El gobierno de Estados Unidos se ha negado a devolver aranceles que la Corte Suprema declaró ilegales, según personas familiarizadas con el asunto, mientras la administración de Donald Trump intenta conservar hasta u$s 150.000 millones en gravámenes en disputa. Funcionarios de aduanas están rechazando los intentos de las empresas de recuperar los derechos impuestos bajo poderes de emergencia invocados por el presidente estadounidense, lo que deja a las compañías en una situación de incertidumbre y empuja más casos a los tribunales. Las empresas no han sabido cómo reclamar el dinero pagado en aranceles desde que el máximo tribunal del país dictaminó el mes pasado que Trump no tenía autoridad para imponer sus aranceles emblemáticos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Las compañías presentan registros ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) detallando los productos que se importarán y los códigos arancelarios correspondientes, entre otros datos. Pagan una suma inicial estimada y luego la CBP finaliza el monto y “liquida” automáticamente el registro 314 días después, aunque puede cerrarlo manualmente antes. Como parte de un proceso llamado “Post Summary Correction”, las empresas pueden corregir presentaciones ante la CBP y modificar retroactivamente aquellas que aún no han sido cerradas oficialmente. Muchas compañías se apresuraron a presentar estas correcciones para eliminar los códigos arancelarios de la IEEPA de los registros de sus envíos y recibir reembolsos. Pero la CBP está rechazando esas presentaciones. También está suspendiendo las protestas que las empresas presentan para recuperar aranceles de la IEEPA que la CBP ya había liquidado, según personas familiarizadas con el tema. Estas medidas se producen mientras la administración Trump intenta conservar u$s 150.000 millones generados por los gravámenes de la IEEPA, retrasando los reembolsos que reducirían ingresos que el presidente había prometido usar para devoluciones de impuestos y para reducir la deuda nacional. Tras el fallo judicial, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que los reembolsos “podrían demorarse semanas, meses o años. Tengo la sensación de que el pueblo estadounidense no lo verá”. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, pareció sugerir el viernes que el gobierno de Estados Unidos podría no desempeñar un papel clave para resolver la cuestión de las compensaciones. Consultado sobre el informe del Financial Times, Hassett dijo a CNBC que “los actores privados encontrarán la forma en que deberían producirse los reembolsos” y aconsejó a los pequeños empresarios que “observen cómo los grandes actores litigan sobre esto”. Las decisiones de la CBP reducen las opciones para obtener reembolsos en un momento en que abogados especializados en comercio y empresas siguen atrapados en la incertidumbre mientras intentan determinar cómo se pueden asegurar las devoluciones vinculadas a la IEEPA. “Creemos que las empresas que pagaron los aranceles de la IEEPA tienen derecho a un reembolso”, dijo Ted Murphy, abogado especializado en comercio en Sidley Austin. “¿Cómo se hará efectivo ese reembolso? No lo sabemos. Y diría que nadie lo sabe con certeza. Lo cual es una locura”. Algunos abogados han aconsejado a sus clientes presentar demandas judiciales además de documentación ante la CBP para intentar recuperar sus aranceles a través del proceso administrativo. “Los importadores enfrentan una incertidumbre sobre los reembolsos arancelarios que en muchos aspectos no tiene precedentes”, añadió Brooks Allen, socio en el bufete Skadden. Ron Vachris, director ejecutivo de Costco, abordó el tema de los reembolsos durante una llamada de resultados el jueves. “Aún no está claro cuál será el proceso, qué reembolsos —si es que los hay— se recibirán ni cuándo ocurrirá”, dijo. Costco demandó al gobierno el año pasado por los reembolsos de aranceles de la IEEPA. En diciembre, el gobierno dijo a un tribunal federal que devolvería cualquier arancel de la IEEPA que fuera declarado ilegal, según documentos judiciales. Pero esta semana la CBP argumentó ante un tribunal que no finalizar los pagos de aranceles de la IEEPA sería una tarea de “escala y alcance sin precedentes” y que carecía de la “funcionalidad” para modificar ese proceso. Algunos abogados no están de acuerdo. “Aduanas sí tiene sistemas automatizados para procesar reembolsos”, dijo David Cohen, socio en Sandler, Travis and Rosenberg. “Sí, la magnitud es sin precedentes, pero el proceso de devolución de aranceles ocurre de manera rutinaria”. La CBP y la Casa Blanca no respondieron a solicitudes de comentarios. El Departamento de Justicia se negó a comentar. En una presentación judicial el viernes, la CBP dijo que está “haciendo todos los esfuerzos posibles” para tener un nuevo sistema en línea para reclamar reembolsos “listo para usar” en 45 días. La Corte Suprema no se pronunció sobre los reembolsos de la IEEPA y en cambio trasladó la compleja cuestión legal al Tribunal de Comercio Internacional, que ya ha recibido cientos de reclamaciones de devolución. Los rechazos de la CBP podrían saturar aún más a ese tribunal. “Las primeras señales indican que la CBP podría estar rechazando el alivio administrativo, lo que empujaría todo al Tribunal de Comercio Internacional”, dijo Allen. El tribunal dio el miércoles un primer paso para abordar las compensaciones. El juez Richard Eaton ordenó a la CBP dejar de incluir los aranceles de la IEEPA al finalizar los pagos de las empresas, creando una vía para que los importadores puedan obtener un reembolso. La implementación del fallo podría tardar, ya que se espera que el gobierno lo apele. Pero aun así representa un revés para la administración Trump. Si la orden se confirma definitivamente, la CBP estaría obligada a crear un mecanismo para devolver la gran mayoría de los aranceles de la IEEPA, según Allen. Una audiencia en el caso está prevista para el viernes. La orden de Eaton surge de un caso en el que un importador pidió a la CBP suspender la liquidación de sus propios registros que incluían aranceles de la IEEPA. El gobierno se opuso y señaló en documentos judiciales que, hasta el 10 de diciembre, más de 301.000 importadores habían presentado aproximadamente 34 millones de registros sujetos a estos aranceles, de los cuales unos 19,2 millones aún no habían sido liquidados.