Crisis en el gobierno de Pedro Castillo: ¿Perú se está convirtiendo en un país ingobernable?

Famoso por su caos político, el país ha realizado su segundo intento de someter a juicio político a su presidente Pedro Castillo -en el cargo desde hace apenas ocho meses -basándose en la acusación de "incapacidad moral permanente".

Cuando Félix Chero se arrodilló ante el presidente de Perú, Pedro Castillo, y juró su cargo como ministro de Justicia del país, se convirtió en el 46º ministro del gobierno de Castillo en sólo ocho meses.

Desde que asumió el cargo en julio pasado, el presidente ha pasado por cuatro gabinetes, cuatro primeros ministros, tres ministros de relaciones exteriores y dos ministros de economía. Chero es su tercer ministro de justicia. Ningún presidente peruano ha realizado tantos cambios en su gabinete en su primer año de mandato, y aún faltan cuatro meses para que se cumpla.

"La palabra 'caos' ya no parece lo suficientemente fuerte para describir la situación política del país", dice John Youle, presidente ejecutivo de ConsultAndes, un grupo local de asesoramiento sobre riesgos políticos. "Perú es políticamente disfuncional, y Castillo es incapaz o reacio a seleccionar un gabinete adecuado, y el Congreso está enfocado casi exclusivamente en obligarlo a dejar su cargo".  

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El carrusel de nombramientos, dimisiones y despidos se ha extendido más allá del gabinete. Asesores, altos jefes de policía, oficiales del ejército y magistrados se han visto envueltos en la agitación, lo que sugiere que el país se está volviendo ingobernable.

Algunos de los ministros de Castillo han durado sólo unos días. Héctor Valer, su tercer primer ministro, asumió su cargo un martes y renunció el sábado de esa misma semana cuando se supo que una vez golpeó tanto a su hija que ella lo denunció a la policía. El primer ministro de relaciones exteriores del presidente renunció a los 19 días tras afirmar que Sendero Luminoso, el grupo maoísta que aterrorizó a Perú en la década de 1980, era "en gran medida un producto de los servicios de la CIA". Un ministro de medio ambiente duró sólo una semana después de que el Defensor del Pueblo estatal señaló que no estaba cualificado para el cargo.

En promedio, Castillo ha cambiado un ministro cada nueve días.  

El tumulto ha sido recibido con consternación por los millones de votantes más pobres que apoyaron a Castillo el año pasado, inspirados por su mensaje de campaña: "No más pobres en un país rico". Los índices de aprobación del presidente izquierdista han bajado. Sus partidarios esperaban un cambio profundo en una nación en la que muchos han quedado al margen del crecimiento económico de las últimas décadas. En cambio, el país -el segundo mayor productor de cobre del mundo- parece estar atrapado en una batalla implacable entre el presidente y sus opositores.

Con tantos cambios, la política del gobierno ha sido errática. Cuando el primer ministro de Castillo prometió nacionalizar la industria del gas, el presidente negó que existiera tal plan, pero luego, semanas después, propuso lo mismo. Se vio obligado a retractarse y su ministro de Economía tuiteó que cuando el presidente dijo "nacionalizar" no quiso decir "nacionalizar".

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La segunda primera ministra de Castillo, Mirtha Vásquez, anunció abruptamente que el gobierno intentaría cerrar cuatro minas de oro y plata de propiedad privada "tan pronto como sea posible", lo cual provocó la inquietud de muchos en el sector que temían que esto pudiera presagiar un ataque más amplio a la industria. La minería es la savia de la economía peruana, ya que representa alrededor del 10% del producto bruto interno (PBI) y el 60% de los ingresos por exportaciones. Pocos días después del anuncio, el gobierno dio marcha atrás y permitió que las minas permanecieran abiertas.

El primer ministro de Salud de Castillo, Hernando Cevallos, duró más que la mayoría -seis meses- antes de ser destituido en febrero. "La rotación de personal fue tan rápida que a veces me encontraba trabajando con ministros que no conocía", dice. "Cuando finalmente me despidieron, al menos el presidente tuvo la decencia de llamarme y decírmelo. La mayoría de los demás ministros sólo recibieron un mensaje de WhatsApp".

"Incapacidad moral permanente"

Cevallos le achaca su despido a la política partidista y a la deuda que, según él, tiene el presidente con Perú Libre, el partido marxista que adoptó a Castillo, quien no tiene partido propio, como candidato el año pasado. Perú Libre es el mayor partido del Congreso. Ahora, dice Cevallos, es el momento de pagar las deudas.

