidades financieras internacionales, sino también mediante organismos multilaterales”, comentó.
Sin embargo, advirtió que aunque se observan avances, el camino hacia una emisión exitosa de deuda externa aún no está allanado. “Para que el mercado convalide un retorno sostenido al financiamiento voluntario, deberán cumplirse una serie de condiciones clave”, dijo Ortiz.
- En primer lugar, será necesario mejorar la cobertura de reservas y corregir los desequilibrios del balance externo. El mercado exige una acumulación de dólares genuinos, provenientes de exportaciones e inversiones, que permitan alcanzar reservas netas positivas.
- En segundo término, resulta indispensable una baja adicional del riesgo país, anclada en una política fiscal creíble y sostenible. Esto implica demostrar una trayectoria consistente de entre dos y tres años consecutivos de superávit primario, más allá de los resultados puntuales.
- Otro requisito central es la definición de un esquema claro de normalización cambiaria. La sola percepción de un riesgo de reversión hacia controles cambiarios o restricciones al acceso al mercado de cambios sería penalizada por los inversores.
A ello se suma la necesidad de sostener un proceso de desinflación consistente, condición indispensable para estabilizar expectativas y reducir el costo de financiamiento.
Para Ortiz, desde el punto de vista financiero, también será clave una gestión activa del perfil de deuda, que asegure el cumplimiento de los compromisos más exigentes del año —en particular, los pagos de mayor magnitud previstos para julio— y evite concentraciones de vencimientos que tensionen la curva.
Por último, la gobernabilidad aparece como un factor determinante. “La aprobación de las principales iniciativas en el Congreso es una condición necesaria para consolidar la credibilidad del programa económico y reducir el riesgo político percibido por el mercado”, dijo la experta.
Ortiz señaló que la continuidad de las políticas fiscales y de reformas estructurales, junto con el cumplimiento del esquema de acumulación de divisas, no solo contribuiría a una baja adicional del riesgo país, “sino que también podría habilitar una revisión al alza de la calificación crediticia y eventualmente una reclasificación de la Argentina hacia la categoría de mercado de frontera, desde su actual estatus de standalone”.
“Ese cambio permitiría el ingreso de fondos internacionales con mayor capacidad de inversión, potenciar la profundidad y liquidez del mercado de deuda”, concluyó.