"Pedro Castillo me dijo que no quería deshacerse de mí, pero también me dijo que Perú Libre quería poner a su propia persona en el Ministerio de Salud", dice Cevallos, quien no es miembro de Perú Libre. Quien lo sustituyó sí lo es.

Algunos peruanos tienen una explicación más sencilla: Castillo es incompetente o, en el mejor de los casos, el cargo le queda grande. Antes del año pasado, nunca había ocupado un cargo electo. Como maestro de escuela primaria rural, campesino y antiguo activista sindical, siempre ha parecido poco cualificado para el cargo, dicen los críticos.

Sin embargo, la actual agitación no comenzó con Castillo. Perú ha pasado por cinco presidentes en otros tantos años, y los sucesivos mandatarios se han visto envueltos en una disputa cada vez más intensa entre los poderes ejecutivo y legislativo. Casi todos los presidentes de Perú de los últimos 30 años se han visto envueltos en distintos escándalos de corrupción.

Otros sostienen que Castillo ha sido mal asesorado o alegan que forma parte de una camarilla corrupta que gobierna únicamente en beneficio propio. Cuando Carlos Jaico, uno de los principales asesores presidenciales, dimitió en febrero, dijo que Castillo estaba siendo manipulado por "un gabinete en la sombra" que estaba "socavando la estabilidad nacional". En enero, el fiscal general abrió una investigación preliminar sobre Castillo por acusaciones de colusión y tráfico de influencias. El presidente niega todas las acusaciones de corrupción.

Sus partidarios responden que la élite empresarial limeña, los políticos de derecha y la voraz prensa conservadora le han hecho la vida imposible, negándose a aceptar su victoria, bloqueando sus propuestas y analizando los nombramientos ministeriales como nunca lo hicieron con los gobiernos anteriores.

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"No lo dejan gobernar", dice Rubén Ramírez, el primero de los tres ministros de Medio Ambiente de Castillo. "Cuando llega un gobierno de izquierda, los grandes poderes económicos se sienten amenazados, y han utilizado a los políticos de los partidos tradicionales para intentar desacreditar al gobierno".

Los oponentes de Castillo han librado una guerra feroz para expulsarlo desde el primer día. Muchos miembros de Fuerza Popular, el segundo partido más grande en el Congreso, nunca han aceptado que haya vencido a su candidata, Keiko Fujimori, en las elecciones de 2021. Castillo ganó por el más estrecho de los márgenes, apenas 72.000 votos en una nación de 33 millones de habitantes. Fujimori denunció el resultado como fraude, pero las autoridades electorales peruanas rechazaron las reclamaciones como infundadas.

En diciembre, los partidos de la derecha intentaron someter a Castillo a juicio político basándose en una larga lista de presuntos delitos menores. Fracasaron, pero ahora lo están intentando de nuevo.

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"La gente no aguanta más a este gobierno, no sólo porque son incompetentes, sino porque son corruptos y porque están cooptando las instituciones estatales", dice Sara Palasz, que forma parte de un grupo de manifestantes que se ha reunido en el lujoso distrito limeño de Miraflores para pedir la destitución de Castillo. "Lo único que queda es que cierren el Congreso y entonces tendremos un gobierno totalitario, como Venezuela, Cuba y Nicaragua".

En su cruzada para desbancar a Castillo, sus opositores han encontrado un arma útil en la peculiar fraseología de la Constitución peruana, que le permite al Congreso destituir al presidente por "incapacidad moral permanente". Este término vago y extremadamente subjetivo se incluyó en la carta en 1839, pero nadie lo ha utilizado durante 150 años.

"Incluso durante el más desastroso de los gobiernos nadie soñó con destituir al presidente por incapacidad moral permanente", dice Juan Luis Orrego, historiador de la Universidad de Lima.

Ahora eso ha cambiado. La votación del lunes 28 de marzo fue la sexta vez en tan sólo cuatro años, contra tres presidentes diferentes, que los legisladores de Perú han intentado jugar la carta de la "incapacidad moral". En dos ocasiones lo han conseguido, haciendo caer a Pedro Pablo Kuczynski en 2018 - renunció en vísperas de una votación de juicio político - y a su sucesor Martín Vizcarra en 2020. Lo que antes era un oscuro artículo de una constitución del siglo XIX se ha convertido en el arma preferida de los parlamentarios descontentos que quieren derrocar a los presidentes.

"La excepción se ha convertido en la norma", dice David Lovatón, abogado constitucionalista de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima. "Tanto es así que cuando se inició este mandato presidencial el año pasado, el ejecutivo y el congreso tuvieron el dedo en el gatillo desde el principio".

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